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Todo comenzó la madrugada del 1 de enero de 2005, aprovechando las celebraciones por el año nuevo. Al promediar las 4:30 a.m., un grupo de reservistas encabezado por Antauro Humala, entonces mayor del Ejército, irrumpió y tomó la comandancia de la policía de Andahuaylas; así como las armas, municiones y explosivos que ahí yacían. Eran unos 160 etnocaceristas, según los reportes de la época.
Según alegó Antauro Humala su objetivo era que el presidente Alejandro Toledo renuncie y deje el poder. Este trágico episodio terminó con varios heridos y seis personas muertas: cuatro policías destacados a la zona y dos etnocaceristas.
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(Foto: Rolly Reyna / Archivo Histórico de El Comercio)
“Lo único que queremos es que [Alejandro] Toledo se vaya. Si se va Toledo, deponemos las armas y yo me entrego a la justicia. Que me metan a la cárcel, no me interesa. Es lo único que queremos”, declaró Humala a la prensa.
La comisaría de Andahuaylas contaba con 80 efectivos policiales, pero debido a las fiestas solo se encontraban de turno unos diez. El resto estaba de franco.
Ese día un pequeño grupo de policías se enfrentó a los etnocaceristas, tratando de retomar el control de la situación, pero no lograron el objetivo, resultando heridos cinco agentes.
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(Foto: Rolly Reyna / Archivo Histórico de El Comercio)
Unos 17 efectivos llegaron a ser secuestrados y tomados como rehenes por el grupo liderado por Humala, y que tenía en parte el respaldo los pobladores de la zona, que incluso le hacían llegar comida y ropa.
Alejandro Toledo se encontraba en su casa de Punta Sal (Tumbes) cuando ocurrieron los hechos. Al retornar a Lima, ya por la tarde, convocó a un Consejo de Ministros y se declaró el estado de emergencia en todo Apurímac por 30 días.
“Es necesario dejar establecido que los actos antes señalados constituyen actos de terror orientados a ocasionar un estado de perturbación del orden interno”, se indicó en el Decreto Supremo N°001-2005-PCM, publicado de forma extraordinaria en El Peruano.
En el segundo día del motín la violencia se acrecentó. Una patrulla del Escuadrón Verde, que había llegado como parte de los refuerzos destacados a la zona, fue atacada y cuatro policías fueron asesinados: el capitán PNP Carlos Cahuana, el teniente Luis Chávez, el suboficial de segunda Ricardo Rivera y el suboficial de tercera Abelardo Cerrón.
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(Foto: Rolly Reyna / Archivo Histórico de El Comercio)
Ya para el 3 de enero, Antauro Humala fue arrestado a las 10:30 p.m. en la Municipalidad de Andahuaylas, cuando negociaba su rendición junto al director de la policía y representantes de la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público. El Gobierno rechazó tajantemente los términos que había propuesto.
El anuncio de su captura fue realizado durante la madrugada, en una conferencia de prensa dirigida por el entonces jefe del Gabinete Ministerial, Carlos Ferrero.
Si bien se logró su captura, el asalto a la comisaría culminó recién el 4 de enero, cuando el cabecilla etnocacerista envió una carta y pidió a sus huestes apostadas en la sede policial que depongan las armas.
La condena
El 16 de setiembre de 2009, la Primera Sala Penal con Reos en Cárcel, presidida por la jueza Carmen Rojassi, sentenció a Antauro Humala a 25 años de prisión por este caso, con lo que se estimaba que saliera libre en enero del 2030.
La lectura de la sentencia se realizó en el penal de Lurigancho. A Antauro Humala se le encontró culpable de homicidio calificado, sustracción de armas de fuego, rebelión, secuestro y otros delitos en agravio del Estado.
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(Foto: Rolly Reyna / Archivo Histórico de El Comercio)
También fueron sentenciados Daniel Ludeña y Tito Palomino, a 15 y 20 años, respectivamente.
Además, se ordenó el pago de una reparación civil de S/280 mil a cada uno de los deudos de las víctimas y de S/100 mil de forma solidaria al Estado. Se dispuso una reparación económica a los policías que fueron secuestrados.
Dos años después, en setiembre del 2011, tras una apelación de su defensa, la Corte Suprema rebajó la pena interpuesta contra Humala de 25 a 19 años de cárcel, con lo que saldría libre en el 2024.
Esto debido a que su defensa logró que se varíe el delito de homicidio calificado por el de simple. Sin embargo, hizo falta que el juez Jorge Santa María dirimiera debido a que existía una discrepancia en los jueces sobre el tiempo de la pena a aplicarse en su caso. Los otros dos coprocesados fueron absueltos del delito de homicidio.
Salidas legales
A lo largo de estos años, Antauro Humala ha buscado recuperar su libertad a través de recursos ante el Poder Judicial e incluso el Tribunal Constitucional.
Por ejemplo, en el 2018 la Corte Superior de Justicia de Lima declaró improcedente un hábeas corpus interpuesto a su favor y en donde se argumentaba una vulneración al debido proceso, buscando que se anule la sentencia de 19 años dictada en su contra.
En el 2012 también se había desestimado un pedido similar en sede judicial.
Asimismo, en el 2016, el Tribunal Constitucional (TC) declaró improcedente otro hábeas corpus en donde Antauro Humala también pedía la nulidad de la sentencia dada en el 2011.
Este lunes el Poder Judicial volverá a revisar otro pedido presentado a su favor. El Juzgado de Investigación Preparatoria de Puente Piedra llevará a cabo una audiencia pública para ver un hábeas corpus para que sea hospitalizado ante un riesgo de que pueda contraer el coronavirus.
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