Arena de combate: pugna de poderes podría definirse en el TC

En julio, el Congreso de la República aprobó lo que sería su último as bajo la manga para hacerle frente al Ejecutivo: con 90 votos a favor, 25 en contra y cero abstenciones, el Pleno autorizó al presidente del Congreso –en ese entonces Daniel Salaverry- presentar ante el Tribunal Constitucional (TC) una acción de competencia que aclare el alcance y la forma de la cuestión de confianza que Martín Vizcarra había presentado sobre los seis proyectos de ley de reforma política.

Pero el pedido nunca fue remitido al TC. Tal como informó Gilbert Violeta a través de Twitter, esto quedaría sujeto a que el Ejecutivo “intente interpretar la cuestión de confianza y cerrar el Congreso”.

Hoy, sin embargo, la posibilidad de recurrir al TC vuelve a ventilarse. Ahora que se comenta la posibilidad de que Vizcarra presente cuestión de confianza sobre su proyecto de adelanto de elecciones, el Congreso podría elevar al TC una acción de competencia para que determine, de una vez por todas, quién puede hacer qué.

Al igual que en la oportunidad anterior, la discusión gira, principalmente, en torno a dos preguntas: ¿Puede o no el presidente de la República presentar una cuestión de confianza sobre una reforma constitucional? En caso la confianza sea otorgada, pero la reforma no sea aprobada, ¿puede el Gobierno dar por denegada la confianza?

La Constitución Política del Perú no tiene respuestas claras para estas interrogantes. Y, si bien existe una sentencia del TC de noviembre de 2018 (006-2018-PI/TC) que establece que la cuestión de confianza puede presentarse sobre cualquier materia, aún persisten las voces que consideran ese camino como una intromisión inconstitucional en la autonomía del Congreso.

En tanto el desacuerdo continúe, es posible que esta lucha de poderes se traslade, finalmente, al TC.

- Un Tribunal incierto -
Actualmente, de los siete miembros del TC, seis tienen el mandato vencido. El Congreso de la República debió nombrar a los nuevos miembros en junio, pero recién el último lunes se conformó la comisión especial encargada de seleccionar a los magistrados.

Según su ley orgánica, los vocales del TC permanecen en sus cargos hasta que se escoge a sus reemplazos. Por ello, si se plantease una acción de competencia antes de la renovación de sus miembros, serían los magistrados actuales quienes se encarguen de resolverla.

El veredicto del TC, por lo tanto, dependerá de quiénes integren el órgano en el momento en que el que la acción de competencia llegue a sus manos.

Escenario 1: Se interpone acción de competencia ante el Tribunal actual

Hoy en día, el Tribunal Constitucional está conformado por Ernesto Blume (presidente), Manuel Miranda (vicepresidente), Eloy Espinosa-Saldaña, José Luis Sardón, Marianella Ledesma, Carlos Ramos y Augusto Ferrero. De todos, únicamente Ferrero tiene mandato vigente.

Según la ley orgánica del TC, para resolver una acción de competencia se requieren 4 votos en un mismo sentido. Diversas fuentes consultadas por este Diario coinciden en afirmar que, en casos políticamente polarizados, los votos del TC actual son predecibles y suelen agruparse de la siguiente manera: Blume, Sardón y Ferrero  suelen votar en un sentido; mientras que Ledesma, Ramos, Espinosa-Saldaña y Miranda deciden de manera opuesta.

Un ejemplo es el fallo sobre el transfuguismo (0001-2018-PIITC), en el que Ledesma, Ramos, Espinosa-Saldaña y Miranda votaron por permitir que los parlamentarios que renuncian a sus agrupaciones políticas por diferencias de conciencia puedan conformar nuevas bancadas, integrar otros grupos o bancadas mixta. Por el contrario, Ferrero, Sardón y Blume votaron por que la demanda se declare infundada.

Otra ocasión en la que Ledesma, Ramos, Espinosa-Saldaña y Miranda votaron en bloque se dio en el 2016 cuando, a través de una resolución de aclaración, dichos magistrados decidieron cambiar el sentido del voto que había emitido el exvocal del TC, Juan Vergara Gotelli, sobre el caso El Frontón en el 2013. Ello, incluso, los llevó a ser acusados constitucionalmente.

¿Qué pasaría, entonces, si se plantea una acción de competencia ante el TC tal como está configurado actualmente? Si se sigue la tendencia de los votos de los vocales, Ledesma, Ramos, Espinosa-Saldaña y Miranda podrían votar a favor del Ejecutivo, mientras que Blume, Ferrero y Sardón decidirían en sentido contrario.

De hecho, en mayo, cuando se discutía la cuestión de confianza presentada por Vizcarra sobre los seis proyectos de reforma política, Ernesto Blume emitió un comunicado en el que sostuvo que el presidente “no está habilitado constitucionalmente para imponer a Congreso la aprobación del contenido o alcances de una ley de reforma constitucional”, en lo que algunos –incluida la magistrada Marianella Ledesma- interpretaron como un adelanto de opinión ante una posible acción de competencia interpuesta ante el TC. Ledsma, inclusive, deslizó que, en caso el caso llegase al órgano constitucional, Blume tendría que inhibirse de resolver.

Por su parte, si bien Espinosa-Saldaña no ha querido adelantar opinión sobre el caso específico, sí ha declarado que el TC consideró –a través de la sentencia del 2018- que no existen restricciones para plantear la cuestión de confianza.

“En noviembre del año pasado emitimos una sentencia en la que no hemos puesto límite alguno para materias que pueden ser contenidas en una cuestión de confianza. Es cierto que no se nos preguntó sobre una reforma constitucional, pero cierto es también que en ese contexto el Congreso dio la confianza para hacer varias reformas constitucionales”, señaló en agosto para TV Perú.

Por el contrario, Sardón manifestó en entrevista con El Comercio en agosto que la posibilidad de presentar cuestión de confianza sobre reformas constitucionales “es un asunto que está pendiente de ser analizado”.

Miranda: el fiel de la balanza
Pero aunque Manuel Miranda suela decidir en sintonía con Ledesma, Ramos, y Espinosa-Saldaña, el sentido de su voto puede ser, en algunos casos, poco predecible.

Según fuentes de este Diario, por ejemplo, en el TC ya se habría votado la demanda contra las corridas de toros y la decisión habría sido declararla infundada. Miranda habría votado en este sentido, junto al bloque de Blume.

Escenario 2: Se interpone acción de competencia ante el nuevo TC

El Congreso de la República tiene ya tres meses de retraso en la designación de los nuevos vocales del TC. De hecho, recién el pasado lunes se conformó la comisión especial encargada de seleccionar a los magistrados. Esta quedó configurada de la siguiente manera:

Presidente del Congreso, Presidente Supernumerario
1. Juan Carlos del Águila (Fuerza Popular)
2. Luis Galarreta Velarde (Fuerza Popular)
3. Marisol Espinoza Cruz (Alianza para el Progreso)
4. Alberto Quintanilla Chacón (Nuevo Perú)
5. Marco Arana Zegarra (Frente Amplio)
6. Víctor A. García Belaunde (Acción Popular)
7. Alberto Oliva Corrales (Peruanos por el Kambio)
8. Javier Velásquez Quesquén (Apra)
9. Clayton Galván Vento (Cambio 21)

En tanto, según la norma, el número máximo de miembros de esta comisión legislativa es 9 y –debido a su proporcionalidad mayoritaria- Fuerza Popular reclamó mantener dos asientos, tuvieron que quedar fuera dos grupos parlamentarios. Estos fueron Unidos por la República y la Bancada Liberal, ambos cercanos al gobierno.

En primera instancia, serán estos parlamentarios los encargados de escoger a los vocales que serán candidatos para conformar el TC. Luego, las propuestas de candidatos deberán ser sometidas al Pleno del Congreso, donde cada magistrado necesitará 87 votos favorables para ser designado.

Son diversos los nombres que se vocean como posibles candidatos al TC. Entre los considerados por las fuerzas opositoras del Parlamento estarían Joseph Campos, Carlos Hakansson, Delia Muñoz y Luis Castillo Córdova. Todos ellos han cuestionado la propuesta de adelanto de elecciones de Martín Vizcarra.

Por otro lado, el congresista acciopopulista Víctor García Belaunde mencionó para este diario como posible candidato a Manuel Sánchez Palacios, expresidente de la Corte Suprema y del Jurado Nacional de Elecciones.

Según fuentes del Congreso, los grupos políticos de oposición al Gobierno ya habrían contactado a los abogados Beatriz Merino y Domingo García Belaunde para plantearles la posibilidad de una candidatura, pero estos habrían rechazado el pedido.

Por otro lado, el aprista Wilder Medina –exabogado de Alan García- estaría postulando para uno de los puestos en el TC. Medina competiría por la cuota aprista con el también voceado Edgard Carpio Marcos, exviceministro de Justicia, quien trabajó cerca al congresista Javier Velásquez Quesquén, cuando este fue primer ministro.

Qué vocales son escogidos podría cambiar el balance de poderes actual en el TC y ello podría definir no solo quién gana en la pugna entre el Congreso y el Ejecutivo, sino, también, qué destino toma la prisión preventiva de Keiko Fujimori.

Pero la elección no será tan fácil. Las bancadas opositoras al Ejecutivo –Fuerza Popular, Apra, Contigo y Acción Republica- suman apenas 70 votos, 17 menos de los necesarios para la elección de cada magistrado.

Incluso si a estos se sumaran los 7 votos de Cambio 21 –que, aunque respaldó a Olaechea en la elección de la nueva Mesa Directiva, aún no se conoce cómo votará la propuesta de Vizcarra- estos serían insuficientes para designar nuevos magistrados.

Posiblemente, el Congreso necesitará una vez más algo que, por estos tiempos, escasea en palacio Legislativo: consenso político.