La pobreza multidimensional debe priorizar indicadores relevantes para el Perú

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Recientemente, el Midis encargó al INEI comenzar a medir de manera institucional la pobreza multidimensional como complemento a la monetaria. Medir la pobreza monetaria permite identificar correctamente las carencias económicas de la población y focalizar los esfuerzos (políticas de generación de empleo, transferencias condicionadas, bonos) en la población más vulnerable sobre la base de evidencia. Sin embargo, no mide de manera integral la calidad de vida de la población ni las carencias que la afectan fuera del ámbito estrictamente monetario. Así, incluir indicadores relacionados con estas carencias, a través del Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), podría ser beneficioso.

Estimaciones preliminares no oficiales del IPM para el Perú dan cuenta de su importancia. Por ejemplo, en el 2023, el 29% de los peruanos se encontraba en situación de pobreza monetaria. En comparación, estimaciones preliminares del Midis que toman en cuenta privaciones como la falta de acceso a servicios de agua, salud o educación, la residencia en viviendas precarias o el subempleo, entre otros, ubican a la pobreza multidimensional en 32%.

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Además de la diferencia de 3 puntos porcentuales, la población identificada como pobre resulta distinta según el indicador que se use. En el 2023, casi la mitad de los pobres bajo un enfoque multidimensional no lo son realmente desde el punto de vista monetario, pues, a pesar de las carencias, su gasto supera la línea de pobreza (S/ 450 al mes). En regiones como Madre de Dios, la pobreza monetaria es menor al 17%, pero la multidimensional afecta a cerca del 40% de la población. Al nivel nacional, casi seis millones de pobres multidimensionales cuentan con necesidades estructurales –dificultades para acceder a empleos formales de calidad y a la red de seguridad social, por ejemplo– que no se encuentran priorizadas actualmente en la agenda de política pública relacionada con la lucha contra la pobreza.

Cerca de 40 países alrededor del mundo han incorporado la estimación de un indicador agregado de bienestar –como el IPM– que incluye dimensiones de acceso y calidad de servicios públicos (educación, agua y saneamiento, salud), calidad de viviendas, situación laboral, seguridad alimentaria, entre otras. Estimar un índice conjunto a partir de estos indicadores tiene como objetivo medir de manera simultánea distintas carencias. Esto permite identificar grupos vulnerables, diseñar y focalizar políticas que busquen la mejora del bienestar de manera más estructural.

Las ventajas de incorporar la medición de carencias conjuntas –como complemento a la pobreza monetaria– son evidentes. No obstante, la metodología propuesta por el Midis para su cálculo presenta limitaciones importantes. Existe un mínimo de indicadores de calidad de vida que son considerados en el IPM a nivel global. Pero, además, cada país tiene discrecionalidad para añadir aspectos relevantes. En ese sentido, a diferencia de la pobreza monetaria, los resultados de la multidimensional pueden llegar a ser poco objetivos o sesgados, pues dependen de los indicadores que se consideren dentro de la estimación o incluso de los umbrales subjetivos a partir de los cuales se considera que una persona sufre la privación de cada indicador.

La metodología propuesta por el Midis establece un IPM que tome en cuenta 14 indicadores de privación en siete dimensiones: salud, educación, vivienda, agua y saneamiento, energía, empleo y previsión social, y conectividad. Sin embargo, debido a diferencias metodológicas entre las distintas encuestas realizadas a nivel nacional (tamaño y composición de muestras, periodicidad de medición o ámbitos de aplicación distintos), algunos indicadores muy relevantes para la población no pueden ser incluidos en el índice agregado. Por ejemplo, el 40% de los peruanos considera que la delincuencia es el principal problema del país actualmente. Sin embargo, dado que la información de victimización y casos de robo no se encuentra consolidada dentro de la misma encuesta que el resto de los indicadores priorizados, esta no puede ser procesada e incluida en el IPM.

En consecuencia, el IPM no tomará en cuenta indicadores de vital importancia para la lucha contra la pobreza (anemia, desnutrición crónica, calidad de los servicios educativos). Al invisibilizar estas dimensiones relevantes de la pobreza multidimensional, la metodología podría llegar a subestimarla. De hecho, las estimaciones preliminares que realizó el Midis recientemente muestran una tendencia a la baja del IPM en los últimos años. Considerando los 14 indicadores propuestos, la pobreza multidimensional habría pasado de 36% en el 2019 a 32% en el 2023. En contraste, indicadores de privaciones específicas que no pueden ser incluidos por limitaciones metodológicas, como el porcentaje de niños que sufre de anemia o desnutrición crónica, por ejemplo, muestran una tendencia claramente contraria.

Así, el índice calculado bajo la metodología propuesta por el Midis no reflejaría de manera completa las privaciones más importantes que sufre la población ni su tendencia real a través del tiempo. Para abordar este problema, la propuesta del Midis incluye un tablero de monitoreo con los indicadores relevantes que no puedan ser agregados al índice.

Apoyo Consultoría sugiere proceder con cautela en la aprobación de un Índice de Pobreza Multidimensional. Aprobar un índice incompleto de manera apresurada genera el riesgo de crear una herramienta de política que no refleje claramente las necesidades de la población y los segmentos donde las intervenciones son más urgentes, pues se podría invisibilizar o dejar de lado carencias fundamentales o grupos vulnerables que requieren intervención inmediata, como territorios donde el crimen ha escalado significativamente o donde la incidencia de anemia infantil ha alcanzado más del 70% (como Puno, por ejemplo).