La Comisión de Economía del Congreso aprobó esta semana el dictamen del proyecto de ley 6863, que “regula el procedimiento concursal” de clubes de fútbol, donde están Universitario de Deportes, Alianza Lima, Sport Boys, FBC Melgar y Cienciano. Ahora este puede debatirse en el pleno.
En detalle, el texto dispone la suspensión temporal de la vigente Ley 29862, de “reestructuración económica” de los clubes –aprobada en el 2012–, y sus complementos. Junto a ello también los procedimientos concursales de estos clubes y sus convocatorias, realizaciones y ejecución de acuerdos de sus juntas de acreedores.
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En tanto, se apunta a establecer reglas para este esquema concursal de modo que se asegure el “saneamiento económico y protección de su patrimonio” de los clubes sujetos.
Para ello, se creará una comisión que elabore y proponga en un plazo no mayor de 90 días calendarios un nuevo marco legal de la Ley 29862. También se menciona que fije “mecanismos necesarios para que no exista duda ni cuestionamiento al monto de la deuda concursal” en un plazo máximo de 60 días calendarios.
Otro grupo a crearse, en paralelo, investigará presuntas irregularidades en los procedimientos concursales y formalizará eventualmente denuncias.
Temporalmente, dicta la norma, la Sunat asumirá la presidencia de las juntas de estos clubes y designará a un administrador, que no debe haber ocupado dicha posición anteriormente. Sobre este punto están exceptuados Alianza Lima y Melgar, donde terceros adquirieron las mayorías de acreencias.
Esta propuesta calza en un contexto donde el Indecopi –a cargo de vigilar los procesos concursales– halló indicios de afectaciones patrimoniales a Universitario por diversos administradores.
Mientras que en Alianza Lima, al cierre de la temporada 2020, y en el contexto de su descenso deportivo, miembros de su administración denunciaron injerencias por parte del Fondo Blanquiazul, pese a que la ley lo prohíbe.
UN PROBLEMA DEL 2012
Daniel Schmerler, socio del estudio Diez Canseco y exvocal de la Sala Especializada en Procedimientos Concursales del Tribunal del Indecopi, consideró que esta propuesta tal como está planteada tiene varias deficiencias normativas, como por ejemplo, fijar la revisión de créditos que ya fueron evaluados a nivel administrativo y judicial, entre otros.
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“No quedan claros varios escenarios como qué ocurrirá con Alianza y Melgar, por ejemplo. También dejan en el aire planes que en medida de lo posible cumplían sus pagos. Veo un alto riesgo de que podría ser inconstitucional”, indicó Schmerler y agregó que linda con ser una “ley con nombre propio”.
Esta última idea la compartió, Alfonso Pérez-Bonany, director del área concursal de Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU), pero precisó que la principal controversia data de la Ley 29862.
“Este PL es bastante controversial al igual que todas las normas para el proceso concursal de los clubes de fútbol. En el 2012, el gobierno [de Ollanta Humala] creó este sistema porque consideró que los clubes estaban por encima de otros y que no se les debe aplicar las reglas generales, sin importar lo que debieran”, apuntó.
Así, Pérez-Bonany remarcó que la Ley 29862 no ha dado señales de ser útil.
“Lo único que ha evitado es que no se liquiden, pero en demérito de los acreedores y las finanzas de los propios clubes. En Universitario, por ejemplo, los únicos beneficiados son sus administradores. En el caso de los otros clubes, los cronogramas de pago son demasiado extensos. Se han dado cuenta de que no pasa nada y es una extensión del perro muerto a los acreedores. Ahora quieren sacar esto, pero dos cosas malas no hacen una buena”, criticó.
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Pérez-Bonany planteó que la solución ante este panorama es no acogerlos a un régimen especial, de modo que los acreedores estén presionados a tomar buenas decisiones, entre otros.
A su turno, Sergio Ludeña, administrador de Cienciano, consideró que para la elaboración de este tipo de normas se debe citar a partes expertas, como los administradores concursales.
“Independientemente de lo deportivo, la ley nos dice que tenemos que sacarlos de la insolvencia. No entiendo por qué los acreedores creen tener mayores facultades”, indicó.
LA CIFRA
- 40 millones de soles es la deuda corriente que se ha generado en Universitario, debido a la gestiones de sus administradores.
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