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La Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) del Poder Judicial suspendió preventivamente al magistrado Daniel Peirano Sánchez en su actuación como juez superior de la Cuarta Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia del Callao.
El juez superior ha sido vinculado con el hoy recluido Walter Ríos, ex presidente de la Corte del Callao, quien presuntamente es miembro de la organización Los Cuellos Blancos del Puerto.
Según la investigación iniciada por la OCMA, el ahora suspendido magistrado –a quien se le ha apartado de las funciones jurisdiccionales– habría "concertado indebidamente" estrategias con Walter Ríos con el objetivo de ser beneficiado en la elección del nuevo titular de dicho distrito Judicial, para el período 2019-2020.
Un audio difundido por el portal IDL-Reporteros y el programa "Cuarto Poder" reveló la conversación entre Walter Ríos y Daniel Peirano, que ocurrió el pasado 5 de abril. En esta, se escucha a Ríos sacar cuentas respecto a cuántos jueces o votos tendrían en diciembre para mantener la presidencia de la Corte.
En otro momento de la conversación, Walter Ríos le dice a Peirano que deben trabajar "estratégicamente" y el juez superior le responde que ya han dado "el primer paso". El detenido juez le dice además que él hará "su trabajo" con el CNM.
Peirano venía además afrontando un procedimiento disciplinario que le había abierto la OCMA. Según la resolución de la Unidad de Investigación y Anticorrupción de la OCMA, a la que El Comercio tuvo acceso, hay fuertes elementos indiciarios de que Peirano, como juez de la Cuarta Sala Penal del Callao, emitió en el 2016 una sentencia que favoreció a una jueza acusada de prevaricato con la que tenía una "relación extraprocesal".
La jueza, Vilma Núñez, según algunos testigos que declararon para la investigación, había comentado a sus conocidos que tenía una grabación de Peirano que era su “seguro” para que él la librara del proceso, pues si no lo hacía ella iba a sacar a la luz esa grabación.
La investigación preliminar a Daniel Peirano se inició el 7 de marzo del 2017 con el objetivo de establecer la existencia de indicios sobre dos presuntas irregularidades que se le imputaban.
Por un lado, le atribuían haber ordenado a tres jueces –Vilma Núñez estaba entre los magistrados– para que resolvieran a favor de las empresas Lomas de Oquendo, Servicios Villamor e Inversiones Euskaro en el caso de una invasión en el ex fundo Oquendo.
También le imputaban haber intercedido ante los jueces César Hinostroza y César Castañeda para que no separaran de su cargo de jueza del Primer Juzgado de Paz Letrado a Vilma Núñez, quien era procesada por su actuación en el caso de la citada invasión.
La resolución de la OCMA indica que hay evidencia de graves hechos atribuidos a Peirano que deben ser esclarecidos en el procedimiento administrativo disciplinario, en el cual se deben recabar nuevos elementos de prueba como el levantamiento del secreto de las telecomunicaciones y bancario







