Aeropuerto Jorge Chávez: ¿Qué medidas tomará LAP para impedir el ingreso de taxistas con múltiples denuncias y qué tan efectivas serían?

Como novedad, a partir de una muestra de 240 taxistas identificados por El Comercio en el estacionamiento del aeropuerto, la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) encontró que 165 conductores no cuentan con la habilitación de conductor vigente.

Esta alarmante situación pone en riesgo a los pasajeros locales y turistas internacionales que llegan a diario al primer terminal aéreo del Perú. Asimismo, requiere una solución urgente, pues un nuevo terminal único de pasajeros iniciará operaciones en el aeropuerto el próximo 18 de diciembre. Este tendrá capacidad para atender a 30 millones de usuarios anuales.

Por ello, ante las revelaciones del informe previamente mencionado, Lima Airport Partners (LAP), empresa operadora del Jorge Chávez, declaró a este Diario sobre las medidas que tomará para erradicar el problema en el nuevo terminal.

“Se ha previsto limitar los espacios de acceso a cualquiera que pretenda generar desorden o replicar estas malas prácticas de informalidad que vemos en el terminal actual. Su diseño estructural [del nuevo espacio] contará con niveles diferenciados y accesos que no permitirán que se generen estas de situaciones”, aseguró.

Por otro lado, LAP informó a este El Comercio que, para ayudar a que las autoridades regulen, fiscalicen y sancionen a los taxistas de acuerdo a sus competencias, la empresa suscribió acuerdos con la ATU y la Policía Nacional (PNP) para apoyarlos en sus labores

“LAP brinda todas las facilidades para el ejercicio de sus respectivas funciones. En su rol de operador, ha cumplido con otorgar espacios y equipamiento –entre ellos, sistemas de videovigilancia y un centro de control— al servicio del personal de ambas instituciones”. LAP subrayó que no tiene ninguna competencia reguladora, fiscalizadora y mucho menos sancionadora.

Según LAP, los más de 200 taxistas del aeropuerto con denuncias policiales y procesos en la fiscalía operan con impunidad debido a que el estacionamiento de este terminal es un espacio público.

Para Aníbal Quiroga, abogado constitucionalista, LAP sí es responsable de la seguridad de los usuarios en el estacionamiento del aeropuerto Jorge Chávez al ser este un espacio público sujeto a una concesión.

“LAP cobra como concesionario del aeropuerto y, por lo tanto, es responsable de la integridad y seguridad del servicio a sus usuarios, incluso en el estacionamiento, que es un espacio público concesionado”, sostiene.

Franklin Barreto, exjefe de la División de Investigaciones de Actividades de Tránsito de la PNP, declaró a El Comercio que LAP puede determinar una serie de normas de ingreso, salida y uso del estacionamiento del Jorge Chávez como empresa dueña de la concesión del mismo.

Además, Barreto recordó que existe una comisaría adentro del aeropuerto. En ese sentido, a propósito de las revelaciones de este Diario, Barreto explicó cuáles son las competencias que tiene la PNP en este terminal.

“Los policías pueden detener a los conductores con una medida restrictiva de la libertad, como una detención preliminar o una requisitoria; no puede hacerse esto a partir de una denuncia o un proceso en fiscalía. Sin embargo, con la información de este reportaje, la Fiscalía de prevención del delito y la Policía deben reforzar la investigación de los conductores que todos los días están en el estacionamiento del aeropuerto para encontrar quiénes tienen una orden de captura”, detalla.

Por otro lado, Barreto comentó que la ATU debe mejorar los filtros de validación de requisitos necesarios para que vehículos y conductores obtengan la autorización para el servicio de taxi. El experto manifiesta que el progreso en esta labor permitirá que LAP restrinja el acceso a los choferes y unidades infractores.

“A través de una estrategia en conjunto, LAP debe contar con la información de ATU sobre los taxis y conductores debidamente autorizados para brindar este servicio. De tal forma, previo a su ingreso al aeropuerto, debe hacerse una revisión que impida el ingreso de los taxis y personas que incumplen los requisitos. Esto también evitará el ‘ruleteo’ de tickets entre choferes”, argumenta.

“Es necesario este nivel de revisión ante la crisis que ha expuesto El Comercio. LAP debe desarrollar una estrategia con las autoridades para que este control en el ingreso al aeropuerto no genere demoras a los pasajeros”, asevera.

Cabe destacar que, entre los requisitos para ser un taxista autorizado por la ATU, los postulantes solo deben presentar una declaración jurada que detalle sus antecedentes penales. Posteriormente, la institución revisaría esta información para validar su veracidad.

Además, los conductores deben demostrar que no están inscritos en el subregistro de personas condenadas por delitos de trata, explotación sexual, violación, tocamientos y otros.

Desde la suscripción de un convenio con LAP, firmado el 9 de febrero, la ATU informó que detectó 177 vehículos que prestaban el servicio de taxi de manera informal en el aeropuerto Jorge Chávez. La entidad destacó que ha realizado 392 acciones de fiscalización hasta el momento en todas las vías de acceso y de salida de este terminal.

Así también, la entidad precisó que las intervenciones se realizan tanto a taxistas independientes como a los que pertenecen a empresas comerciales autorizadas. Además, alertó que, si los vehículos intervenidos no cuentan con la autorización necesaria para realizar el servicio de taxi, se impondrá una multa de S/5.150 al conductor y otra de S/10.300 al propietario de la unidad.