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Grilletes electrónicos: solo 19 condenados en el país llevan estos dispositivos

Por ahora, solo se aplica en Lima y Callao. Congresistas presentan proyecto para agilizar procesos de selección.

Grilletes electrónicos

Érika, quien usa el grillete hace un año, tiene permitido salir al mercado por una hora al día. Ahí compra los insumos que necesita para preparar los almuerzos que vende. (Foto: Rolly Reyna / El Comercio)

Érika acelera el paso para llegar a su casa antes de las 10 a.m., cuando vence el plazo de una hora que tiene para ir hasta el mercado de Balconcillo. De lo contrario, el grillete electrónico que lleva en la pierna derecha comenzará a vibrar y emitir un pitido.  

La joven de 23 años fue condenada a cinco años y diez meses de cárcel por robar un celular. Estuvo internada un año y dos meses en el penal Virgen de Fátima. “Cuando entré, pensé que me iba a volver loca. Estuve ida como tres meses, no aceptaba mi realidad. Todas las noches lloraba, pensaba en mi hijo”, cuenta. 

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Desde hace un año, fue incluida en el programa Vigilancia Electrónica Personal (VEP), del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), que le permite cumplir el resto de su condena fuera de prisión. 

—Hacinamiento—

El programa VEP se encarga de monitorear mediante GPS y en tiempo real a los reos con penas no mayores de ocho años que reciben un grillete y quedan bajo arresto domiciliario.  

Carlos Romero Rivera, presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), asegura que este beneficio surgió como una opción viable para combatir el hacinamiento en las cárceles, reducir los costos del internamiento y bajar la reincidencia. 

Según el INPE, en las cárceles peruanas, que tienen capacidad para 39.358 reos, hay 91.400 internos. La sobrepoblación llega al 132%.

De acuerdo con el Decreto Legislativo 1322, el Poder Judicial recibe las solicitudes y decide si el interno cumple los requisitos para usar el grillete.

Desde el 2017, año en que se instaló el primer grillete electrónico en el país, solo 19 presos utilizan estos dispositivos. Por ahora, solo se aplica en Lima y Callao.  

—Propuesta—

El congresista Gino Costa, junto a un grupo de parlamentarios de distintas bancadas, presentó una propuesta para modificar este decreto y agilizar la concesión de los grilletes a través de la creación de una comisión especial. Esta se encargaría de conceder y revocar el beneficio a reos condenados por delitos no mayores de cuatro años y exclusivo para Lima y Callao (los casos con penas de cinco a ocho años los seguiría viendo el Poder Judicial). “Esto ayudaría a aumentar el universo de beneficiarios. De acuerdo con los informes socioeconómicos, el INPE podría disponer el pago parcial o total del sistema”, precisó el parlamentario.  

Esta comisión estaría integrada por representantes de la Defensoría del Pueblo, el INPE, el Poder Judicial y el Ministerio Público.

El planteamiento fue aprobado por la Comisión de Defensa del Congreso y está pendiente su debate en el pleno.  

En la actualidad, el costo del dispositivo electrónico y el servicio de vigilancia electrónica lo paga íntegramente el procesado o condenado. Tiene un costo diario de S/25; es decir, un pago mensual de S/750.

Según Carlos Romero, de aprobarse esta norma, hasta dos mil nuevos beneficiarios accederían a la VEP este año.  

El general en retiro de la Policía Nacional Eduardo Pérez Rocha señala que, debido al alto costo del dispositivo, solo pueden acceder a este aquellos reos con poder adquisitivo, con lo cual se marginaría a aquellos que no lo puedan costear.

En tanto, advierte que no existiría un control adecuado sobre las actividades de los reos dentro de sus predios. “No se sabe quiénes los visitan o si realizan actividades delictivas”, indica. 

- Beneficio restringido y controlado -

El programa VEP está destinado a reos primarios. Se prioriza a los mayores de 65 años, a aquellos que tengan enfermedades graves, con discapacidad física permanente, mujeres gestantes, mujeres con hijos menores de 3 años, madres o padres que sean cabeza de familia con hijos menores de edad o con discapacidad permanente, y personas procesadas o condenadas por delitos culposos. 

Se excluye de este beneficio a los condenados por homicidio y lesiones agravadas, crimen organizado y delitos sexuales. Estos representan el 62% de la población penal en el país.

Para el congresista Gino Costa, la modificación en la norma ayudaría además a que el INPE ahorre el dinero que invierte en mantener a un reo dentro de los centros penitenciarios.  

“Con este dispositivo se puede ahorrar la alimentación, el espacio, el cuidado de los internos, entre otros gastos”, indicó.

De acuerdo con el análisis costo-beneficio del proyecto de ley en estudio, por cada beneficiario el INPE ahorraría diariamente los S/27,9 que gasta en su permanencia en un establecimiento penitenciario. El ahorro mensual llegaría a S/837; y el anual, a S/10.183,50.

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