Expertos advierten riesgos en investigación a Perú Libre y Vladimir Cerrón por designación de su exabogado como ministro

Tras la juramentación como ministro del Interior del abogado Luis Barranzuela Vite, especialistas advirtieron los riesgos de su permanencia en el cargo. El hoy ministro se desempeñó hasta ayer como abogado de Vladimir Cerrón, Guido Bellido y Perú Libre en la investigación por presunto lavado de activos por presunto financiamiento ilícito a las campañas del partido.

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En un oficio recibido ayer por el despacho del fiscal Richard Rojas, a cargo de la investigación, Barranzuela informó que ha renunciado a ejercer la defensa de los dirigentes de Perú Libre y del partido, después de haber sido designado como ministro de Estado.

Aunque los documentos enviados a la fiscalía tenían fecha del miércoles, fueron recibidos por el Ministerio Público el jueves, cuando ya había asumido funciones como ministro. Es decir, al momento de jurar al cargo, aún figuraba como abogado defensor en el caso.

El Comercio informó que desde el 5 de enero de este año, el ahora ministro es socio fundador del estudio Noblecilla Olaechea, Barranzuela & León, que ha patrocinado además de Cerrón, Bellido y el partido de gobierno, al congresista Guillermo Bermejo.

Por ejemplo, el mes pasado Barranzuela fue presentado como defensor de Perú Libre cuando la fiscalía de lavado de activos ejecutó una orden de allanamiento contra sus diferentes locales en Lima y Junín. En aquel momento, cuestionó que se haya realizado la diligencia y dijo que no había justificación para que se efectuara.

Aquí el oficio presentado por Barranzuela en el que informa al Ministerio Público que ya no será abogado de Vladimir Cerrón. El documento está fechado el 6 de octubre, día de su juramentación como ministro, pero tiene el sello de recibido el 7 de octubre cuando ya estaba en el cargo.

Vladimir Cerrón, Guido Bellido y Perú Libre son investigados por presunto lavado de activos. La investigación a cargo del fiscal Richard Rojas se encuentra en etapa preliminar y apuntaría a la existencia de una presunta organización criminal. Se trata de una indagación distinta a la del caso Los Dinámicos del Centro.

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Riesgos y peligros

El exprocurador Antonio Maldonado explicó a este Diario que el nombramiento de Barranzuela como ministro del Interior representa un riesgo alto para la investigación.

“La policía es un auxiliar del Ministerio Público desde el comienzo, desde la primera acción de intervención del Ministerio Público, este señor es abogado de ese estudio, lo que va a pasar es lo que siempre pasa, la policía se pone al servicio del poder político”, dijo.

“Lo que va a pasar con la investigación es que necesariamente la policía no va a tener una actuación técnica, esto no va a ser más que un intento de torcer la actuación de la policía a favor de un grupo de personas que son investigadas, es muy grave”, agregó.

Maldonado explicó que el ministro del Interior no debería tener conocimiento de próximas diligencias que la fiscalía ejecute con ayuda de la policía.

“Cuando un fiscal requiere el apoyo de la policía esta coordinación se hace con la mayor reserva, ese es el protocolo, pero lo que va a pasar en la realidad es que por supuesto que el ministro del Interior va a saber que es lo que está pasando y va a buscar esa información deliberadamente, va a ordenar que se le entregue esa información”, sostuvo.

Agregó que tomó con sorpresa la decisión de la Presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, de permitir la designación de Barranzuela.

“No debió haber aceptado el cargo si le imponían un ministro de estas características, desde ya me sorprende que la señora no haya ejercido las facultades de la presidenta del consejo de ministros, diciéndole al presidente que este ministro no va”, dijo.

En tanto, el también exprocurador Yván Montoya advirtió que existe un conflicto de interés con la designación de Barranzuela y señaló que se debió tener en cuenta su condición de abogado defensor de Perú Libre al momento de nombrarlo como ministro.

“Esto que tiene que ver con criminalidad organizada y por lo tanto tiene que ver con unidades de la policía especializada, investigaciones donde se requiere mucha reserva, estrategia, hay que tener mucho celo, debieron tenerlo en cuenta al momento de su designación, no sé si el presidente lo sabía o no lo sabía, probablemente sí, no se dio cuenta de que esto era un enorme conflicto de intereses”, afirmó.

Montoya consideró que, ahora que ha quedado en evidencia el caso, la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, debería tomar una decisión respecto a Barrazuela.

“Lo óptimo sería que habiendo importantes cambios positivos, se cierre con algún tipo de cambio inmediato. El conflicto de interés se produjo al momento de su designación, el que ahora le hayan aceptado su declinación como abogado, no enerva la situación de ventaja que tiene”, agregó.

El especialista indicó que los operativos relevantes solicitados por el Ministerio Público y ejecutados por la policía están a cargo de un oficial de rango y que esa información “no debería salir, ni siquiera ser informado el comandante”.

“El profesionalismo de la policía hará que ningún superior, ni menos el ministro, se enteren de operativos y que si hubiese una impertinente solicitud de intervención, esta sea negada en todos los idiomas, y apenas haya un requerimiento directo e indirecto, estará más evidente su conflicto y sus intenciones no imparciales, sino intereses particulares”, señaló.

Iván Meini, exprocurador, apuntó que el ministro del Interior además tendrá que dejar el estudio de abogados donde laboraba o pedir licencia “porque el resto de sus colegas son abogados (del caso)”, dijo.

Añadió que “simplemente tienen que aplicarse todos los protocolos que existen en los ministerios , las investigaciones fiscales pertenecen al Ministerio Público, las carpetas pertenecen a las fiscalías, lo que habría que evitar es una posible injerencia indebida que tal vez aprovechándose del cargo podría querer acceder a información que no le corresponde”.

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