"Se mantiene el trabajo de otras instituciones del Estado. El gobierno ha sido cuidadoso en dejar claro que las medidas restrictivas desarrolladas son contra los congresistas que no pertenecen a la Comisión Permanente". (Foto: Archivo El Comercio)
"Se mantiene el trabajo de otras instituciones del Estado. El gobierno ha sido cuidadoso en dejar claro que las medidas restrictivas desarrolladas son contra los congresistas que no pertenecen a la Comisión Permanente". (Foto: Archivo El Comercio)
Eduardo Dargent

¿Estamos ante un golpe de Estado? ¿Un o acaso una asonada chavista? Considero que no es correcto hablar de un golpe. Es preocupante lo que viene sucediendo y debatible la forma de la confianza, y al final voy a eso. Pero antes déjenme comentarles por qué no compro la narrativa del golpe autoritario.

En primer lugar, se mantiene el trabajo de otras instituciones del Estado. El gobierno ha sido cuidadoso en dejar claro que las medidas restrictivas desarrolladas son contra los congresistas que no pertenecen a la . Otras instituciones de control constitucional, como la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional o la Defensoría del Pueblo, se mantienen. Y el Jurado Nacional de Elecciones ya inició el proceso de las elecciones congresales del 2020.

Asimismo, los medios de comunicación vienen funcionando con normalidad y dando voz a los defenestrados. Es delirante creer que Martín Vizcarra controla a una “prensa mermelera”, categoría que incluye a medios tan diversos como América Televisión, Frecuencia Latina, RPP y este Diario. Una mirada a la variedad de opiniones que circulan muestra que estamos lejos de censura o persecución.

La sociedad, además, se pronuncia, actúa y desarrolla sus actividades hasta ahora sin restricciones. La Confiep emite opiniones en contra de la medida. Diversos colectivos apoyan la decisión del presidente. Los partidos políticos protestan o celebran, pero en general actúan sin controles. Y no se ha arrestado a ciudadanos ni se han iniciado procesos contra ellos.

Además, se ha señalado ya la fecha para elegir a los representantes que completarán el período parlamentario. Esto es un punto mayor, resaltado por la Organización de Estados Americanos. Conforme a la Constitución, quedará en los ciudadanos romper el entrampamiento de poderes, definir la suerte del gobierno y establecer una nueva representación que complete el período 2016-2021.

Finalmente, en este caso, se ha seguido un procedimiento de confianza que fue aceptado por el propio Congreso en otras oportunidades. Este estaba avisado de que el cierre era una posibilidad si no respondía al pedido del gobierno de reformar la elección del Tribunal Constitucional. Podemos discutir sobre la constitucionalidad de la medida, pero señalar que era “normal” votar la confianza después de elegir al caballazo a los magistrados es negar la razón de ser de la medida del Ejecutivo: garantizar una elección transparente y meritocrática. Hay un punto de disputa grueso, no una excusa cualquiera.

Por todo ello, es exagerado comparar este acto con el acoso a cortes, prensa y sociedad que se vio el 5 de abril o que se da en Venezuela. Así lo ha entendido la prensa internacional, que en mayoría ve el tema como un proceso confuso, problemático, pero en los márgenes constitucionales y con una salida democrática en las elecciones.

Dicho esto, por supuesto que estamos ante una situación muy preocupante, cuyo desarrollo debe discutirse críticamente. Lo que venga tiene que asegurar libertades plenas a los opositores para que puedan postularse y recoger las preferencias de la ciudadanía en las elecciones de enero. La legitimidad democrática del gobierno se juega día a día, y depende en buena cuenta de garantizar la seguridad de sus críticos. Pero hoy, golpe no hay.