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Proyecto de ley busca derogar el régimen laboral agrario

Eliminar este sistema fomentará la informalidad y pobreza en el sector agrario, afirman especialistas

Sector agrario

(Foto: El Comercio)

Aunque nunca fueron establecidos, el Frente Amplio parece haber identificado antes que el resto de la población cuáles deberían ser los límites exactos de crecimiento del sector agrario: “Ya se cumplieron los objetivos de incrementar la producción agraria, generar empleo en el sector y elevar los niveles de las exportaciones agroindustriales”, señala el proyecto de ley 508, uno de los varios que busca derogar o modificar sustancialmente la ley del régimen laboral agrario.

Esto tras considerar que “institucionaliza un contexto de discriminación laboral y salarial” y que las condiciones económicas de las empresas del sector han crecido tanto que ya no justifican un régimen que “reduce su carga laboral y tributaria”.

En su lugar, propone que los trabajadores adquieran las condiciones laborales de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, que es la que se utiliza para la mayor parte del sector privado.

A manera de resumen, la ley de promoción agraria reduce el costo del trabajador para el empleador, no a través del salario (la remuneración mínima para el sector son S/36,28 diarios o S/1.088 mensuales) sino de los aportes a Essalud (4%) y de las indemnizaciones por despido (15 remuneraciones diarias por año trabajado). En este sentido, solo por dar uno de varios ejemplos sobre los impactos del régimen en cuestión, al término del primer bimestre de este año las agroexportaciones alcanzaron por primera vez en cinco años los US$1.000 millones, según ÁDEX.

“Tienes un esquema exitoso que funciona desde hace 15 años y quieres cambiar todo. No estoy seguro de si esto va a servir al propósito que justamente busca”, cuestiona Flavio Ausejo, de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico.

Sector agrario

(Infografía: Jean Izquierdo)

CON LA BRÚJULA ROTA
Contrario a lo que busca la derogación, eliminar el régimen –implementado en el 2001 especialmente para facilitar la contratación formal– “borraría la oportunidad de seguir formalizando al campesino”, afirma el ex ministro de Agricultura Milton von Hesse.

De hecho, según un estudio de Apoyo Consultoría, del 2004 al 2015 el número de puestos de trabajo formal en la actividad agrícola pasó de 499 mil a 733 mil. Además, la incidencia de pobreza en los trabajadores costeños del sector se redujo de 57% a 20%, entre otros efectos que empezaron casi inmediatamente luego de implementada la ley.

“Parecen propuestas políticas y no técnicas. El régimen tiene todos los beneficios laborales, la única condición es que el contrato está supeditado a los pedidos que se hacen en el exterior”, explica Germán Lora, socio del estudio Payet, Rey, Cauvi.

En coincidencia, el presidente de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú, Ricardo Polis, sostiene que de derogarse la ley no solo van a aumentar los costos de contratación, sino que “habría que persignarse para ver si salen proyectos de irrigación como Majes Siguas II”.

Si aun así se busca apagar el ‘boom’ agroexportador, quizás habría que tomar el caso de Ica: departamento emblema de la agroindustria y, coincidentemente, donde menos pobreza hay en todo el Perú.


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