¿Golpe al sistema de justicia o un acierto para agilizar los procesos penales? Diversas opiniones ha generado la aprobación en primer instancia por parte del Congreso, el último jueves, del dictamen que propone modificar el Código Procesal Penal -Decreto Legislativo 957-, el cual faculta a la Policía Nacional del Perú (PNP) a dirigir la investigación preliminar de los delitos, labor que actualmente se encuentra en manos del Ministerio Público. Si bien un sector se ha mostrado a favor de esta medida, otro señala que podría vulnerar la autonomía del referido organismo público.
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En la iniciativa legislativa se precisa que “el Ministerio Público está obligado a actuar con objetividad, indagando por intermedio de la PNP los hechos constitutivos del delito que determinen y acrediten la responsabilidad o inocencia del imputado. Con esta finalidad, conduce jurídicamente los actos de investigación que realiza la PNP”.
También se estipula que dicha investigación no tiene carácter jurisdiccional y que si fuera indispensable una decisión de esta naturaleza, la Policía Nacional la requerirá del órgano jurisdiccional competente. “La PNP tiene a su cargo la investigación preliminar del delito y, en tal sentido, realiza las diligencias que, por su naturaleza, correspondan a dicha competencia, de conformidad con sus leyes y reglamentos”, se añade en el proyecto.
Además…
-La iniciativa legislativa obtuvo 72 votos a favor, 29 votos en contra y 4 abstenciones.
-De acuerdo con el último párrafo del artículo 78 del Reglamento del Congreso, el dictamen aprobado será sometido a segunda votación transcurridos 7 días calendario. Es decir, el próximo jueves.
-La iniciativa legislativa se sustenta en los proyectos de ley 819/2021-CR, 1552/2021-CR, 1775/2021-CR, 4660/2022-CR, 5944/2023-CR, 6498/2023-CR, 6574/2023-CR, 7175/2023-CR y 7204/2023-CR.
Al respecto, la Fiscalía de la Nación emitió un comunicado la tarde de este viernes, en el que señala que tras revisar el mencionado dispositivo legal ha concluido que en este se aprecia un “evidente contenido institucional por violar flagrantemente el inciso 4 del articulo 159 de la Constitución Política del Estado, que establece como atribución del Ministerio Público la conducción de la investigación del delito desde su inicio y la obligación de la PNP de cumplir los mandatos fiscales en el ámbito de dicha función”.
Asimismo, hizo mención a los cuatro Decretos Legislativos anunciados por el Ejecutivo en diciembre pasado, en el marco de las facultades delegadas por el Congreso en materia de seguridad ciudadana. Uno de estos documentos también proponía permitir a la PNP investigar preliminarmente algunos delitos sin la presencia de un fiscal.
📣 Fiscalía de la Nación se pronuncia ante difusión de la primera votación aprobatoria del texto sustitutorio de la ley que modifica el Código Procesal Penal, Decreto Legislativo 957, para fortalecer la investigación del delito como función de la PNP y agilizar procesos penales. pic.twitter.com/Q7mxWEMCcy
— Ministerio Público (@FiscaliaPeru) August 23, 2024
“Ante la emisión de los Decretos Legislativos 1592, 1604, 1605 y 16 11 por el Poder Ejecutivo, la Fiscalía de la Nación presentó el 7 de mayo pasado, una demanda de inconstitucionalidad por similares fundamentos jurídicos, la cual ha sido admitida mediante Auto del Tribunal Constitucional, del 27 de junio, otorgando 30 días hábiles para la contestación de la demanda; por tanto, dichas normas con rango de ley ya se encuentran sometidas a evaluación de inconstitucionalidad”, resaltó.
Por ello, exhortó al Congreso a reflexionar y darle una especial ponderación a la decisión del Tribunal Constitucional con la finalidad de “construir un mejor clima de institucionalidad, separación de poderes y orden democrático”. Agregó que el referido dictamen será motivo de análisis y evaluación constitucional por la Junta de Fiscales Supremos en la próxima sesión.
“Cabe señalar que las competencias constitucionales del Ministerio Público, en la investigación penal, ha sido expresamente respaldada recientemente por el máximo intérprete de la Constitución en la sentencia recaída en expediente del 16 de abril del 2024, donde se ratifica el carácter constitucional de la conducción de la investigación, desde su inicio, por el Ministerio Público”, finalizó.
Se muestran a favor
El titular de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, Isaac Mita Alanoca, sostuvo que las modificaciones que propone la fórmula legal “están orientadas al fortalecimiento del debido proceso y las garantías procesales, así como la protección de los derechos fundamentales de las partes”.
“Esto abarca aspectos como el derecho a la defensa, el principio de igualdad procesal y proporcionalidad, la transparencia en el proceso judicial, la prevención de la impunidad y el desarrollo de la labor de investigación criminal por parte de la Policía Nacional del Perú en cooperación con el Ministerio Público”, señaló.
Estas modificaciones, precisó, están sustentadas en los informes de las diversas entidades, jurisprudencia y doctrina; asimismo, por la normativa comparada criminal de diversos países.
Esta posición es compartida por el congresista Waldemar Cerrón, quien dijo que las modificaciones que plantea el referido dictamen permitirán agilizar los procesos al permitir que la Policía Nacional actúe de manera independiente. “La Policía será quien emita un informe técnico que será enviado al fiscal para que este decida formalizar o archivar el proceso”, manifestó.
Por su parte, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, se mostró a favor de la norma aprobada y recordó que dicha facultad de investigar ya la tuvo la Policía Nacional anteriormente. Argumentó en que el Ministerio Público no desarrolla efectivamente su labor y por el contrario libera a los delincuentes.
“Eso no es un golpe a la justicia, es un golpe a la realidad, porque los que intervienen son los policías, quienes ponen el pecho son los policías. Yo saludo lo que ha hecho el Congreso, que es restituir las facultades que a la Policía le compete. Porque aquí lamentablemente, reitero, el Ministerio Público ha sido un actor absolutamente indiferente y le ha dado libertad a los delincuentes”, afirmó.
Por otro lado, el exministro del Interior, Cluber Aliaga, aseguró que la nueva iniciativa del texto sustitutorio que otorga facultades a la Policía Nacional del Perú para liderar investigaciones preliminares mejorará el sistema judicial en el país. Remarcó que las capacidades de la institución policial son bastas para enfrentar e investigar casos criminales.
¿Cómo impacta esta medida?
Aarón Aleman, abogado penalista, dijo a El Comercio que el principal problema de este dictamen es que ahora quienes decidirán si un hecho es constitutivo o no de delito en nuestro país es la PNP, entidad que no tiene preparación en Derecho, corriendo el inminente riesgo de que se adopten decisiones totalmente arbitrarias, desnaturalizando con ello, el proceso penal vigente y las garantías propias de un Estado Constitucional de Derecho.
“Una siguiente problemática de este proyecto parlamentario inconstitucional descansa en la vulneración de la autonomía e independencia del Ministerio Público, por cuanto toda la fase de diligencias preliminares será dirigida y definida por la Policía Nacional, permitiendo que los efectivos policiales decidan si el caso tiene mérito para informar a la Fiscalía o no, evitándose prohibitivamente una de sus principales funciones: ser guardianes de la legalidad”, detalló.
Aleman agregó que todo lo explicado va en contra a la implementación de la reforma introducida por el Código Procesal Penal de 2004, al contravenir directamente el principio acusatorio y, sobre todo, la facultad atribuida al Ministerio Público de disponer el archivo preliminar de la investigación; esto es, la posibilidad de evaluar previamente cuestiones de tipicidad, antijuricidad, culpabilidad y estándar probatorio mínimo según doctrina y jurisprudencia vinculante en nuestro país.
Adicional a ello, el experto opinó que con este dictamen se pretendería evitar que el Ministerio Público solicite requerimientos de medidas cautelares urgentes que permitan la presencia del investigado en el proceso penal, “tales como la detención preliminar y/o allanamientos en supuestos de flagrancia delictiva, todo lo cual termina lapidando la persecución eficiente y eficaz en la lucha contra la corrupción y la criminalidad organizada en nuestro país”.
En tanto, Jorge Chávez Cotrina, fiscal coordinador contra el crimen organizado, consideró que una vez empiece a regir la norma, todas las investigaciones o carpetas fiscales que están en el Ministerio Público van a tener que ser llevadas a las Depincris. Refirió que esa situación será un problema para la PNP, ya que que según el plazo de ley establecido, la investigación debe resolverse dentro de 60 días máximo, por lo que muchos casos se quedarían en el aire. El incumplir esta función ameritaría que cualquier agente sea denunciado en inspectoría por omisión de funciones.
“Se trata de más de 150 mil carpetas que por mandato de ley los fiscales vamos a tener que derivarlos a la policía, están preparados siquiera para recepcionarlos? ¿tienen personal preparado y suficiente para investigar? La realidad es otra. Los fiscales nos vemos obligados a investigar en nuestros despachos porque cuando llevamos una carpeta fiscal a la policía nos dicen que no nos pueden apoyar por falta de personal y logística”, dijo.
Para Chávez Cotrina será sumamente peligroso porque habrá tanta carga en la policía que muchas investigaciones se van a parar por falta de personal y capacitación, y traerá como consecuencia que la sociedad vea que no se cumple con la fórmula de poder.
¿Ayudará a luchar contra la criminalidad?
Frank Casas, experto en seguridad ciudadana, indicó a El Comercio que más que discutir quién debe hacerse responsable, o la Policía o la Fiscalía, lo que se ha podido observar es que en ninguno de los dos ha funcionado de manera efectiva, porque las dos instituciones tienen innumerables deficiencias para operar, tanto de carácter logístico como de recursos humanos.
“Sabemos que existe una escasez, por ejemplo, de recursos logísticos en criminalística, la misma Policía Nacional comunicó que no tenían ni siquiera reactivos, que en provincias hay laboratorios de peritaje bastante precarios y que no tenían suficiente recursos como para estar pagando agentes de inteligencia que puedan levantar cierta información crítica. Lo mismo sucede con la Fiscalía. No se da abasto”, dijo.
El experto subrayó que lo que hay en verdad es un problema de fondo que tiene que ver con la insuficiencia de capacidades, entrenamiento y el recurso humano adecuado para la labor que implica la investigación y la persecución criminal, la cual ha aumentado, y por lo tanto se requiere mayor número de policías, fiscales y que todos ellos sean mejor entrenados y cuenten con niveles óptimos de recursos y tecnología.
“Por el contrario, se está abriendo mucho más la brecha de incapacidad, el plan Mariano Santos, por ejemplo, está prácticamente guardado y la Fiscalía tampoco ha dado muestras claras de tener una estrategia para cerrar sus brechas. Ese me parece a mí que es el gran problema que viene afectando a estas dos instituciones y que deriva en que muchas veces exista la impunidad porque no existen suficientes elementos de prueba para poder aplicar de manera correcta la acusación penal y luego la sanción efectiva”.
En ese sentido, Casas sostuvo que lo propuesto por el dictamen finalmente parece que no servirá de mucho si es que antes no se resuelven estos temas puntuales y críticos.
