Petro-Perú registró la peor rentabilidad entre las petroleras estatales en la región

El Instituto Peruano de Economía (IPE) analiza los principales retos que enfrenta el país de cara al mensaje presidencial y en un entorno preelectoral. Preocupa la expansión de las estaciones de servicio de combustible, insumo de la minería ilegal: en Madre de Dios, el número de estaciones ajustada por población es seis veces el promedio nacional.

Impulsar el crecimiento

La economía crecería 3,2% en 2025. No obstante, con este resultado, el PBI se mantendrá aún 7% por debajo de lo que habría alcanzado de mantener la tendencia de crecimiento prepandemia. Cambiar ello requiere de un impulso decidido de la inversión privada, que involucre grandes reformas en materia laboral, tributaria y del proceso de descentralización tal que promueva la competitividad, eleve el crecimiento potencial de la economía y asegure una mejora sostenida del bienestar de la ciudadanía.

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Retomar el manejo fiscal

El déficit fiscal sería de 3,0% del PBI en 2025, incumpliendo la meta vigente por tercer año consecutivo. Parte de ello se explica por el incremento de los gastos rígidos o difíciles de ajustar a corto plazo. Al 2024, estos representan 58% de los gastos del gobierno nacional, principalmente en remuneraciones y pensiones ( 35%) y en el pago de la deuda pública ( 18%). Este incumplimiento acercará más al Perú a la posibilidad de perder el grado de inversión que, de ocurrir, deteriorará las condiciones de vida de la población y desincentivará la inversión privada.

Reestructurar Petro-Perú

La precaria situación de Petro-Perú persiste. En 2024 registró una rentabilidad negativa (-8%), el peor resultado entre las petroleras estatales en la región. La empresa requirió del uso de fondos públicos, acumulando salvatajes por más de S/ 24 mil millones desde 2013, pese al deterioro de las finanzas públicas, y sin condiciones de fortalecimiento institucional de por medio más que las establecidas en un último decreto de urgencia que, sin embargo, cumplió 10 meses desde su emisión sin un avance concreto. Esta situación financiera continuará agravándose en un contexto en el que el precio del petróleo acumula una caída de 28% desde 2022.

Menos pobreza y anemia

El crecimiento de la inversión privada en el último quinquenio ha sido insuficiente para reducir consistentemente la pobreza, en contraste con lo observado entre 2005 y 2014 cuando crecía a doble dígito. La falta de un impulso decidido de la inversión privada, que genere empleo y bienestar, explica por qué hay casi 3 millones más de peruanos en condición de pobreza que en 2019, la gran mayoría en zonas urbanas. Así, en 18 de las 25 regiones, la incidencia de la pobreza persiste por encima de 2019

Las familias en condición de pobreza tienen una dieta insuficiente o inadecuada, lo que las expone a más enfermedades en un entorno de bajo acceso a la salud. En ese contexto, la anemia afectó al 35,3% de niños en 2024, por encima de su nivel prepandemia ( 31,4%) y supera a su nivel prepandemia en 19 regiones. El incremento de la anemia también estaría vinculado con una alimentación inadecuada durante el embarazo. Así, por ejemplo, el 9,9% de los recién nacidos en Loreto tuvieron bajo peso.

Empleo para los jóvenes

Entre 2019 y 2024, el número de jóvenes entre 15 a 29 años que no trabajan ni estudian (ninis) aumentó en 121 mil en el ámbito urbano, casi en su totalidad en los niveles socioeconómicos D y E. Además, el empleo juvenil en Lima Metropolitana y el Callao ha caído por once trimestres consecutivos a junio del 2025. Para combatir este deterioro, es clave hacer más competitivo el mercado laboral, reformando los regímenes laborales para reducir los costos de contratación, así como estableciendo a la indemnización como la protección adecuada frente al despido.

Cerrar las brechas de servicios

Impulsar la competitividad exige atender las brechas en servicios básicos. En educación, el 51% de los locales públicos requieren sustitución total. En salud, las deficiencias en gestión llevan a que el 26% de medicamentos en establecimientos públicos esté desabastecido. Asimismo, 63% de la población consume agua sin el nivel de salubridad adecuado, lo que incrementa el riesgo de enfermedades. La descentralización requiere reformas para que cumpla efectivamente su objetivo: proveer de servicios de calidad a la ciudadanía. Para ello, es clave también abrir mayores espacios para la participación del sector privado.

Combatir la inseguridad ciudadana

Al primer semestre del 2025, las denuncias por extorsión se habrían multiplicado por más de 7 veces frente a la primera mitad de 2019. Otros delitos como estafas y homicidios al menos se duplicaron. Sin embargo, el presupuesto público para combatir la inseguridad ciudadana se redujo 24% en términos reales en dicho periodo. Además, solo el 29% de las comisarías cuenta con infraestructura en buen estado. En agregado, la inseguridad generaría un costo anual de S/30 mil millones (o 2,8% del PBI), según el BID.

Enfrentar a la minería ilegal

El creciente avance de las economías ilegales se torna cada vez más gravitante y coincide con una débil presencia estatal. El valor de oro ilegal exportado alcanzaría, por primera vez, al de origen legal, sin considerar los envíos de oro de contrabando hacia países vecinos. La magnitud es tal, que estas serían 4 veces más grandes que las de cocaína y tala ilegal, y superarían a las exportaciones de productos no tradicionales de cualquier otra región.

El combustible es un insumo principal de la minería ilegal. En la última década, el número de estaciones de servicio de combustibles por cada 10 mil habitantes se incrementó significativamente en Puno, Cusco y Apurímac, regiones con alta presencia de minería ilegal. Aunque en Madre de Dios este indicador bajó a causa de un crecimiento de la población, es casi el doble que en Puno y seis veces el promedio nacional. Ello es consistente con un consumo de combustibles por habitante 5 veces más alto en Madre de Dios que frente al promedio nacional o el de las regiones amazónicas.