El Segundo Juzgado Constitucional de Lima admitió a trámite la demanda de amparo que interpuso la presidente Dina Boluarte con la finalidad de anular la denuncia constitucional que interpuso la Fiscalía de la Nación en su contra por los presuntos delitos de homicidio calificado y lesiones graves por las muertes durante las protestas sociales de diciembre del 2022 y enero del 2023.
El recurso fue interpuesto en contra de la Fiscalía de la Nación. La denuncia constitucional, como se recuerda, fue presentada en noviembre del 2023 ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso.
A través de su defensa legal, la mandataria solicitó al juzgado constitucional que también disponga la nulidad de la carpeta fiscal que contiene la investigación por la muerte de cinco personas y las lesiones de una sexta persona, base de la denuncia constitucional.
MIRA: Caso Pativilca: la condena contra Montesinos y su posible impacto en la sentencia a Alberto Fujimori
Según la imputación, la mandataria habría omitido dolosamente adoptar medidas que garanticen el respeto irrestricto de la vida e integridad física de los ciudadanos, y eviten el uso desproporcionado y letal de la fuerza por parte del personal policial y militar que estuvo a cargo del control de las manifestaciones, sobre quienes tenía una posición de dominio como jefa suprema de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
Debido a ello, Boluarte habría incurrido en graves violaciones a los derechos humanos, en agravio de Christopher Michael Ramos Aime, José Luis Aguilar Yucra, Rosalino Florez Valverde, Sonia Aguilar Quispe y Víctor Raúl Santisteban Yacsavilca; y del delito contra la vida, el cuerpo y la salud - lesiones graves en agravio de Renato Sebastián Murillo Reyes.
Es decir, Boluarte Zegarra, al momento de los hechos, tenía mando tanto sobre las Fuerzas Armadas como sobre la Policía Nacional del Perú, lo que implica que tenía la autoridad para supervisar y controlar las acciones de dichas instituciones, por lo que era su deber asegurar que las mismas operen dentro de los límites de la ley y el respeto de los derechos fundamentales de los ciudadanos, con la finalidad de evitar que el personal de dichas instituciones incurra en el uso desproporcionado y letal de la fuerza.”
Denuncia Constitucional
La denuncia constitucional comprende también a Alberto Otárola (en su condición de ministro de Defensa] y César Cervantes, Víctor Rojas y Vicente Romero, exministros del Interior.
Días atrás, Joseph Campos, abogado de Boluarte había alegado que la denuncia “no tenía soporte fáctico” por lo que pediría la nulidad de la misma.
Ahora, será la juez supernumeraria Ana Del Rosario Osorio Sosa, quien deberá pronunciarse sobre el fondo del pedido.
“Se puede apreciar que la demandante mediante el presente proceso constitucional pretende se declare nula y/o se deje sin efecto la denuncia constitucional recaída en la Carpeta Fiscal N° 331-2023, Acusación N° 425/2021-2026 de fecha 27 de diciembre del 2023; y, consecuentemente se ordene el archivo de la investigación recaída en la Carpeta 277-2022; la Carpeta Fiscal N° 331-2023″, se indica sobre el petitorio de Boluarte Zegarra.
La magistrada dispuso oficiar a los demandados y fijó fecha para una audiencia única -de manera virtual- el 16 de mayo del 2024, a las 9:00 horas.
