Elecciones 2021: las bombas de tiempo que heredará el nuevo gobierno

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Tomando como excusa la pandemia, los representantes del período legislativo 2020-2021 han aprobado una serie de leyes de impacto económico negativo, que los ha llevado a un enfrentamiento constante con el Ministerio de Economía. “Hemos votado a favor de iniciativas que sabíamos que eran posiblemente inconstitucionales y muchas de ellas han llegado al TC y han sido lamentablemente derogadas”, reconoció el legislador Mariano Yupanqui (Descentralización Democrática) en la sesión plenaria del último jueves.

En dicha sesión, la representación legislativa rechazó una moción que proponía censurar al presidente Francisco Sagasti. Si bien no se aprobó, algunos legisladores como Lenin Bazán aprovecharon para proponer la censura del ministro de Economía, Waldo Mendoza.

La molestia de los parlamentarios radica en las derrotas que han tenido frente a las demandas de inconstitucionalidad del gobierno ante el Tribunal Constitucional. Hasta la fecha, el TC ha declarado inconstitucional la ley que suspendía el cobro de peajes, el ascenso automático en Essalud y el retiro de fondos de la ONP. En proceso de revisión constitucional están las normas sobre el tope de tasas de interés y la eliminación del régimen CAS. El titular del MEF anunció que también presentarían demandas contra la devolución de aportes de Fonavi y la negociación colectiva.

El mismo ministro Mendoza explicó que estas medidas resultan necesarias para salvaguardar la estabilidad económica. “Estamos yendo al TC porque queremos proteger el futuro del país, su estabilidad macroeconómica, y que los gobiernos que vengan adelante tengan cierta tranquilidad para manejar las finanzas públicas”, dijo.

Panorama incierto

El economista Jorge González Izquierdo coincidió con el ministro en que las leyes de este Congreso podrían causar un grave impacto en el comportamiento macroeconómico. Según refirió, este Congreso se ha convertido en “una fuente permanente de ‘shock’ de oferta negativo”, lo que tendrá severas consecuencias para el próximo gobierno.

“Estas leyes afectarán las finanzas públicas, el proceso de determinación de salarios en la economía. Desnaturaliza una serie de instituciones, como el seguro público y privado de pensiones. Podría desestabilizar el comportamiento del Banco Central de Reserva y poner en peligro la estabilidad del sistema monetario financiero del país”, refirió el economista.

Para Pablo Lavado, profesor del Departamento de Economía de la Universidad del Pacífico, en este período se viene legislando solo para el 30% de la población con mayores recursos. “Los retiros de las AFP y la CTS, la negociación colectiva, son normas para el sector formal. No está bien dirigida la legislación y encima afecta la sostenibilidad fiscal”, advirtió.

El economista recordó que el MEF ya presentó la programación multianual para los próximos tres años, la cual tendría que reprogramarse. Para Lavado, el nuevo gobierno deberá trabajar con el próximo Congreso para reordenar todo lo que deja este período. “El problema es que nada te asegura que el nuevo Congreso no siga este espíritu populista. Además, tenemos que uno de los candidatos presidenciales podría alinearse a ese espíritu y tendríamos un festín fiscal”, aseguró.

De salida

Diethell Columbus, actual parlamentario de Fuerza Popular –uno de los partidos que disputa la segunda vuelta de estas elecciones– consideró que será clave el nombramiento del ministro de Economía.

“El nuevo gobierno deberá revisar lo que es viable, pero más allá de los argumentos fríamente numéricos. Después de eso se tomarán las decisiones, aunque pensando en romper la hegemonía dictatorial del MEF”, dijo. Columbus defendió las normas sobre la eliminación del régimen CAS y la de negociación colectiva. La fórmula que criticó fue la de la nueva devolución para fonavistas.

“Tenemos una Comisión de Economía que es una vergüenza. Los dictámenes deberían tener viabilidad técnica-constitucional y financiera. Es una vergüenza”, acusó el fujimorista.

Este Diario intentó recoger la opinión de miembros de Perú Libre, pero no recibimos respuesta.

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PUNTO DE VISTA

Mochila y media

Diego Macera, gerente general del IPE

Cuando el presidente Kuczynski asumió el cargo en julio del 2016, heredó casi la misma agenda de pendientes que tuvieron sus antecesores: mejorar el sistema de inversión pública, reducir la informalidad, potenciar la productividad, etc. Y, nuevamente, en el quinquenio se avanzó poco y nada.

El siguiente presidente asumirá no solamente esta vieja posta, sino que partirá con la desventaja adicional de una economía golpeada por la pandemia y un marco legislativo en continuo deterioro. Algunos desatinos del presente Congreso han sido adecuadamente atajados por el Ejecutivo o el Tribunal Constitucional –sobre todo aquellos que implicaban gasto público–, pero no todos.

Lo que preocupa sobremanera es esta nueva sensación de que cualquier cosa puede pasar por el Legislativo. El que sea una pésima idea ya no es limitación. En el Estado, ello complica enormemente la gestión pública meritocrática, y en el sector privado, reduce al mínimo la predictibilidad que necesita cualquier negocio para invertir y contratar personal.

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