El Penal de Barbadillo, famoso por albergar a expresidentes peruanos –Alejandro Toledo y Pedro Castillo en este momento–, puede convertirse, a pedido de la Policía Nacional del Perú (PNP), en un nuevo centro penitenciario para policías sentenciados o procesados en el ejercicio de sus funciones. Aunque la propuesta se vincula con procesos del fuero común, el proyecto se ciñe específicamente para el personal policial investigado por dos periodos concretos: la lucha antisubversiva y las protestas sociales tras la destitución de Pedro Castillo.
La iniciativa, que fue revelada el último domingo por el programa Punto Final, busca que el Ministerio del Interior (Mininter) firme un convenio con el Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE) para la implementación del Establecimiento Penal Policial “Barbadillo” en las instalaciones de la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes) de la Policía, en el distrito de Ate. El informe que sustenta el pedido especifica que ingresaría a dicho penal el “personal policial procesados y/o sentenciados como consecuencia de su participación en la lucha antisubversiva de la década de los 80 y 90, y por las operaciones policiales de restablecimiento del orden interno durante las protestas sociales del año 2022-2023″.
Se trataría de un acuerdo similar al que existe con el Ministerio de Defensa-Ejército Peruano para la reclusión de militares en el penal Virgen de la Merced, ubicado en el interior del Comando de Educación y Doctrina del Ejército (COEDE) en Chorrillos.
Barbadillo es un penal administrado por el INPE que está ubicado dentro de la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes) de la Policía, en el distrito de Ate. Se abrió tras la extradición de Alberto Fujimori al Perú en setiembre del 2007. También ha albergado a los expresidentes Ollanta Humala, Alejandro Toledo y Pedro Castillo. Solo los dos últimos permanecen internados.
/ Luis Ángel GonzalesEl informe, elaborado por el comandante PNP Luis Alberto Castellares Matamoros de la División de Seguridad y Penales, precisa que “existe una alta probabilidad de que, en un futuro próximo, el Ministerio Público y el Poder Judicial tomen medidas excepcionales que limiten la libertad de personal policial que estuvieron a cargo de las operaciones policiales para restablecer el orden interno en el país como respuesta a las protestas sociales surgidas tras la destitución y posterior detención el ex presidente Pedro Castillo Terrones en los años 2022-2023″ y que dicho personal sería recluido en centros penitenciarios administrados por INPE que, por albergar a delincuentes comunes y de alta peligrosidad en un contexto de hacinamiento, “plantea un grave riesgo para la seguridad y la integridad física del personal policial”.
Para José Luis Pérez Guadalupe, ex jefe del Inpe en cuya gestión se firmó el acuerdo con el Ejército, aunque se trata de una iniciativa viable, no debería evaluarse solo para dos eventos específicos. “No se puede especificar para qué casos sino bajo qué criterios”, dijo a El Comercio el también profesor de la Universidad del Pacífico. En el penal Virgen de la Merced no pueden albergarse a militares sentenciados por delitos de violación sexual, narcotráfico o contra el Estado y la Defensa Nacional.
Captura de informe de la PNP difundido por Punto Final de Latina.
Actualmente existen 758 policías presos, entre procesados y sentenciados, en distintos penales del país. La mayoría por delitos comunes que van desde cohecho pasivo (159), robo agravado (66), favorecimiento y tráfico ilícito de drogas (90) y hasta violación sexual (26). Según la información de Punto Final, 6 policías están recluidos por delitos contra la humanidad, como desaparición forzada y tortura. Solo estos dos últimos podrían ser llevados al nuevo penal por tratarse de delitos en el cumplimiento de las funciones.
Sin embargo, el mayor número de procesos corresponde a las protestas sociales tras la destitución de Castillo. En julio pasado, el Equipo Especial de Fiscales para casos con víctimas durante las protestas sociales formalizó 18 investigaciones contra miembros del Ejército y PNP por las muertes y lesiones registradas en agravio de 267 personas. Estas investigaciones comprenden a 154 policías y militares. De todos estos casos, actualmente solo hay un policía con prisión preventiva que aún no es capturado. Se trata del suboficial PNP Joe Erik Torres Lovón, sindicado como el autor directo de la muerte de Rosalino Flores Valverde, un joven 22 años, que recibió más de 30 perdigones metálicos por la espalda y falleció luego de más de 60 días de sufrimiento en enero del 2023.
El Equipo Especial de Fiscales para casos con víctimas durante las protestas sociales ha formalizado, a la fecha, 18 investigaciones preparatorias contra investigados por las muertes y lesiones en agravio de 267 ciudadanos ocurridas en el contexto de graves violaciones de los derechos humanos durante las protestas sociales registradas en el país, entre diciembre de 2022 y marzo de 2023. Estos casos comprenden a 154 miembros de la Policía Nacional y el Ejército del Perú.
/ Agencia AFPConsultado al respecto, general en retiro PNP Cluber Aliaga, ex Jefe de la Región Policial Nororiente y de Región Policial del Callao, consideró que existen “razones humanas, prácticas y lógicas” para que se acepte el pedido a fin de no exponer a policías sentenciados por casos en el ejercicio de sus funciones.
Análisis de la propuesta
Así como Pérez Guadalupe, el exministro del Interior Walter Albán considera que es un pedido razonable siempre que se garantice que la administración del penal sea del INPE.
“La propuesta no es una mala idea en sí misma siempre que sea regulada adecuadamente y el establecimiento penitenciario no sea administrado por las fuerzas policiales involucradas. No cabe duda que, por el nivel de hacinamiento en que se encuentran nuestros penales, los riesgos son enormes para el procesado”, indicó a este Diario.
Para Pérez Guadalupe el riesgo de que la policía asuma dicha función es la posible flexibilización en el trato hacia los agentes sentenciados y procesados así como corrupción. “La policía no puede cuidar a policías ni militares a militares. La función es del INPE”, dijo.
De todas formas, Albán reconoce que se trata de una iniciativa polémica por sustentarse en las investigaciones por abuso policial y violación de derechos humanos durante protestas que causaron 50 civiles muertos y 716 lesionados. “Al margen de la posición que uno pueda tener, yo me he pronunciado públicamente para que se procese y condene a quienes son directamente responsables como la señora Boluarte y su gabinete, eso no quita que tampoco se trata de que las personas de menor autoridad sean expuestas por la precariedad de los penales”, añadió.
El informe de la PNP, del 29 de marzo, derivó en un proyecto de convenio que fue remitido al jefe de gabinete de asesores de la Alta Dirección del Despacho Ministerial, Walter Zegarra, el pasado 19 de julio. La decisión está en manos del Mininter.
Cabe indicar que en Barbadillo funciona el Centro de Internamiento Policial, CEINPOL, a donde son derivados los policías procesados en el Fuero Militar Policial, sin embargo, la propuesta de la PNP es para aquellos procesados o sentenciados por el Poder Judicial.
