‘Los Niños’: informe final descarta inhabilitación y recomienda acusar a solo cuatro de los seis denunciados

La Subcomisión tiene previsto debatir y votar el informe este miércoles 29, a partir de las 4 de la tarde.

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Esta denuncia constitucional no proviene de la Fiscalía de la Nación, sino que fue presentada en septiembre del 2022 por Patricia Chirinos, congresista de Avanza País. Se basó en las declaraciones de la colaboradora eficaz Karelim López, quien denunció que “existe un grupo de congresistas de la República a quienes denominan “Los Niños” toda vez que obedecen el mandato del presidente de la Republica [Pedro Castillo] ante sus requerimientos”.

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Esa declaración daba cuenta de la presunta existencia de una organización criminal en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y que “los denunciados estarían involucrados en el caso del Puente Tarata III, así como millonarios contratos en dicho sector en donde se beneficiarían a través de la participación de la empresa INIP Ingeniería Integración de Proyectos S.A.C., además de tener vínculos con el Sr. Alejandro Aguilar Quispe (quien sería el verdadero dueño de la compañía)”.

La legisladora pidió que a Raúl Doroteo, Juan Carlos Mori, Jorge Luis Flores, Darwin Espinoza, Elvis Vergara e Ilich López se les levante el antejuicio (inmunidad) para que puedan ser procesados por cuatro delitos: organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y colusión. Los últimos tres son delitos de corrupción.

Adicionalmente, los acusó de infringir los artículos 38 y 39 de la Constitución. En esa línea, apuntó a que se les someta a un procedimiento de juicio político y a una eventual inhabilitación de 10 años para ejercer cargos públicos.

La elaboración del informe final del caso fue encargado a la congresista Norma Yarrow, también de Avanza País. Allí se resumen la imputación general contra ‘Los Niños’ y sus descargos. Todos ellos niegan las imputaciones y atribuyen sus reuniones en Palacio de Gobiernos, sus despachos y entidades del Estado como regulares o propias de su función como legisladores.

Tras analizar las imputaciones, la parlamentaria concluye que sí procede acusar constitucionalmente a Darwin Espinoza, Jorge Luis Flores, Raúl Doroteo y Elvis Vergara como presuntos autores del delito de organización criminal, atribuyéndoles ser parte de una presunta red “que estaría enquistada en el aparato estatal, específicamente en el Ministerio de la Producción”.

“Representarían el mando operativo, conocido como el ‘Brazo congresal’ de la organización criminal, quienes habrían sido captados […] a través de Auner Augusto Vásquez Cabrera, habiéndose comprometido los congresistas denunciados a votar en contra de mociones de vacancia, censuras e interpelaciones de ministros y emitir votos a favor de las cuestiones de confianza planteadas por el Poder Ejecutivo, respaldando así, la gestión de Pedro Castillo”.

Añaden que “como contraprestación del acuerdo ilícito habrían solicitado beneficios indebidos, como nombrar en puestos claves de la institución a personas ligadas a los congresistas denunciados”.

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Recomendaciones del informe Yarrow

Respecto al delito de tráfico de influencias agravado, se considera que lo habrían cometido “al haber ofrecido o simulado influencias para la designación del ministro de la Producción Jorge Luis Prado Palomino y luego, a través de él, se puedan direccionar en el Ministerio de la Producción y sus dependencias la contratación como personal de confianza a funcionarios ligados a los congresistas denunciados”. En total, la denuncia menciona a 13 allegados contratados en ese sector.

Pese a ello, el informe añade que “no es posible en este momento determinar la ocurrencia de las infracciones constitucionales de los artículos 38° y 39° de la Constitución Política del Perú, por parte de los congresistas de la República denunciados, pudiendo proceder a su determinación y sanción en caso [de] que en las investigaciones posteriores determinen los elementos ya señalados a nivel de sospecha relevadora”.

En cuanto a Ilich López, el informe sostiene que “no existen suficientes indicios incriminatorios reveladores” que señalar que “haya promovido, organizado, constituido o integrado una organización criminal, no habiéndose evidenciado hasta el momento que haya sido pasible de reparto de tareas o funciones para la comisión de ilícitos penales, sin perjuicio de que se presenten nuevos elementos de convicción objetivos y medios probatorios para una posterior investigación y sanción en sede parlamentaria o judicial, según corresponda”.

También se considera, respecto a la imputación por tráfico de influencias, que tampoco “existen suficientes indicios incriminatorios reveladores” que permitan atribuirle ese delito. La acusación contra Juan Carlos Mori por estos mismos delitos se desestima bajo los mismos argumentos de no haberse hallado “suficientes indicios incriminatorios reveladores”.

El Comercio contactó al despacho de Norma Yarrow para que comente las conclusiones de su informe. Sin embargo, indicaron que la congresista no podía dar declaraciones sobre el tema.

En diálogo con El Comercio, el abogado constitucionalista Heber Joel Campos remarcó que sí es legítimo que otro congresista u otra persona presente una denuncia constitucional para que funcionarios con antejuicio puedan ser procesados a nivel de la fiscalía y el Poder Judicial. Pese a ello, consideró que cuando estas denuncias provienen del Ministerio Público es posible pensar que estas tienen “más solidez” y que “podría tener elementos de fiabilidad mayores”.

Por otro lado, criticó que no se haya recomendado el juicio político por infracción a la constitución. “Era perfectamente factible que la denuncia constitucional prosiga su trámite por el antejuicio y el juicio político. La conducta que se les imputa a estos congresistas es pasible de ser investigada como presunto delito, pero también de ser valorada como infracción constitucional. Y si es así, podría dar pase a eventualmente la imposición de una sanción política […] Ha sido un criterio político, no entiendo la razonabilidad de esa decisión”.

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Si bien la fiscalía de la Nación podría eventualmente presentar su propia denuncia constitucional contra los legisladores por este caso con nuevos hechos, el constitucionalista indicó que si se concreta el archivo de la denuncia de Patricia Chirinos contra Ilich López y Juan Carlos Mori – quienes siguen siendo investigados a nivel preliminar por el Ministerio Público- esto podría ser usado por ellos como un argumento de defensa.

No obstante, indicó que sería posible que dentro del eventual trámite del levantamiento por antejuicio a los cuatros legisladores es posible que solicite sus suspensiones, como sucedió, por ejemplo, con Betssy Chávez en el caso del golpe de estado: “Siempre que se discute el antejuicio, después de su aprobación, se vota la suspensión de los congresistas implicados en este durante el tiempo q dure el proceso”.

El penalista Jefferson Moreno coincidió en que lo más probable es que los abogados de los congresistas para los que se archive la denuncia eventualmente usen esto como un argumento de defensa en sus procesos judiciales para alegar una “persecución política”: “Además, el mensaje que daría el Congreso es que no hay elementos en contra de ellos y ellos podrían decir que no hay elementos, no hay información, y levantar esa posición como su bandera a todo fuero al que vaya”.

Moreno explicó que, si se les llega a levantar el antejuicio a los otros cuatro congresistas, la Fiscalía de la Nación estaría obligada a formalizar una investigación contra ellos solo en los términos que apruebe el Congreso. No obstante, detalló que es posible que el Ministerio Público luego presente su propia acusación constitucional, siempre con evidencia nueva, para ampliar el número de investigados o los delitos por los que podría investigárseles.

Por otro lado, consideró que la fiscalía podría ir avanzando con una primera denuncia constitucional contra esto primer grupo de ‘Niños’ y avanzar con sus procesos penales y luego podría presentar otra referida a los 18 legisladores que fueron incluidos posteriormente en el caso y cuyos inmuebles se allanaron el viernes de la semana pasada. “Te da espacio a que de ese primer grupo pueda salir nueva información, como colaboradores eficaces, que te ayuden para el grupo que viene”, opinó.

Entre los 18 congresistas que fueron incluidos luego en el caso ‘Los Niños’ que investiga la fiscalía hay tres legisladores de Acción Popular que actualmente integran la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y que, como tales, decidirán sobre los primeros seis denunciados: José Arriola, Luis Aragón y Wilson Soto. También está Segundo Quiroz, del Bloque Magisterial, otro de los nuevos parlamentarios investigados por el Ministerio Público.

Al respecto, la acciopopulista María del Carmen Alva dijo que “lo que corresponde es que ellos se abstengan en este momento. Ellos deberían abstenerse”. Por otro lado, la expresidenta del Congreso dijo desconocer los detalles del informe final del caso y evitó responder sobre si debería ser aprobado o no.

Por su parte, la congresista Ruth Luque (Cambio Democrático-JPP) opinó que lo más adecuado es que sea la propia Fiscalía de la Nación presente una denuncia constitucional “con todos los elementos y con todos los hechos objetivo que vinculan la participación de un delito”: “Esa es la vía adecuada para que se levante [el antejuicio], se habilite la denuncia y corresponda, si es el caso, la suspensión, como creo que tiene que ser en un delito de gravedad”.

Adicionalmente, el pleno del Congreso tiene previsto ver este jueves las recomendaciones de la Comisión de Ética para suspender por 120 días a dos de los congresistas investigados por este caso: Elvis Vergara y Jorge Flores. Dichos informes fueron aprobados por ese grupo en octubre del año pasado y recién llegarán al pleno luego de más de cinco meses.