Fernando Castañeda: “Aquí sí hay un verdadero desequilibrio que viola directamente la Constitución”

El ministro de Justicia, Fernando Castañeda, cuestionó el texto sustitutorio presentado en el Congreso de la República que elimina la inmunidad parlamentaria, pero que también dispone eliminar el antejuicio de los ministros y establece que el presidente de la República puede ser acusado por delitos contra la administración pública cometidos antes o durante su mandato.

En entrevista con El Comercio, Castañeda cuestionó que lo analizado no fue el texto aprobado el último sábado; sino que se introdujeron modificaciones constitucionales que no fueron discutidos técnicamente y que “violan directamente la Constitución”.

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Al mediodía del domingo, el presidente de la República, Martín Vizcarra, anunció que sometería a referéndum la eliminación de la inmunidad parlamentaria y que presentará un proyecto de ley para que los sentenciados en primera instancia no puedan postular.

Durante la tarde del domingo, el pleno del Congreso inició una sesión para evaluar la reconsideración sobre la eliminación de la inmunidad parlamentaria y la reforma electoral para que los sentenciados en primera instancia no puedan postular.

La entrevista se realizó minutos antes de que el pleno del Parlamento aprobara, con 110 votos a favor y 13 en contra, el texto que reforma, en primera votación, cinco artículos de la Constitución. Entre las modificaciones, se eliminaría la protección constitucional a los altos funcionarios y el mandatario podría ser pasible de acusación.

–El presidente Martín Vizcarra anunció que se realizará un referéndum, ¿bajo qué términos se haría esta consulta, teniendo en cuenta que lo que se tendría que llevar es el texto que se apruebe en el Congreso?

El procedimiento no va a preguntar cualquier cosa al pueblo. Va a preguntar si está o no de acuerdo con la autógrafa que el Congreso envíe. No sabemos si es el texto que se presentó inicialmente que se somete a reconsideración o el actual texto, que están tratando de introducir. Este último texto sí llama la atención porque en el caso del Congreso sí se amplían todos los supuestos de inviolabilidad y se mantiene en un fuero especial. Pero, en el caso de los altos funcionarios, se modifica en dos horas, todo régimen constitucional de los altos funcionarios; la Junta Nacional de Justicia, Defensor del Pueblo, los magistrados del Tribunal Constitucional; con lo cual, obviamente, no estamos de acuerdo, porque los altos funcionarios tienen un conjunto de atribuciones y un estatus que requiere este tipo de prerrogativas. Además, hay un tema medular que tiene que ver con lo establecido por el Tribunal Constitucional, que todo tipo de reformas de esta naturaleza requiere de un debate profundo. No se puede decir que hay un debate profundo en dos horas, donde solo ha habido exposiciones; ni siquiera debate, sin técnicos ni estudios, se está decidiendo sobre el régimen constitucional de los altos funcionarios.

–¿Esto podría ser una respuesta al llamado de atención que hizo el presidente la mañana de este domingo?

Lo que ha hecho el señor presidente es un recordatorio, porque algunas de las bancadas han recordado y han invocado que el señor presidente pueda pronunciarse y pueda utilizar el mecanismo constitucional que tiene a su disposición. Además, los propios congresistas son los que han ofrecido, para llegar al puesto donde se encuentran, la eliminación de la inmunidad parlamentaria. Lo que se quiere acá es que se reconsidere el texto que fue presentado y que fue debatido, y que no se estén introduciendo discusiones ajenas, como una reacción a una exhortación que democráticamente se hizo a la representación nacional.

–En lo que se ha enfatizado es que se puede acusar al presidente por delitos que afecten al Estado, cometidos durante su mandato o con anterioridad. Es decir, que podría incluirse al presidente Vizcarra más adelante….

Hay que rechazar todo eso porque, digamos, el derecho tiene sus reglas, sus principios y sus procedimientos. Y, en este caso, con un debate de dos horas no puede introducirse una reforma como lo dijo el congresista (Francisco) Sagasti, donde no hay ni debate, ni sustento, ni nada que justifique el proceder. Además, si se revisa el texto que se aprueba en el Pleno, ya no este último (donde se incluye a los altos funcionarios), establecía que los delitos comunes los veía la Corte Suprema y aumentaba los supuestos de inviolabilidad de los congresistas. Es decir que las acciones que realicen en el ejercicio de sus funciones (legislativa, de representación, de fiscalización y de control político) son supuestos de irresponsabilidad. ¡Qué significa esto!

–Entonces ¿qué texto se someterá a referéndum? Porque ya sea el anterior texto o el nuevo texto donde se incluye a los altos funcionarios, no se modifica ese aspecto de la irresponsabilidad de las funciones congresales.

Por eso, no solamente este aspecto donde se infla la inviolabilidad de los congresistas y se mantiene el fuero especial; y por otro lado, se elimina todo el régimen de protección de los altos funcionarios. Entonces, aquí sí hay un verdadero desequilibrio que viola directamente la Constitución.

–Entonces, ¿no se ha procedido correctamente en el Congreso con este cambio?

Lo primero es que hay un cuestionamiento en torno al reglamento del Congreso, porque el sentido de las reconsideraciones tienen que ser textos que se han discutido y aprobado, pero en este caso se plantea, vía reconsideración, un texto que no ha sido objeto de nada. Entonces, aquí hay un elemento que hay que tener en cuenta.

–¿Sobre eso, si se aprueba, cabe alguna acción que podría plantear el Ejecutivo? ¿Han evaluado eso?

Esto sería objeto de evaluación, no te podría anticipar por el momento. Pero lo que sí te podría decir es que, el texto que se apruebe, con los elementos que te menciono, si tiene más de 87 (votos), va a una segunda legislatura en donde se requiere una segunda votación también de 87. Si obtiene menos de 87, la autógrafa va al señor presidente de la República con los elementos que te menciono. El camino todavía es largo, no es un tema cerrado. No se trata de que, ante un pedido que ellos mismos han comprometido de eliminar la inmunidad parlamentaria, se reaccione de esta manera de forma injustificada, planteando algo que nadie discutió.

–Algunos especialistas indican que el proyecto se archiva si en la siguiente legislatura no llegan a los 87 votos que se necesitan...

Si no llegan a los 87 la autógrafa va al Ejecutivo y allí haremos la evaluación correspondiente.

–También han advertido que en realidad no se ha eliminado la inmunidad…

Acá no se está eliminando la inmunidad (parlamentaria) en términos estrictos porque el Congreso está ampliando los supuestos de inviolabilidad y está manteniendo su fuero especial ante la Corte Suprema, entones acá hay un poder del Congreso en desmedro de los altos funcionarios.

–¿Qué esperan del referéndum?

La pregunta estará en función de la autógrafa que se envíe.

–Pero ya sea con el anterior texto o con el nuevo texto que incluye a los altos funcionarios, no se ha modificado el aspecto de la irresponsabilidad de las funciones de los congresistas.

Los congresistas podrían incluir más cosas. No hay un texto definitivo, se está discutiendo.

–¿Entonces, por qué el Presidente no se esperó a ello, a la reconsideración?

No, porque ese camino es simplemente el recordatorio a lo que podría venir en adelante. Obviamente, el presidente no puede actuar al margen del procedimiento preestablecido, y el procedimiento implica que el Congreso le envíe la autógrafa.

–¿No fue un a anuncio populista? Porque la Constitución prevé que el referéndum es el procedimiento que sigue si no se alcanzan los 87 votos en la primera legislatura, como sucedió inicialmente. El referéndum no es algo que el presidente haya sacado debajo de la manga.

Es parte de poner de forma transparente ante la población los escenarios futuros que se puedan venir y que finalmente, en el referéndum pasado, fue el pueblo quién decidió una serie de aspectos. Es una forma de hacer notar a la ciudadanía la importancia del tema.

–¿El Congreso no ha sido transparente al aprobar una reforma de ley en la que se introduce un blindaje sobre hechos cometidos en función congresal?

Lo que tiene que hacer el Congreso es transparentar. En primera lugar, explicar en su dictamen qué significa ese agregado y explicar al pueblo por qué quiere eliminarle las prerrogativas a Junta Nacional de Justicia, al Defensor del pueblo y lo magistrados del Tribunal (Constitucional), que son la columna vertebral de la lucha anticorrupción en nuestro país. Esto es algo muy grave y que no se puede tomar una decisión de esa naturaleza en dos horas.

–¿Podría aplicarse el adagio ‘fueron por lana y salieron trasquilados’ en el Ejecutivo? Lo digo por la introducción del texto que dispone que se puede acusar al presidente y otros altos funcionarios...

No, porque nosotros cumplimos con nuestra función. Lo hemos dicho siempre: nosotros vamos a decir lo que tengamos que decir en el momento oportuno. Si eso, lamentablemente, disgusta, bueno, es un deber constitucional de colaboración entre poderes el poder expresar lo conveniente. Además, ha sido con la más buena voluntad ¿no? De lo que se trata es avanzar en la lucha anticorrupción que no puede ser exclusivo del poder Ejecutivo, son todos lo poderes que tiene que estar concernidos y esa es la invocación. Por eso es que se exhorta a la madurez política y a responsabilidad en la generación de cambios, seguimos apuntando en eso.

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