Fiscalía busca decomisar casa de Becerril en Trujillo por presunto financiamiento ilegal en su remodelación

El Ministerio Público inició un proceso de extinción de dominio contra el inmueble que tiene el excongresista fujimorista Héctor Becerril y su esposa Matilde Morales (actual propietaria) en la urbanización Villa el Contador en Trujillo. El objetivo: que la casa, valorizada en más de S/170 mil, sea decomisada y, en consecuencia, su titularidad pase a nombre del Estado Peruano.

El fiscal Hamilton Castro consiguió que el juez Eduardo Torres declare, a inicios de noviembre del año pasado, la inhibición del bien del exparlamentario con el propósito de que no sea transferido mientras continúe el caso. El Comercio ha podido constatar que en los Registros Públicos ya figura esta medida cautelar en la partida registral del predio.

El proceso se basa en la investigación penal que enfrenta el excongresista por los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho pasivo impropio y organización criminal.

Al exparlamentario se le acusa de ser el brazo político de “Los temerarios del crimen”, un presunto grupo criminal que operó entre los años 2015 y 2018 en la Municipalidad Provincial de Chiclayo y tenía como líder a su alcalde David Cornejo Chinguel y a los hermanos de Becerril (Víctor Antonio y Wilfredo) como principales intermediarios en las negociaciones ilícitas.

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La investigación señala que la principal fuente de ingreso de esta organización criminal eran los sobornos que recibían a cambio de entregar determinadas obras públicas.

Becerril, a través de su posición de congresista, habría sido el encargado de gestionar el aumento de la asignación presupuestal de la Municipalidad de Chiclayo. Según la fiscalía, Becerril y sus hermanos recibían el 3% del valor de cada obra que se entregaba, mientras el alcalde Cornejo obtenía un soborno equivalente al 7% del proyecto.

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Por este caso, el excongresista enfrenta una acusación constitucional en el Congreso presentada a mediados del año pasado por la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos. Y por este caso también, se ordenó el año pasado el impedimento de salida del país de Becerril por un plazo de 36 meses.

-La remodelación-

Son cuatro las obras públicas las que se atribuye la intermediación ilícita de Becerril, pero es una por la que la fiscalía pretende decomisar su casa al ser la que tiene el trazado más claro del pago de la dádiva. Se trata de la construcción de una planta de residuos sólidos, en el kilómetro 35 de la carretera San José (Chiclayo), cuyo valor supera los S/10 millones.

En febrero del 2019, Mirtha Gonzales, representante de la empresa CRD SA (constructora que ganó el proyecto), reconoció que parte del soborno consistió en pagar S/58 mil en porcelanato para la casa de Becerril en Trujillo.

Esta compra, del 6 de abril del 2018, se hizo a nombre de la empresa Casco Construcción EIR. No obstante, la cotización y condiciones de entrega la realizó Becerril y su esposa en la tienda DecorCenter de La Molina.

Este inmueble fue adquirido como terreno por el exparlamentario en febrero del 2003 por un monto de US$ 7 mil pagados al contado a su hermano Víctor Antonio. En las dos veces que Becerril postuló al Congreso (2011 y 2016) declaró esta propiedad en su hoja de vida. De acuerdo a las investigaciones de la fiscalía, el ex legislador empezó a construir su casa entre los años 2013 y 2018, tiempo en que operaban los “Temerarios del crimen”.

El 5 de octubre del 2018, Becerril cambia su régimen patrimonial por el de separación de bienes. Acto seguido, transfiere el inmueble en Trujillo a favor de su esposa.

Por el caso “Temerarios del crimen”, han recibido sentencia anticipada Boris Bartra Grosso, ex regidor de Chiclayo y Víctor Becerril Rodríguez, hermano del ex congresista.

-Apelación-

Frente a la inhibición del inmueble, este Diario ha podido confirmar que la esposa del excongresista presentó, el pasado 15 de enero, un recurso de apelación para que esta se revoque y sea declarada improcedente.

Entre los argumentos presentados, Matilde Morales, a través de su abogada Graciela Arce (Estudio Abanto) señala que se dictó una medida cautelar como parte de un proceso de extinción de dominio contra un inmueble adquirido en el 2003. Es decir, varios años antes del periodo de investigación (2015 y 2018) al excongresista. Además, Morales cuestiona que se haya emitido esta medida contra todo un bien cuando “lo único que se sospecha de ilicitud es la incorporación del porcelanato”.

Como tercer argumento, la defensa remarca que la investigación penal a Becerril todavía se encuentra en una etapa preliminar en la Fiscalía de la Nación (el Congreso aún no aprueba la acusación constitucional para pasar a un siguiente nivel).

En comunicación con El Comercio, la abogada Arce afirma que en este caso no hay ninguna sospecha sobre el dinero con el que se ha adquirido el inmueble. “Lo que hay es una sospecha respecto al porcelanato. Entonces, resulta absurdo pretender quitar toda una casa por todo un porcelanato que ni siquiera es de todo el bien solo de un primer piso”, declaró la abogada de Morales.

Este Diario intentó comunicarse con el excongresista Becerril, pero no contestó nuestras llamadas al cierre de esta nota.

El próximo miércoles 3 de febrero será la audiencia de apelación ante la Sala Penal Especializada en Extinción de Dominio de Lima. En ella, el matrimonio Becerril-Morales buscará seguir administrando la propiedad de Trujillo (la pareja vive en Lima).

La fiscalía prevé este año presentar una demanda de extinción de dominio ante el juez y que esta casa pase a titularidad del Estado Peruano por presunto financiamiento ilegal.