“Muerte a Merino, el pueblo no te reconoce”, “Muerte a los soplones y traidores”. Cerca de 100 banner con estas frases fueron impresas por Javier Mollo Fuentes y su pareja de 22 años, la tarde del sábado, en su local ubicado en el centro comercial Plaza Tec, en el Centro de Lima. Minutos después, fueron intervenidos por agentes de la policía y trasladados a la sede de la Dirincri, en la avenida España.
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Horas antes, los jóvenes habían anunciado en su página de FB que ponían su imprenta a disposición de los manifestantes para imprimir gratis carteles para la segunda marcha nacional convocada para el sábado a las 5 p.m. en la Plaza San Martín. En el afiche publicitario agregan: “Todos estamos contigo Perú, aunque duelas”.
¿Qué es lo que sucedió luego para que 7 agentes de la División de Robos de la Dirincri llegaran hasta el local de la pareja para detenerlos?
“Ellos han impreso los afiches y han ingresado un montón de policías a detenerlos y hasta se han llevado sus equipos. Los han llevado al sótano de la Dirincri y los han tenido incomunicados. Sus familiares nos llamaron y pudimos supervisar el caso. Recién los han liberado en la madrugada del domingo. Es un atropello lo que han hecho con ellos. Ahora están sometidos a una investigación fiscal que esperan que se archive”, cuenta a El Comercio, Mar Pérez, abogada de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos
Brenda Álvarez, abogada experta en género que llegó a la Dirincri junto a representantes de la Defensoría del Pueblo, asegura que se trata de una detención arbitraria ya que hay “muchas irregularidades en la detención”.
En el acta de intervención policial Nº 2020-Dirnic-Dirincri-PNP/Divinrob-Depiarebf-S2, los agentes de Robos de la Dirincri indican que la intervención se realizó porque la pareja estaba imprimiendo “panfletos, afiches y gigantografías dirigidas contra el gobierno central y la Policía Nacional”. Ello basándose además en el artículo 315 A del Código Penal, que establece el delito de grave perturbación de la tranquilidad pública; y en una disposición del comando policial publicada el mismo día.
Sin embargo, la versión que cuenta la pareja es distinta. Brenda Alvarez precisa que por la tarde del sábado, un hombre se acercó al local pidiéndole a la pareja que les imprima 100 banner con las frases mencionadas contra el gobierno de Merino. Pese a que a la joven le pareció extraño que le pidieran imprimir ese número de carteles y con esas frases violentas, aceptó hacerlo para contribuir con la marcha.
“El hombre verifica que los carteles estén impresos, se va y luego regresa con todos los policías uniformados. Él también era policía. Entonces, se los llevan a la Dirincri argumentando que los intervienen por el delito contra la tranquilidad pública”, dice.
Ya en la Dirincri, cuenta Álvarez, la pareja estuvo incomunicada por un tiempo. Ni sus familiares podían hablar con ellos, debido a que les habían quitado sus celulares. “Les hemos tenido que gritar desde afuera para decirles que no firmen nada. Unos 20 minutos después logré entrar. No pude hablar con ellos a solas hasta que llegó el fiscal. Solo pude leer el acta de intervención. No las otras actas que les habían hecho firmar. Les han hecho firmar hojas en blanco. Tenían la constancia firmada a la fuerza”, agrega.
-Violencia sexual-
Además de la detención arbitraria, la joven de 22 años denuncia haber sufrido tocamientos indebidos y actos de violencia sexual. Ella asegura que las policías que la intervinieron en el sótano de la Dirincri le tocaron sus partes íntimas y le pidieron que se desnudara en el baño. Además, la obligaron a que saltara y realizara ejercicios desnuda. Personal del Centro de Emergencia Mujer (CEM) del MIMP ha tomado el caso para brindarle apoyo legal y psicológico.
La directora ejecutiva del Programa Aurora del MIMP, Silvia Arispe, asegura que no existe ningún protocolo policial que avale de algún modo este tipo de acciones de la policía con las personas intervenidas. Arispe indica que se trata de un claro caso de violencia sexual que será atendido por el sector.
“Hay que dejar en claro que la policía tiene protocolos y no existe ningún documento que permita el desnudo y el tocamiento de partes intimas de cualquier persona que haya sido detenida. No hay ningún marco legal para ello. Hemos pedido que el fiscal que está viendo el caso, derive la carpeta fiscal sobre estos hechos al fiscal especializado en violencia contra la mujer pueda verlo de manera particular. Porque acá no solo hay una detención arbitraria, hay tocamientos indebidos en una dependencia policial”, asegura.
Arispe explica que se actuará bajo el marco de la ley Nº 30364, que busca prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres. Asegura que desde el momento de la intervención se cometieron actos de discriminación de género que deben ser sancionados. Además, indicó que han enviado un escrito a Inspectoría de la PNP para que investiguen a los efectivos que cometieron estos actos.
“Es irrelevante si los policías fueron hombres o mujeres ante un hecho de violencia. La detención la hizo una mujer policía pero no tiene nada que ver que no se cumpla con protocolos y que se invada el espacio físico de una persona. El programa está acusando y estamos tomando el caso en favor de la ciudadana. A su pareja, por ejemplo, no le hicieron eso. Desde ahí hay actos discriminatorios que se dan cuando hablamos de violencia contra la mujer. A ella la han apartado, la han llevado al baño y le han pedido que haga una serie de movimientos. Es una forma de violencia. Cuando una persona está privada de la libertad está bajo la tutela del Estado que es la policía, entonces, nosotros tenemos que estar preocupados de qué cosa ocurre en la sede policial. Estos hechos son claros actos de ilegalidad y son una forma de violencia contra la mujer”, aseguró Arispe.
Consultamos a la fiscalía sobre el estado de la denuncia, pero solo nos indicaron que la pareja fue liberada la madrugada del domingo.
Solicitamos la versión de la PNP sobre ambas denuncias, sin embargo, no obtuvimos respuesta.
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