Las cifras reflejan la gravedad del problema. Un 87% de peruanos afirma que , en medio de una escalada de violencia que parece no dar tregua. En contraparte, apenas el 13% no se siente vulnerable, según la última encuesta a escala nacional de Datum para El Comercio.

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En Lima y Callao, la sensación de inseguridad llega al 94%. En suma, para una amplia mayoría (75%), la delincuencia ha aumentado en el último año y, únicamente, el 5% cree que esta ha disminuido. A esto se suma que para un 86% el gobierno no tiene una estrategia que garantice la seguridad.

Y hay algo alarmante: El 50% de peruanos afirma que ellos o alguien de su familia han sido víctimas de la inseguridad en apenas los últimos tres meses. De hecho, los que dicen que no han sido víctimas siguen reduciéndose y, en la práctica, ya son menos.

La confianza hacia los operadores de justicia también está resquebraja. El 87% y 86% no confía en la labor de los jueces y fiscales, siendo ubicados como los principales culpables de los problemas de la inseguridad (31%), luego del Congreso (40%) y la Presidencia (44%).


Puntos de vista

Eduardo Pérez Rocha, exdirector de la Policía, mostró su preocupación por las cifras e indicó que demuestran que estamos en una situación inconcebible. A su juicio, son dos los aspectos fundamentales que se deben atender con urgencia.

“Primero, nos faltan 50 mil efectivos policiales para tener seguridad, tanto para patrullaje que se ha perdido y para investigación policial. Segundo, aspecto presupuestal, porque no hay medios para tener equipamiento, ni siquiera hay patrulleros”, cuestionó.

Ambos, incidió Pérez Rocha, son responsabilidad del Ejecutivo y remarcó que “si no se solucionan esos dos graves problemas, esto va a ser indetenible”. Además, apuntó que las largas investigaciones fiscales y las sentencias no efectivas han originado la desconfianza de la ciudadanía. “Existiendo penas bastante fuertes, sin embargo, no hay sanciones efectivas del Poder Judicial”, subrayó.

En tanto, a opinión de Carlos Basombrío, exministro del Interior, las cifras reflejan que la delincuencia está desbordando. “Le está ganando la batalla al país, por la incompetencia del gobierno, y por el déficit de claridad sobre lo que hay que hacer”, cuestionó.

El Ejecutivo —remarcó— no tiene una estrategia, lo que está siendo percibido adecuadamente por la ciudadanía y con un ministro del Interior que no está abocado a los problemas del país.

“No saben qué hacer, es lo más notorio. Y es un gobierno extremadamente cortoplacista que lo que está buscando es ganar el día hasta llegar al 2026, no tiene muchas aspiraciones. Y eso está pasándole factura al país”, apuntó.

Análisis…
El reflejo de la incapacidad

La sensación de inseguridad en el Perú se ha intensificado en los últimos meses. Los datos revelan que el 87% de los peruanos se siente inseguro en las calles de su ciudad. Aunque la diferencia respecto al mes anterior es baja, habría una tendencia hacia el aumento de la sensación de inseguridad. Este creciente sentimiento de vulnerabilidad es un reflejo directo de la incapacidad percibida de las autoridades para gestionar y controlar la delincuencia, un problema que parece extenderse a todas las regiones del país.

Uno de los factores que más contribuye a este clima de inseguridad es el notable incremento de la delincuencia en los barrios y distritos. El 75% de los encuestados afirmó que la delincuencia en su zona ha aumentado en el último año. 

Además de la sensación general de inseguridad, la encuesta revela que el 50% de peruanos declaró que ha sido víctima de algún delito en los últimos tres meses o que alguien cercano ha sufrido algún tipo de ataque. Esto incluye desde robos menores hasta actos más violentos, lo que resalta la gravedad del problema y la necesidad urgente de respuestas más contundentes.

Uno de los delitos que más preocupa a la población es la extorsión, un crimen que afecta tanto a empresarios como a ciudadanos comunes. El 37% de los encuestados informó que conoce a alguien de su entorno que ha sido víctima de extorsión, y un 8% afirmó que algún miembro de su familia ha sido directamente afectado por este delito.

En este contexto, es evidente que la falta de seguridad no solo afecta la tranquilidad de las personas, sino que también erosiona la confianza en las instituciones del Estado. La población no solo desconfía de las fuerzas del orden, como la Policía Nacional, sino también del sistema judicial, que muchas veces no logra sancionar de manera efectiva a los delincuentes. 

La gente no ve una estrategia del gobierno para garantizar la seguridad ciudadana. Este deterioro en la percepción pública es aún más marcado que durante el gobierno de Pedro Castillo, lo que refleja un creciente descontento con la gestión de Dina Boluarte.

El reflejo de la incapacidad