¿La china CNPC con el lote 58 en problemas?

El Gobierno confía en que este 2019 será clave para el proceso de masificación del gas natural en el país. A ese efecto, no solo prepara una licitación para llevar este recurso energético al Altiplano, sino que busca definir también la nueva ruta que seguirá el gasoducto al sur, partiendo de tres posibles opciones: marítima, costera (de Ica al sur) o andina (de Cusco al sur).

Pieza vital en el desarrollo de este esquema es el lote 58 (Cusco), proyecto en el que la petrolera china CNPC planea invertir US$4.400 millones al 2023.

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Se trata de una iniciativa que cuenta con plan de desarrollo aprobado en enero del 2018 y estudio de impacto ambiental (EIA) autorizado por Senace en noviembre pasado. Sin embargo, corre el riesgo de quedar temporalmente paralizado. ¿El motivo? Un vacío administrativo que impide la expedición de la autorización de desbosque, permiso neurálgico para el inicio de cualquier proyecto de explotación de petróleo y gas en el Perú.

FUERZA MAYOR
“El tema de fondo es que hay una ley que obliga a realizar consulta previa para la aprobación de la autorización de desbosque. El problema es que esa ley no cuenta con reglamento, por lo que nada se puede hacer y todo está parado”, explica una fuente consultada por Día1.

De acuerdo a esta versión, la petrolera china habría iniciado los trámites para solicitar fuerza mayor en el lote 58, pues prevé que no podrá ingresar a desarrollarlo este año.

“Eso significa que el proyecto no saldrá en el 2023 sino en el 2024. Por eso, prefiere declararse en fuerza mayor a pesar de que su inteción es resolver el problema”, comenta.

Pero, ¿existe verdaderamente una complicación con la autorización de desbosque?

PERMISO DE LA DISCORDIA
Andrea Peralta, abogada del programa de pueblos indígenas y biodiversidad de la Sociedad Peruanas de Derecho Ambiental (SPDA), apunta que aún no se han definido los lineamientos para realizar la consulta previa en el caso de que el desboque afecte los derechos colectivos de las comunidades indígenas.

“La ley forestal y de fauna silvestre establece que solo se requiere realizar consulta previa cuando el desbosque vulnera los derechos colectivos de las poblaciones que habitan en él”, explica.

Frank Hajek, director ejecutivo de Nature Services Perú, indica que el lote 58 ‘cubre’ bosques titulados de comunidades nativas y la Reserva Comunal Machiguenga.

¿Eso significa que el proyecto necesita una consulta previa para desbosque?

“Eso debe pasar por un análisis”, observa Peralta. Esa labor está en la cancha de la Autoridad Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor).

La entidad confirmó a Día1 que se encuentra elaborando los lineamientos para definir la consulta previa, pero se excusó de responder cuándo los terminaría.

IMPACTO NEGATIVO
La indefinición de la consulta previa en casos de desbosque es uno de los principales desafíos que enfrenta el sector hidrocarburos, en opinión de Perú-Petro.

“Es un tema que debe ser aclarado porque se encuentra paralizando varios proyectos [hidrocarburíferos]”, anota Liseth Manrique, directora general de la consultora ambiental Gema.

Según Beatriz de la Vega, especialista en Oil & Gas de EY, el caso pone sobre el tapete la necesidad de que el Gobierno ofrezca mayor predictibilidad en temas ambientales y sociales.

Al respecto, observa que el contexto político regional favorece al Perú, considerando que en Colombia acaba de asumir un nuevo gobierno y en México también, con inclinación hacia la izquierda este último. “Una noticia como esa podría tener un impacto negativo si no se clarifica lo antes posible”, afirma.

PREGUNTAS SIN RESPUESTA
Un aspecto que llama la atención es la celeridad con la que CNPC habría solicitado la fuerza mayor en el lote 58 (tres meses después de la aprobación del EIA).

Según algunos analistas, ello reflejaría el posible desinterés de la petrolera china por desarrollar el lote, habida cuenta de que el nuevo trazo para el gasoducto al sur sigue siendo una incógnita.

“¿Por qué CNPC querría apurarse si el gasoducto está demorado? ¿Y qué tal si el Gobierno opta por la ruta marítima? ¿Para qué van a tener los campos listos antes de 2023 si no podrán bombear gas?”, se pregunta otra fuente.

Día1 intentó contactarse con CNPC para consultarle sobre estos temas, pero no obtuvo respuesta.