La coaster de placa M1K-737 tenía una deuda en papeletas de 1,4 millones de soles cuando su chofer ocasionó tres siniestros entre el 2015 y el 2019, donde 20 personas resultaron heridas. La combi de placa C1Q-372 debía 163 mil soles en papeletas cuando su conductor sin brevete atropelló y le pasó por encima de una fiscalizadora, fracturándole una pierna, antes de darse a la fuga en enero del 2021. Ese mismo año, el bus de placa C2E-759 debía 30 mil soles en infracciones cuando ocasionó un accidente que dejó dos muertos.
En el Perú, las papeletas de tránsito no parecen tener ningún efecto de castigo para los infractores ni cambio en sus conductas al volante: durante años los choferes las han acumulado sin disuadirlos a no repetir las negligencias. Esto ocurre, en parte, porque los ciudadanos cuentan con demasiados recursos legales para no pagar las multas, haciendo que las papeletas impugnadas no se puedan cobrar y al cabo de cuatro años prescriban. Ello, sin contar la existencia de una mafia de abogados de tránsito especializados en la impugnación de multas en el centro de Lima que permiten que esos choferes sigan conduciendo. Si a todo lo anterior se le suman las amnistías, fraccionamientos y descuentos que por años se promueven en las municipalidades, haciendo que todo infractor no se sienta en la obligación de pagar estas multas, se crea todo un ecosistema ideal para la impunidad en las pistas.
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Recientemente, un equipo de la campaña #NotePases de El Comercio analizó placa por placa un total de 230 minivanes que recorren la Javier Prado haciendo taxi colectivo, un negocio ilegal en Lima, para elaborar el informe titulado “Los dueños de la Javier Prado”. En promedio, en esta avenida, por cada 100 unidades se generan casi 1 millón de soles en papeletas sin pagar. Además, cerca de la mitad de los choferes analizados manejan sin un brevete habilitado. Este servicio ilegal es el que pretende legalizar en Lima el congresista Segundo Montalvo, quien además tiene el brevete suspendido por multas y varios procesos penales. Solo en esa gran avenida, por cada bus del corredor complementario pasan 12 colectivos informales.
LOS DUEÑOS DE JAVIER PRADO
Decreto que pone freno al caos
Luego de la difusión de este informe, la titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Paola Lazarte, reveló en exclusiva a El Comercio una propuesta de decreto legislativo que su gestión ha preparado: consiste en ponerle un tope a la acumulación de papeletas, lo cual permite llevar al chatarreo automático a los vehículos que superan ese límite. “Lo que queremos hacer es que aquellos vehículos que tienen miles de papeletas impagables, una vez que supere un determinado monto, se pase ese vehículo al chatarreo y desaparezca del mercado”, dijo a este Diario la ministra Paola Lazarte.
Lazarte explicó a El Comercio que este decreto legislativo lo propondrá el MTC dentro del paquete de medidas que prepara el Ejecutivo en el marco de las facultades legislativas que solicitará tener.
/ En un principio, acotó la ministra, esta medida alcanzaría a las unidades de transporte público (combis, buses y taxis colectivos), para posteriormente evaluar extenderlo al transporte particular. “Manejar mal un vehículo es como manejar un arma. Ahí es donde sale la propuesta del chatarreo (automático). Estamos trabajando en la metodología que tenga como variable las multas acumuladas. Si esta acumulación (de papeletas) es mayor que el valor comercial del auto, pasarlo como chatarreo obligatorio sería una medida disuasiva. Así las personas van a interiorizar el costo económico de ser un problema en la sociedad”, agrega Lazarte.
En otras palabras, una combi pirata con 15 años de antigüedad, con un valor comercial aproximado de 36.000 soles, si acumulara dos papeletas de código N01 (por hacer transporte sin autorización, cuyo costo es de 17.200 soles cada una), y fuera intervenida por la Autoridad del Transporte Urbano (ATU), Sutrán o la PNP, iría directo a una planta de chatarreo.
El problema con las multas actualmente es que, al acumularse hasta que exista una orden de captura, solo permiten que el vehículo sea trasladado al depósito, donde posiblemente el propietario nunca lo recupere por el elevado valor de las infracciones, ocupando un lugar allí y haciendo que los depósitos permanezcan repletos, impidiendo que otras unidades infractoras ingresen por falta de espacio.
Este decreto legislativo lo propondrá el MTC dentro del paquete de medidas que prepara el Ejecutivo en el marco de las facultades legislativas que solicitará tener. Al ser un decreto legislativo, tendría rango de ley, a diferencia de un decreto supremo, que solo se convertiría en un reglamento de ley.
Una propuesta de esa naturaleza hubiera permitido, por ejemplo, que la coaster más peligrosa de Lima, conocida como ‘La Bestia de Petit Thouars’ tras un documental de El Comercio (2019), hubiera podido salir de circulación en el 2012, cuando acumulaba ya cerca de 30 mil soles en multas, y así hubiera evitado poner en riesgo a sus pasajeros, a peatones y al medio ambiente por varios años más.
Bajo análisis
Esta propuesta ha sido analizada por una serie de expertos en materia vial consultados por El Comercio, quienes han hecho énfasis en la necesidad de que el MTC ajuste algunos factores legales antes de ejecutarla.
Martín Ojeda, director de relaciones jurídicas de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte (CIT), considera que ese decreto debería establecer parámetros frente a las nuevas formas de ilegalidad en el transporte, así como de las conductas informales que afectan la seguridad de los usuarios. “En caso de darse un proyecto, se debería accionar, por ejemplo, contra vehículos que no cumplen con su autorización de ruta, ni con tener seguro obligatorio, ni con la revisión técnica, ni con licencia de conducir”, sostiene.
Ojeda añade que las empresas de transporte a la que pertenecen las unidades que superen ese tope de multas deberían tener una sanción ejemplar que involucre “el depósito de la unidad vehicular inmediata y de ser el caso el chatarreo de la misma; la cancelación definitiva de la licencia de conducir y, de no tener licencia, la inhabilitación permanente para cualquier tipo de permiso; y establecer en la tipificación penal el delito de exposición al peligro con pena privativa de libertad para quienes incurran en estos ilícitos“, añade.
El coronel (r) Franklin Barreto, exjefe de la división de accidentes de tránsito de la policía, cree que esta medida sería efectiva, pues podría generar no solo el efecto disuasivo, sino también ayudaría a liberar las vías del parque automotor antiguo que circula en ellas. “Sin embargo, debe evaluarse legalmente el tema de la propiedad vehicular, pues aquí el estado estaría disponiendo de esa propiedad”, dice Barreto.
Luis Quispe Candia, abogado y fundador de la ONG Luz Ámbar, cree que la propuesta “tiene buena intención, pero debe tomarse con pinzas por que toda infracción tiene un procedimiento administrativo que está definido por la ley y un exceso puede hacer que incluso el MTC reciba una demanda judicial”. Quipe añade: “Nosotros impulsamos la ley que crea los juzgados administrativos de tránsito, que fue aprobada por el congreso. El tema de fondo es implementar esos juzgados de tránsito y así acelerar el procedimiento sancionador de las multas”.
