Justicia popular, la columna de José Carlos Requena

Una sorprendente pregunta de la reciente encuesta de Ipsos-El Comercio trae una poco sorpresiva respuesta: el juez de garantía Richard Concepción y el fiscal superior José Domingo Pérez gozan de gran popularidad en la ciudadanía (67% y 59%, respectivamente). El IEP confirma la buena percepción de Pérez: dos de cada tres encuestados (67%) aprueban su gestión (“La República”, 25/11/18).

Se entiende que su desempeño pueda y deba ser de interés público, por lo que el interés de las encuestadoras resulta legítimo. Pero bien podría estarse entrando en un terreno en el que la justicia, cerca del renombre mediático, se aleje de la ceguera a la que debiera aspirar.

Algunos se han apresurado a reseñar la creciente confianza que despierta el sistema judicial en la población. De hecho, el IEP reseña un crecimiento importante entre setiembre (7%) y noviembre (23%).

Mario Vargas Llosa es uno de los entusiastas. “Después de haber pasado ocho días en el Perú, vuelvo animado y optimista, con la sensación de que, por primera vez en nuestra historia republicana, hay una campaña eficaz y valiente de jueces y fiscales para sancionar de veras a los mandatarios y funcionarios deshonestos, que aprovecharon sus cargos para delinquir y enriquecerse”, dijo el escritor en su reciente entrega a “El País” (24/11/18).

Sin embargo, esta primavera anticorrupción podría convertirse pronto en el otoño de la independencia judicial, si la percepción actual se mantiene. El último reporte del Foro Económico Mundial ubica al Perú en el puesto 115 de 140 economías evaluadas en lo referido a independencia judicial.

También es necesario no perder de vista los demás temas que han quedado pendientes en la reforma judicial, sobre los que no hay algún atisbo de mejora. Esta situación es un caldo de cultivo para la gran desconfianza que presentan tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial, en evaluaciones periódicas lejos de los hipos mediáticos: 70,9% considera no confiable a la fiscalía, mientras 79,3% opina lo mismo del Poder Judicial (INEI).

Eso sin contar los casos que la prensa reporta, día a día, en los que la administración de justicia exhibe un formalismo que disfraza miserias y componendas lejos del derecho. Entre los que han captado atención mediática, el más reciente es el archivamiento de la denuncia por violación sexual, que involucraba a una estudiante extranjera y a un escolar proveniente de un colegio limeño de familias de altos ingresos.

Además –y aunque es un exceso grosero denunciar “un clima de persecución política” como lo hace Alan García al solicitar asilo ante Uruguay– es evidente que los jueces vienen jugando un rol político en los últimos meses. En ello incide no solo el voluntarismo de miembros del aparato de justicia, sino –sobre todo– la aparente predilección de actores políticos por recurrir a maniobras lejos de los parámetros legales.

Este celebrado clima de justicia popular bien podría anidar arbitrariedades que, como sociedad, podrían ser lamentadas en el futuro.