Las evidencias detrás de la denuncia contra Pedro Castillo

El presidente Pedro Castillo ha sido denunciado principalmente por tres casos de presunta corrupción en su gobierno (tiene una denuncia adicional por obstrucción a la justicia): Petro-Perú (carpeta fiscal 251-2021), MTC-Provías (carpeta fiscal 64-2022) y Ministerio de Vivienda (carpeta fiscal 170-2022). Por estos tres casos, al mandatario se le atribuyen los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y complicidad de colusión.

La denuncia sobre todo esto, como se sabe, fue interpuesta ante el Congreso la semana pasada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, quien antes de presentar cargos contra el jefe del Estado decidió unir las tres carpetas en una sola para efectos de una mejor comprensión sobre lo investigado. En estas tres investigaciones, se exhibe un mismo patrón: el presidente, en su calidad de presunto cabeza de una organización criminal, es quien habría dado el primer paso para que se comenzara a desplegar el plan delictivo a través de los órganos operativos (ministros, lobbistas y altos funcionarios) y ejecutores (funcionarios que participan en los procesos de licitación). Sin ello, era imposible que los niveles inferiores pudieran pasar a una siguiente etapa.

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Para la titular del Ministerio Público, la finalidad de esta presunta red delictiva era una sola y se dividía en dos niveles: primero, copar instituciones como los ministerios de Transportes y Vivienda con funcionarios afines a su objetivo ilícito; segundo, controlar y dirigir las diversas contrataciones públicas a favor de empresarios cercanos y los que financiaron la pasada campaña presidencial.

Pero no es la descripción sobre cómo operan sus integrantes lo que ocupa más espacio en las 376 páginas que comprende la denuncia constitucional, sino la exposición de los más de 190 elementos de convicción que se han reunido en estos meses de investigación para sustentar por qué se considera que el jefe del Estado cometió los delitos antes mencionados.

—Los elementos—

El registro de visitas al despacho presidencial, la declaración de testigos y colaboradores eficaces, resoluciones supremas y ministeriales, actas, informes de contraloría, memorándums, contratos, mensajes de WhatsApp, etc. forman parte de las evidencias que Benavides detalla en su denuncia ante el Congreso.

Por ejemplo, en el Caso Petro-Perú, la tesis del Ministerio Público es que Castillo recibió S/30 mil de su amigo y empresario Fermín Silva para que se nombrara a Hugo Chávez Arévalo director y gerente general de Petro-Perú. Una vez logrado ello, Chávez Arévalo se encargaría de dirigir la compra de biodiésel a favor de la empresa Heaven Petroleum Operators S.A., del empresario Samir Abudayeh Giha, por un valor estimado de US$74 millones.

Como sustento, la fiscalía presentó las reuniones de los implicados en Palacio, testimonios de exministros como Pedro Francke e Iván Merino, actas de sesión de accionistas de Petro-Perú y la declaración del colaborador eficaz 03-2022. Pero, principalmente, la confesión del mismo Fermín Silva, quien reconoce que entregó S/30 mil para el presidente y así se nombrara a Chávez en esa entidad.

Sobre el Caso del MTC-Provías, la hipótesis de la fiscalía parte de que Castillo nombró a Juan Silva ministro de Transportes con la finalidad de controlar los contratos en el sector, en especial en Provías. Este último, a su vez, contaría con la intermediación del empresario Zamir Villaverde para que contactara a las empresas y recomendara a funcionarios para que se encargasen de las licitaciones.

Para ese caso, la fiscalía cuenta con las declaraciones, por ejemplo, de los colaboradores eficaces 02 y 03; así como audios entregados por Villaverde. De igual modo el testimonio de la lobbista Karelim López y de la viceministra de Transportes Verónica Marizol Cáceres.

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El patrón se repite en el Caso Ministerio de Vivienda. Castillo, por recomendación de su amigo Abel Cabrera, nombra a Geiner Alvarado ministro para así primero copar el sector con funcionarios afines y luego manejar los procesos de licitación, principalmente a través de las obras que salieron gracias al Decreto de Urgencia 102-2021. Allí también se cuenta con testimonios de colaboradores eficaces, testigos protegidos y resoluciones ministeriales. Y, sobre todo, está la confesión sincera del empresario Hugo Espino, quien reconoce los actos de corrupción señalados.