La violencia física y psicológica es un problema social que en el primer semestre de este año, ha derivado en más de 76 mil denuncias ante el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP). Para muestra un botón. El último lunes, el futbolista Christian Cueva fue denunciado por violencia física y psicológica contra su aún esposa, Pamela López, quien ha rendido su testimonio y presentado videos y audios que la respaldan.
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A raíz de este hecho, un día después, la Quinta Fiscalía en Violencia Contra la Mujer de Lima Centro (4.° Despacho) decidió iniciar diligencias preliminares contra el deportista por el presunto delito de agresión en contra de las mujeres o integrantes del grupo familiar, mientras que el 8° Juzgado de Familia de la Corte Superior de Justicia de Lima (CSJL) otorgó medidas de protección a favor de Pamela López y sus tres menores hijos.
Estas medidas de protección comprenden el prohibir a Christian Cueva cualquier tipo de acto que implique violencia familiar y acercamiento a Pamela López, bajo apercibimiento de ser denunciado penalmente por desobediencia a la autoridad. También se prohíbe todo tipo de comunicación violenta mediante palabra, llamadas telefónicas, redes sociales, mensajes de texto, mensajes de WhatsApp, ya sea directa o indirectamente.
Adicional a ello, la mañana del miércoles, Pamela López asistió a la Corte Superior de Justicia de Lima para instalar el “Botón de Pánico” en su celular, lo que permitirá alertar de forma inmediata a las autoridades en caso el denunciado se acerque a ella o sus hijos.
La Corte de Lima instaló el aplicativo “Botón de Pánico” en el celular de Pamela López Solórzano, como parte de las medidas de protección otorgadas por el 8° Juzgado de Familia, contra su esposo, el futbolista Christian Cueva Bravo por violencia física y psicológica. pic.twitter.com/XupOG29kzX
— Corte Superior de Justicia de Lima (@CSJdeLima) August 21, 2024
¿Cómo funciona y quiénes pueden usar plataforma?
La Dra. Yavari Villanueva, Jueza Penal Especializada en Delitos de Violencia de Género de la CSJL, precisó a El Comercio que el Botón de Pánico es una medida que es dispuesta por orden judicial, pues se se encuentra comprendida en una resolución que emite un juez de familia, a través de la cual se busca proteger la integridad de la víctima.
“Es una medida que implica el uso de la tecnología, incorporada en el celular de la víctima para cuando esta sienta, perciba o note un riesgo, por ejemplo, que su agresor se aproxima a su vivienda o se encuentra cerca de ella, lo que deriva en el incumplimiento de una medida de protección dada por el Poder Judicial. De darse este escenario, entonces, la víctima puede dar aviso a las autoridades presionando este botón”, explicó.
La magistrada comentó que, en el caso de la CSJL, la app de este botón se viene implementando desde el 2019, aproximadamente. A fin de determinar qué víctima de agresión o violencia puede utilizar este sistema primero se elaboran fichas de valoración de riesgo. Villanueva dejó en claro que el Botón de Pánico se va a implementar exclusivamente en los celulares de aquellas víctimas que hayan sido clasificadas con las denominaciones de “riesgo severo” o “riesgo grave”.
“Esta valoración se va a hacer de acuerdo a las condiciones en las que se produjo el hecho y también a las características de la víctima. Supongamos que la denuncia se plantea ante una comisaría. La ficha de riesgo va a ser valorada no solamente por el policía de turno, sino también por la autoridad fiscal y judicial, y de acuerdo a ello se va a determinar la imposición de este botón de pánico para las medidas preventivas”, indicó.
Villanueva dijo que las personas a las que se les instala este aplicativo reciben una pequeña instrucción por parte del personal jurisdiccional. Resaltó que su uso tiene que se responsable, es decir, siempre y cuando se sientan en inminente en peligro o vean que su agresor está incumpliendo las medidas de protección que se les ha impuesto.
La funcionaria detalló que una vez presionado este botón, este emitirá inmediatamente la geolocalización del lugar donde se haya la víctima, la misma que será emitida a la autoridad policial respectiva. Esta, a su vez, deberá realizar las coordinaciones del caso para enviar al sitio mencionado a un agente policial o un grupo de efectivos, dependiendo la gravedad de la situación, para que intervenga al acusado.
“Como parte de la funcionalidad este sistema también se puede establecer una coordinación y solicitar el apoyo del personal de serenazgo del distrito donde ocurre la alerta. Una vez que la policía se constituyen al lugar, de notar la existencia de un acto flagrante de agresión, procede a detener al agresor para ponerlo a disposición de la Fiscalía, la cual hará la toma de declaración para la solicitud de detención preliminar o judicial, según sea el caso. Acto seguido inician las investigaciones”, refirió.
Villanueva agregó que el Botón de Pánico también tiene la función de disuadir al agresor a cometer un delito, pues este al notar la presencia policial puede dar marcha atrás a su intento de agredir física o verbalmente a la víctima, y retirarse del lugar. De esta manera, resaltó que dicha plataforma cumple en ser una medida preventiva y cauteladora de la integridad física y psicológica de la persona agraviada.
Por otro lado, Villanueva sostuvo que de darse el incumplimiento de las medidas de restricción por parte del agresor, este es pasible de cometer un delito y este delito corresponde al de resistencia o abuso a la autoridad. Subrayó, además, que el artículo 368 del Código Penal prevé esta conducta de vulneración, infracción o incumplimiento a las medidas de protección como una conducta agravada, otorgándole pena privativa de libertad mínima de 5 años y máxima de 8 años.
“Entonces, se tiene que tomar en consideración que si se dictan medidas de protección a favor de una víctima estas deben ser cumplidas, ya que si se incumplen configura un delito, a la par del delito que ya se está investigando primigeniamente”, destacó la magistrada.
¿Qué resultados ha tenido?
Villanueva informó que en la CSJL, en lo que va del año (hasta agosto), alrededor de 650 víctimas han activado el botón de pánico (3.800 a nivel nacional), originando que la policía se constituya al lugar de los hechos a efectuar las verificaciones del caso. Allí levanta un acta que será incorporada al proceso que se le sigue al agresor. “Con estas acciones lo que se trata de prevenir son delitos de lesiones o que la violencia escale, de repente, hasta un feminicidio”, dijo.
Asimismo, se conoce que de enero a agosto del 2024, la CSJL instaló este aplicativo en 240 celulares de mujeres e integrantes del grupo familiar, alcanzando un aproximado de 700 en total.
En tanto, a nivel nacional, el aplicativo se instaló en 2.210 personas este año, por lo que a la fecha, el número total de víctimas que poseen esta plataforma en sus teléfonos en todo el país supera las 13 mil.
La magistrada detalló también que a nivel nacional, en el año 2023, se han resuelto aproximadamente 1.741 procesos por delitos de feminicidio, cifra que alcanza los 1.018 casos este 2024 (hasta agosto). En la jurisdicción de Lima, por este mismo delito, se han resuelto 74 procesos en el año 2023, mientras que en lo que va del presente año el número es de 55.
Por otro lado, durante el 2023, la Corte de Lima otorgó 8.984 medidas de protección ((una de ellas es la instalación del botón de pánico), mientras que de enero de este año a la fecha, brindó 4.261 medidas, con el objetivo que las víctimas puedan tener apoyo inmediato de parte de las autoridades.
Cabe mencionar que el aplicativo “Botón de Pánico” está conectado a la Central de Emergencias 105 de la Policía Nacional del Perú y a la Central de Serenazgo de los 16 distritos de su jurisdicción.
El registro de la violencia
De acuerdo con estadística de los Centros de Emergencia Mujer (CEM), de enero a julio de este año se han atendido 40.103 casos de violencia psicológica y 36.213 de violencia física, cifra que representa el 76% del total de atenciones (el resto corresponden a violencia sexual y económica).
De todas estas denuncias, en el 82,8% de los casos la víctima era una mujer. En tanto, dolo del porcentaje de mujeres víctimas, en ocho de diez casos las denuncias fueron por violencia física (38,26%) y psicológica (40,75%).
