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El Poder Judicial evaluó el pedido que hizo la Procuraduría General del Estado para anular la declaración de Alberto Otárola, presidente del Consejo de Ministros, ante la fiscalía de la Nación por la investigación contra Dina Boluarte y ministros por el presunto delito de genocidio.
La sesión se llevó a cabo ante el pedido que hizo la procuraduría que cuestión que el Ministerio Público no les haya informado como parte agraviada que se iba a llevar a cabo esta diligencia para escuchar al primer ministro.
Específicamente, los abogados de la PGE presentaron una tutela de derechos para declarar la nulidad de la continuación de la declaración de Otárola Peñaranda, ya que en la primera citación del 23 de enero sí estuvieron presentes.
Sin embargo, esta primera diligencia se suspendió y fue a la ampliación de la misma, realizada el 16 de febrero, a la cual no fueron convocados los miembros de la procuraduría.
Los abogados señalaron en la audiencia que se enteraron por medios de comunicación que Alberto Otárola declaró por segunda vez ante la Fiscalía de la Nación, por lo que el 17 de febrero pidieron información formal y pidieron la nulidad de esta diligencia porque afectaron sus derechos de defensa en representación del Estado.
En respuesta, el Ministerio Público negó que se haya perjudicado el derecho de defensa o que se haya dejado en un estado de “indefensión material” al Estado por su decisión de realizar la diligencia con Otárola sin presencia de los procuradores.
“La parte agraviada, en este caso la PGE, no está habilitada por la ley para participar en dicho acto procesal”, informó el representante del Ministerio Público.
Luego de escuchar a la Procuraduría, al Ministerio Público y a la defensa legal de Alberto Otárola que también pidió rechazar la tutela de derechos junto a la fiscalía, el juez Juan Carlos Checkley anunció que emitirá resolución en el plazo de ley.
