La toma de los diarios: 50 años después | FOTOS

El 27 de julio de 1974, la dictadura militar incautó los diarios, entre ellos El Comercio, consumando un asalto que comenzó en 1970 con la ocupación de Expreso y Extra, y luego en 1971 con la Ley General de Telecomunicaciones. Recordamos estos hechos que nunca deben repetirse.

Todo empezó con el “Estatuto de la Libertad de Prensa” contenido en el Decreto Ley 18075 del 30 de diciembre de 1969. La Oficina Central de Información del gobierno militar dio a conocer tal documento, que alcanzaba no solo a los diarios y revistas sino también a las emisoras radiales y televisivas.

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Al día siguiente El Comercio denunció en su portada que aquello no era un estatuto sino una ley cuyo fin era conculcar la libertad de prensa en el Perú. En ese marco, otro decreto, el 18169 del 4 de marzo de 1970, expropió los diarios Expreso y Extra. Por disposición del régimen, Expreso fue entregado a su sindicato para, según expresión de la dictadura, actuar como “mastines de la revolución”.

A través de un nuevo editorial, El Comercio rechazó esta medida confiscatoria e injustificada, instando al gobierno a reconsiderar su acción y evitar restricciones a la libertad de prensa. Lo que vendría después serían más incautaciones, periodistas de portados y medios de comunicación silenciados.

LA RADIO Y LA TV.

El 9 de noviembre de 1971, la dictadura militar publicó la “Ley General de Telecomunicaciones”, según la cual el Estado participaría “con no menos del 51% de acciones de canales de TV y el 25 % en emisoras radiales”.

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Los velasquistas se regodeaban con expresiones altisonantes: “Ley de necesidad, utilidad y seguridad públicas y de preferente interés nacional”. Puntualmente señalaban que Entel Perú era la destinada a explotar “los servicios públicos de telecomunicaciones del país”.

Asimismo, le dio el poder de “otorgar en concesión la explotación de los servicios públicos de telefonía local y distribución por circuito cerrado a empresas estatales asociadas”. La radiodifusión fue controlada por el Estado bajo el argumento de que eran “medios de educación masiva” y también “por razones de seguridad”. La ley planteaba diversas justificaciones para expropiar, ya sea a favor del Estado o de las “empresas que explotan servicios públicos”, desde inmuebles e instalaciones hasta sus acciones. Era la segunda ola de una maquinaria confiscatoria.

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EL COMERCIO

La dictadura de Juan Velasco Alvarado se enfocó en capturar a diarios como Correo, Ojo, Última Hora, La Prensa, y especialmente El Comercio. El 27 de julio de 1974 fue la fecha infausta. Dos días antes, el régimen había decretado prisión domiciliaria a Luis Miró Quesada de la Guerra, director del decano.

A las 2 y 10 de la madrugada, efectivos de Seguridad del Estado tomaron por asalto el diario. Con el respaldo del Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social (Sinamos) y la Oficina Central de In[1]formación, intimidaron a periodistas y propietarios y coparon el hall del edificio con pancartas al servicio del gobierno militar. Una hora después, la Policía de Investigaciones retiró a los directivos.

Héctor Cornejo Chávez, quien había sido senador, se prestó al servicio de la dictadura al asumir indebidamente la dirección de El Comercio. Esa misma noche ya tenían listo el editorial titulado “El Comercio en la hora de la Revolución”, que era una especie de proclama en que se exponían los puntos principales de la “nueva etapa” y se aseguraba con desparpajo la “crítica” al gobierno.

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Así, los diarios fueron arrebatados a sus legítimos dueños y entregados a supuestas organizaciones de base de los sectores productivos. El Comercio pasaba a las organizaciones campesinas; La Prensa a manos de las comunidades industriales; Ojo y Correo a las organizaciones profesionales y culturales; Expreso a las asociaciones educativas; y Última Hora se entregaba a mutuales, bancos y transportistas.

Una farsa total porque jamás se entregaron los medios a la sociedad organizada y a los gremios. El gobierno dictatorial era el que nombraba a los directores y el que decidía qué cosas se publicaban.

El 29 y 30 de julio, en el Centro de Lima y en Miraflores grupos de ciudadanos protestaron contra la incautación y varios terminaron presos en el local policial de El Potao, en el Rímac.

Pero los jóvenes protestantes no pudieron impedir lo que sobrevendría: seis años de una prensa parametrada, direccionada y complaciente con el régimen militar.

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TRIUNFA LA DEMOCRACIA

En la segunda fase del gobierno militar -ya con Francisco Morales Bermúdez al mando- la crisis financiera y periodística de los diarios era terrible. En mayo de 1979, el presidente de facto reconoció que “la expropiación de los diarios fue el más grande error del Gobierno y, como error, es de difícil solución”.

La aparente buena disposición para encontrar una salida se topó con la oposición de un grupo de generales y dejaron el problema en manos del gobierno democrático que asumiría en julio de 1980. Apenas se conoció el triunfo electoral del arquitecto Fernando Belaunde Terry, este declaró: “No pernoctaré en Palacio sin antes devolver los diarios a sus legítimos dueños”.

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Y así fue: el 28 de julio de 1980 dictó las disposiciones legales respectivas y cumplió su palabra. Así se acabaron largos años en los que los ciudadanos padecieron la consecuencia de la censura, la mordaza y la desinformación a manos de un puñado antidemocrático.

La dolorosa experiencia que vivió El Comercio y los otros medios de comunicación debe ser recordada en una fecha como esta. Siempre hay que proteger la libertad de prensa y de expresión, que son la base de todas las libertades democráticas.