Salario mínimo: entre la política y la evidencia

A fines de setiembre, el gobierno anunció un nuevo incremento de la Remuneración Mínima Vital (RMV), reabriendo el debate sobre sus efectos en el empleo y la formalidad. Más allá de posiciones ideológicas, conviene revisar qué plantea la teoría económica y qué muestra la evidencia.

La economía ofrece, en términos generales, dos enfoques. El primero parte de un mercado laboral competitivo, donde el salario de equilibrio surge de la interacción entre la oferta y la demanda de trabajo. Bajo esta perspectiva, un salario mínimo fijado por encima de ese nivel actúa como un control de precios: eleva el costo de contratar, reduce la demanda de trabajadores y puede generar desempleo o informalidad. El impacto sería mayor entre quienes tienen menor experiencia o formación, como los jóvenes, cuyos salarios suelen ser más bajos.

El segundo enfoque sostiene que el mercado laboral no siempre es competitivo. Las empresas pueden tener poder para fijar salarios, por ejemplo, cuando los trabajadores enfrentan dificultades para cambiar de empleo por falta de información, costos de transporte o fricciones de búsqueda. En esas circunstancias, se argumenta que existe espacio para una intervención pública mediante un aumento moderado del salario mínimo, el cual podría ser absorbido por las empresas mediante menores márgenes, sin traducirse necesariamente en menor empleo. Sus defensores añaden que esta política puede contribuir a reducir la desigualdad y la pobreza, aunque admiten que podrían existir costos en términos de empleo o informalidad.

Uno de los estudios más citados en apoyo de esta segunda visión es el de David Card y Alan Krueger, publicado en 1994. Al analizar el aumento del salario mínimo de Nueva Jersey en 1992, los autores no encontraron un efecto negativo sobre el empleo en restaurantes de comida rápida. Sin embargo, sus conclusiones no implican que cualquier incremento del salario mínimo sea inocuo. Card y Krueger señalaron que sus resultados dependían de circunstancias específicas, como la magnitud del aumento, las características de cada mercado y la posible existencia de poder monopsonístico. Su aporte no eliminó la lógica de oferta y demanda, sino que mostró que los mercados laborales de bajos salarios pueden ser más complejos y tolerantes a aumentos de ingresos de lo que se suponía.

Más allá del interés y de la cobertura mediática que reciben trabajos como el de Card y Krueguer, la evidencia sigue apoyando, de manera contundente, que elevaciones del salario mínimo desalineadas de la productividad de los trabajadores sí generan desempleo. En 2021, David Neumark y Peter Shirley revisaron la amplia literatura sobre el salario mínimo en Estados Unidos desde comienzos de los años noventa. Estos autores encontraron que una apabullante mayoría de las investigaciones revisadas encuentra efectos negativos sobre el empleo, especialmente entre trabajadores jóvenes y con menor nivel educativo.

En el Perú, los trabajos de Nikita Céspedes (BCRP) y Miguel Jaramillo (GRADE) también encuentran una relación negativa entre aumentos del salario mínimo, el empleo y la informalidad. Renzo Castellares (BCRP), por su parte, documenta que un salario mínimo elevado en relación con el ingreso laboral promedio está asociado con mayores niveles de informalidad en los distintos sectores económicos.

Este punto es especialmente relevante para el Perú, una economía caracterizada por baja productividad y elevada informalidad. En esas condiciones, los aumentos de la RMV pueden perjudicar precisamente a los grupos más vulnerables: jóvenes, trabajadores poco capacitados, informales y empleados de micro y pequeñas empresas. Por ello, los reajustes del salario mínimo deberían responder a criterios técnicos y considerar cuidadosamente sus costos, y no convertirse únicamente en una respuesta a presiones políticas.

Si el objetivo es lograr remuneraciones más altas de manera sostenible, la prioridad debe ser atacar la raíz del problema. Más que elevar por decreto el precio del trabajo, el reto es aumentar la productividad de los trabajadores y reducir los costos de transacción que dificultan la creación de empleo formal. Solo así será posible mejorar los ingresos sin cerrar oportunidades laborales a quienes más las necesitan.