Tiene más de 45 proyectos por todo el territorio nacional y presencia en el país desde hace 19 años, sin embargo, tras haber sido incluida en la lista de empresas investigadas del Club de la Construcción, las finanzas de la constructora Obrainsa se vieron afectadas. Y en este contexto, este 8 de abril la compañía ha entrado en procedimiento concursal preventivo, a pedido de la propia empresa.
Dentro de este estado, publicado en el boletín concursal de Indecopi, la empresa deberá convocar a sus acreedores a una junta en la que se decidirá el proceso de pago a cada uno. Para esto, Obrainsa ya ha solicitado la suspensión de la exigibilidad de sus obligaciones, de tal manera que pueda tener más facilidades para centrarse en el pago de su deuda concursal.
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El grupo económico Tejeda, dueño de la constructora, continuará al mando de la administración de la entidad durante este proceso.
"El procedimiento concursal preventivo lo que busca es justamente prevenir una crisis empresarial. Financieramente, la empresa no está tan debilitada, solo se busca reestructurar el negocio y darle un espacio adicional al deudor para negociar con sus acreedores y refinanciar la deuda. El proceso de pago puede durar entre 10 y 15 años", explica Alfonso Pérez-Bonany, de Philippi, Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría.
FINANZAS SIN ACTUALIZAR
Obrainsa no ha enviado aún sus estados financieros del cierre de 2018 a la Superintendencia del Mercado de Valores, la información está actualizada solo al tercer trimestre de dicho año.
De acuerdo a este documento, la constructora tiene obligaciones financieras por S/251,3 millones con entidades estatales (entre las que se incluyen a los ministerios de Vivienda y Transportes y los gobiernos regionales de Huánuco y Ayacucho) y otros S/49,7 millones con privadas. Los pasivos totales llegan a S/669,9 millones.
No obstante, de acuerdo a la calificadora de riesgos Equilibrium, es probable que Obrainsa -y otras constructoras involucradas en el caso del Club de la Construcción– tengan que pagar una reparación civil.
Cabe destacar que Obrainsa ya ha venido cumpliendo con el pago de la deuda que mantiene con ciertas entidades, pero los fondos están sujetos a restricción ya que van dirigidos a cuentas de fideicomiso. Los pagos han ido dirigidos principalmente al Banco BBVA, GNB Perú e ITAU Unibanco.
"Desde que Obrainsa entra a Indecopi, ya no se puede usar el patrimonio para cobrar una deuda. De los procesos concursales en el Perú, el 1% es preventivo, esto se debe a que la idiosincrasia del empresariado peruano hace que al tener problemas de liquidez, intenta solucionarlo todo internamente, pero siguen cometiendo errores. Luego no hay nada que prevenir", agrega Pérez-Bonany.
FINANZAS A LA BAJA
Con un flujo de caja derivado de las actividades de operación en negativo, de acuerdo al reporte de setiembre del 2018, Obrainsa se une a ICCGSA como la segunda empresa investigada por el caso del Club de la Construcción en entrar en algún tipo de procedimiento concursal.
El resultado negativo en las finanzas de la empresa al tercer trimestre del año pasado se debe principalmente a los menores ingresos por ventas (15,22% menores respecto al mismo periodo del año anterior). Esto se vio impulsado principalmente por menores ingresos por servicios de construcción (-22.27%) y por una menor venta de inmuebles asociado al proyecto inmobiliario “Casuarinas de Ventanilla”.
Además, explica el reporte de Equilibrium, la falta de liberación de terrenos por parte del Estado; gastos generales no reconocidos que derivarían en procesos de arbitraje; arbitrajes en curso; y el cobro pendiente de retenciones de valorizaciones ya aprobadas, vienen afectando a las finanzas de la empresa.
"Incorporando los gastos de administración y de ventas, conlleva a una pérdida operativa de S/36,95 millones", se concluye en el reporte.
PROBLEMAS EN EL CRÉDITO
Desde el mes de mayo del 2018, la compañía se encuentra calificada como CPP (Crédito con Problemas Potenciales) por tres entidades financieras y como deficiente desde el mes de octubre por una entidad financiera, según el Reporte de Crédito Infocorp de fecha 4 de diciembre de 2018. Al tener pasivos que representa el 87% de sus activos, y al haber entrado en proceso concursal, existen riesgos de que las entidades financieras opten por no darle créditos a la compañía.
Es relevante precisar que al 30 de setiembre de 2018, la compañía mantiene procesos arbitrales por reclamos a su favor por un importe estimado de S/133,43 millones. Al 30 de junio de 2018, la cartera de proyectos de la constructora a ejecutarse en los siguientes ejercicios ascendió a S/1.011,4 millones.
"Con el proceso concursal, todas las deudas que se tenían y que se generaron al día de hoy (con proveedores, Estado, trabajadores, etc.) se suspenden. Así el deudor podrá tener un espacio temporal libre para poder plantear un esquema de reorganización. Eso no se puede hacer si tiene que defenderse de ataques todos los días", apunta Pérez-Bonany.
Este Diario intentó comunicarse con la empresa, sin embargo, no obtuvo respuesta.