Cuando el periodista Hugo Bustíos, fue asesinado en Erapata, una localidad de Huanta en Ayacucho, en el año 1988; no se encontró ningún casquillo de bala, pese a que había sido acribillado por una patrulla militar que, además, dinamitó su cuerpo. Este hecho quedó registrado como uno de los tantos incidentes y dificultades que se presentaron durante toda la investigación y proceso judicial que se ha seguido contra el candidato al Congreso de la República por Podemos Perú (PP), Daniel Urresti, acusado del homicidio del corresponsal de la revista Caretas, como presunto autor mediato.
Incluso, la identificación de Daniel Urresti como uno de los presuntos implicados en ese hecho fue develada posteriormente a la condena de dos militares que participaron directamente en el ataque: Víctor La Vera Hernández y Amador Vidal Sanbento. Ambos trabajaron en el cuartel de Castropampa (Ayacucho) junto al ahora congresista.
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La semana pasada, Vanessa Alfaro, quien por más de cinco años fue la abogada de candidato presidencial, renunció en plena audiencia ante las denuncias de presunta compra de testigos para que no declaren contra Urresti.
A continuación, algunos hechos e incidentes que han marcado el proceso judicial contra Urresti Elera, que se encuentra en su segundo juicio oral. En 2019, la Corte Suprema anuló un fallo que lo absolvió por este mismo caso.
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Los nombres de Guerra
Tras el asesinato de Hugo Bustíos, la búsqueda de los responsables al interior del Cuartel Castropampa se complicó pues muchos de los militares solo eran conocidos por sus alias.
Durante dicha época, de lucha contra el terrorismo, los militares usaban apelativos para no ser identificados como parte de su seguridad. Pero ello, en casos de abuso de las Fuerza Armadas, también trajo complicaciones.
Esto ocurrió, por ejemplo, con Amador Sanbento a quien lo conocían como “Ojos de Gato”, a Jhony Zapata Acuña conocido como “Centurión” y Víctor La Vera Hernández conocido como “Javier Landa”. Daniel Urresti, en aquella época, era conocido como “Capitán Arturo”.
Incluso, cuando cambiaban de lugar de trabajo el “nombre de guerra” también variaba, lo cual propició la desaparición de algunos protagonistas del hecho, como la del “suboficial Rojas” que nunca fue identificado.
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El juez amenazado con arma de fuego
Durante el primer juicio oral contra Urresti, rindió su testimonio el exjuez instructor de Huanta (Ayacucho) Moisés Simón Ochoa, quien narró que fue él quien abrió los primeros procesos judiciales contra Hernán La Vera y Amador Sanbento, tras lo cual fue hostilizado y su domicilio fue allanado.
Incluso, recordó, un militar con el alias de “Tauro” ingresó a su despacho y colocó un arma sobre su mesa. Era una ametralladora UZI con silenciador. Según el registro leído en el primer juicio contra el candidato presidencial, el exjuez dijo que lo trataban de “hostilizarlo para que se aparte del proceso”.
Hubo archivo en el fuero militar
Antes de que Daniel Urresti sea procesado por este caso, los autores Hernán La Vera y Amador Sanbento, lograron que el asesinato de Bustíos sea juzgado por el Fuero Militar. En junio del 1999, ambos fueron absueltos y el caso se archivó, según lo reportó la revista Caretas.
El caso fue llevado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se pronunció por el juzgamiento de los implicados en el fuero civil. Con ello, ambos fueron condenados en 2007 a penas de 17 y 15 años, respectivamente. Luego, como se dijo, Vidal Sanbento sindicó entre otros militares que estaban implicados en el asesinato del hombre de prensa a Daniel Urresti, quien había sido jefe de Inteligencia de la base militar de Castropampa (Ayacucho).
Testigos amedrentados
La abogada Dania Coz de la Comisión de Derechos Humanos (Comisedh), que asiste a la familia de Hugo Bustíos, advirtió otros hechos. Recordó que durante el primer juicio oral el exfiscal Luis Landa puso en conocimiento del tribunal de juzgamiento que Urresti había amenazado al testigo Jesús Gálvez, que estaba rindiendo su testimonio. “El fiscal Landa escuchó a Urresti amenazarlo: terruco de m... Ahorita no te van a meter preso, pero estarás preso”, mencionó la abogada.
Además, también se habría tratado de desacreditar a la testigo Ysabel Rodríguez Chipana a través de Donata Ruiz Palomino -vinculada a Urresti- quien aseveró que era terrorista.
Por dichas declaraciones, el Poder Judicial sentenció a Ruiz Palomino por difamación, en setiembre del 2018.
Actas falsas
A través de sus redes sociales, Coz también recordó el caso de Cristóbal Gavilán quien fue llamado como testigo de Urresti -durante el primer juicio- y quien trató de desacreditar a Ysabel Rodríguez Chipana. En una declaración jurada, afirmó que era terrorista y que habría matado a los padres de Donata Ruiz.
Posteriormente, Gavilán admitió en audiencia que lo afirmado en el documento era falso y que no había vivido en Huanta durante la época en que sucedió el asesinato.
Además, agregó la abogada, el notario que supuestamente había autenticado la firma de la declaración jurada de Gavilán, César Girón Arana, informó al tribunal que su firma y sellos notariales habían sido falsificados.
Compra de testigos
La presunta compra de testigos es un tema que ha rondado el primer y segundo juicio oral contra Daniel Urresti. Si bien, en el primer proceso judicial solo se confirmó que algunos testigos llamados por la fiscalía no acudieron a declarar o cambiaron de versión, en el actual proceso dos casos han saltado a la luz.
Uno de ellos ocurrió en octubre del 2020, cuando Ysabel Rodríguez Chipana -una de las principales testigos y quien sindica a Urresti de haberla ultrajado- denunció que Leoncio Ruiz Alanya se acercó a su vivienda para que firme una declaración jurada a favor de Urresti. El caso está siendo investigado por la Fiscalía de Huanta.
Audios y videos se registraron en el segundo caso. Hasta la casa del testigo de la fiscalía, Jesús Gálvez, llegaron Serapio Cárdenas y Jorge Calvera, ofreciendo un pago de US$5 mil para que no acuda a declarar en el juicio contra el candidato presidencial. Los dos últimos, son testigos ofrecidos por la defensa legal de Urresti.
En declaraciones a la prensa, Calvera ha dicho que fue iniciativa suya visitar a Gálvez y que no era “emisario” de Urresti.
La política como manto
Las investigaciones contra Daniel Urresti por el presunto asesinato del periodista Hugo Bustíos, iniciaron en julio del 2009 en el Ministerio Público. Dos años después, estando en el retiro, comenzó a trabajar en el gobierno de Ollanta Humala, como asesor de seguridad nacional.
La fiscalía presentó el caso contra Urresti ante el Poder Judicial cuatro años después de haber iniciado las pesquisas. Fue así que el 17 de junio de 2013 se abrió proceso penal por el presunto delito de homicidio en el Segundo Juzgado Penal de Ayacucho.
Desde entonces, Urresti no ha dejado escapar ninguna oportunidad para continuar en la política, llegando a ser ministro del Interior (2014-2015), candidato a la presidencial (2016), Gerente de seguridad ciudadana (2019-2020) y congresista (2020-2021)
En diversas oportunidades, Urresti ha sostenido que no se escudaría en la inmunidad que le podría ofrecer cualquier cargo político. Hoy, por segunda vez, está tentando la presidencia de la República.
Renuncia abogada
El 2 de febrero pasado, Vanessa Alfaro, renunció a la defensa de Daniel Urresti, tras la denuncia de presunta compra de testigos. La abogada, quien lo había venido defendiendo por más de cinco años, adujo que los hechos denunciados iban contra su desempeño como abogada del candidato presidencial.
La abogada expresó su decisión durante la audiencia que se realizaba y minutos después dejó de asistir legalmente a Urresti.
“A partir de este hecho y tomando conocimiento de los mismos, urge en mí un propósito diferente al inicialmente expuesto, puesto que hoy voy a defender mi nombre, reputación y exigencia profesional que he empleado siempre. No persiguiendo más la defensa de Daniel Urresti Elera. Por tanto, renuncio a la continuación de la defensa en el presente juicio oral”, dijo en la diligencia.
Según ha pudo conocer El Comercio, Alexander Leiva Calderón se acreditó como el nuevo abogado que desde ahora asesorará al congresista.
En diálogo con el abogado, se excusó de dar una declaración indicando que “primero tengo que acreditarme formalmente mañana (este viernes) en audiencia, si bien ya presenté mi apersonamiento escrito, son formalismos de nuestro sistema penal”.
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