Donayre, Mamani y Saavedra: dilaciones que generan polémica

Esta semana, en el Congreso se han tomado decisiones que involucran a tres congresistas que recientemente han estado en el ojo de la tormenta, y no necesariamente por sus acciones o su labor en el Parlamento: Edwin Donayre, de APP, y Moisés Mamani y Esther Saavedra, de Fuerza Popular.

El tratamiento de los casos en general ha recibido cuestionamientos, tomando en cuenta además que la siguiente semana es de representación, que la legislatura acaba el 15 de diciembre y que la próxima recién se inicia en marzo.

—Mamani en espera—
El caso de Mamani, para quien la Comisión de Ética pide la suspensión por 120 días por presuntos tocamientos indebidos, no se vería hoy porque la Mesa Directiva no lo incluyó en la agenda del pleno, pese a que recibió el informe final a las 11:38 a.m. La presidenta del grupo, Janet Sánchez, recolectó ayer firmas para ampliar la agenda e incluir el tema: firmaron voceros de todas las bancadas, salvo la de Fuerza Popular.

“En principio, no voy a firmar [el acuerdo]”, dijo ayer Carlos Tubino, portavoz de dicha bancada, a El Comercio. “La agenda que tenemos para hoy y mañana es bastante voluminosa, hay proyectos de ley bastante importantes”, acotó. Afirmó que “nadie está blindando a nadie”, pero que “por correr” no se puede afectar el derecho a la defensa.

Si bien ayer no se llegó al número requerido de firmas para pedir ampliar la agenda del pleno (56), Sánchez dijo que todo estará en manos de Fuerza Popular. Contó a este Diario que le pidió ayer al presidente del Congreso, Daniel Salaverry, que el pleno vea hoy el caso. “Pero me dijo que no se cumplían los procedimientos, que tenía que notificar a Mamani con tres días de anticipación”, indicó.

Mamani amenazó ayer vía Twitter con denunciar a los firmantes del acuerdo. “No he llegado al Congreso para blindar ni proteger a sinvergüenzas”, respondió Sánchez.

Otro caso es el de Donayre. La Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria acordó el lunes consultar a la Comisión de Constitución la insistencia del Poder Judicial para que se haga efectiva la sentencia de cárcel en su contra. Este segundo grupo sesionó ayer, pero la agenda no incluyó el tema, el cual podría resolverse recién en la próxima legislatura.

En tanto, la Comisión de Ética, con votos de Fuerza Popular y APP, decidió no iniciar una indagación a Esther Saavedra, pese a que en un video difundido en octubre se ve cómo agredió físicamente a un periodista en una sede del Poder Judicial en Tarapoto, San Martín.

—Posiciones—
Para el portavoz de Peruanos por el Kambio, Jorge Meléndez, los tres casos demuestran que Fuerza Popular tiene un tratamiento distinto cuando se trata de miembros de su bancada.

Consideró además que el fujimorismo tiene “un aliado que es el Apra, con ellos suman una mayoría que les permite manejar los votos de acuerdo a su conveniencia”. Tras señalar que los tres casos suman a la “pésima imagen” del Legislativo, dijo respecto al tema de Mamani, a quien se le imputa un delito común y no de función, por lo que más que ir por las denuncias constitucionales se debería levantar su inmunidad. Este proceso está pendiente en el Poder Judicial.

Tubino sostuvo que las votaciones de sus colegas de bancada se sujetan a derecho. “Defiendo el proceder de los congresistas. Estamos tratando de hacer las cosas lo más decentemente posible y correctas. Sin embargo, acá se quiere violentar derechos de las personas, pasar por encima de ellas, crucificarlas”, cuestionó.

El ex oficial mayor del Congreso José Élice consideró que la “acumulación de postergaciones genera o abunda para continuar deteriorando la imagen del Congreso frente a la ciudadanía”.

Sobre los temas pendientes en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, como el del fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, o el de Mamani, dijo que, si bien es razonable que las denuncias se resuelvan por orden de llegada, sí se puede dar un pronunciamiento más rápido en caso medien otras prioridades.

“Es importante que el Congreso, para recuperar la imagen pública, sea sumamente cuidadoso en la consideración y sanción de conductas en que incurran los parlamentarios”, opinó Allan Wagner, presidente de Transparencia.