Flexibilizar el proceso de admisión, obtención del bachillerato y titulación de estudiantes: tres proyectos apuntan al desmantelamiento de la reforma universitaria

Las bancadas que están detrás de estos cambios en el sistema universitario son Perú Libre, Juntos por el Perú, Bloque Magisterial, Renovación Popular y Podemos Perú. Todas juntas han presentado 15 proyectos de ley que terminaron agrupándose en tres dictámenes, los mismo que con el respaldo del resto de grupos parlamentarios, se encuentran en la agenda del Pleno.

Newsletter Buenos días

Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

Recíbelo

Asimismo, los parlamentarios que más han promovido dichas iniciativas son Segundo Montalvo, Waldemar Cerrón y Esdras Medina, quienes a su vez también fueron los que impulsaron la contrarreforma universitaria.

Durante la primera quincena de abril, la Comisión de Educación del Congreso aprobó un dictamen que establece el ‘ciclo cero’ como única forma de ingreso a las universidades, lo que ha originado hasta ahora un intenso debate debido a un probable impacto sobre la autonomía universitaria y la calidad educativa. En estos momentos, todo queda en manos del Pleno, el cual deberá decidir si convierte en Ley dicha propuesta, la cual ya está en agenda.

La iniciativa establece que las universidades deberán implementar un semestre académico preparatorio a través de sus centros preuniversitarios. Este ciclo debe incluir cursos de formación en habilidades cognitivas, pensamiento científico, razonamiento verbal y matemático, historia, filosofía, geopolítica, realidad nacional y tres asignaturas de especialización por cada carrera.

El dictamen, impulsado por los congresistas Waldemar Cerrón y Segundo Montalvo (ambos de Perú Libre) y que agrupa tres proyectos de ley (7726, 7998 y 10114), fue aprobado por mayoría: 14 votos a favor, 6 en contra y 2 abstenciones.

De acuerdo al documento de la propuesta, las universidades deberán disponer dos ‘ciclos cero’ ordinarios por año. Los estudiantes tendrían que aprobar tres exámenes presenciales por cada una de las materias, debiendo obtener, como promedio ponderado, un puntaje mínimo de 13 para acceder a una vacante universitaria.

Para acceder al ’ciclo cero‘, los postulantes deberán presentar su certificado de estudios secundarios y realizar un pago único equivalente al 5% de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT), lo que equivale a S/267,50.

Asimismo, los recursos generados por el concepto de inscripción serán intangibles, siendo únicamente destinados para la infraestructura, el pago de docentes y dotación de medios y materiales de enseñanza.

El presidente del Consejo Nacional de Educación, Luis Lescano, indicó que la propuesta viola la autonomía universitaria y afecta el tema presupuestal de las universidades. En tanto, el director del Centro para el Análisis de Políticas Públicas de Educación Superior (Cappes), Jorge Mori, explicó que esta no resuelve el problema de fondo.

“Las universidades públicas no amplían sus vacantes pese a que en 10 años se ha duplicado sus presupuestos. Eso se debe ver, en vez de poner mayores barreras y ampliar el tiempo de estudios de forma populista”, dijo.

Por su parte, la Asociación de Universidades Nacionales del Perú (Aunap), el Consorcio de Universidades y la Federación de Instituciones Privadas de Educación Superior señalaron que el ‘ciclo cero’ representa un serio riesgo para la autonomía universitaria, al fijar formas de ingreso, costos, duración y cursos. Los gremios, liderados por Confiep, IPAE, AFIN y la SNI, también alzaron su voz de protesta por este acto de “populismo”.

El segundo dictamen tiene que ver con aquel que establece el bachillerato automático permanente en universidades, el cual se encuentra en la agenda del Pleno del Congreso desde marzo. Este dictamen agrupa siete proyectos de ley promovidos por Segundo Montalvo, Waldemar Cerrón, Esdras Medina, Segundo Quiroz, Óscar Zea, Paul Gutiérrez y Katy Ugarte.

Asimismo, propone que para obtener el bachillerato solo se acredite la conclusión del pregrado y el dominio del inglés o de una lengua nativa. Nada más. Es decir, esta iniciativa legislativa exoneraría a los alumnos de las instituciones de educación superior de recibir una nota aprobatoria en un trabajo de investigación.

Esta medida involucra a alumnos de instituciones de educación superior tanto públicas como privadas, que hayan culminado con su plan de estudios y otros requisitos de pregrado con nota aprobatoria.

Cabe mencionar que el 2 de mayo del 2021, se publicó la Ley N° 31183, que aprobó el bachillerato automático para los estudiantes universitarios que durante los años 2020 y 2021 aprobaron los estudios de pregrado. Asimismo, el 23 de noviembre de ese mismo año, se publicó la Ley N° 31359, que extendió el plazo para obtener dicho grado hasta el año académico 2023.

Ya en diciembre del 2023, la publicación de una nueva ley (N° 31971) dispuso la extensión del plazo otorgado para obtener el bachillerato automático hasta el 31 de marzo del 2024. Esto muestra que en el último tiempo se ha venido prorrogando en varias oportunidades la disposición de exoneración de presentación y aprobación del trabajo de investigación para el bachillerato.

El exviceministro de Educación, José Luis Gargurevich, sostuvo que los legisladores tratan de asociar esta iniciativa “populista” con que los egresados no demorarán mucho para su inserción laboral. “El Congreso sigue legislando sin evidencias. Desde el 2020 se viene ampliando el bachillerato automático y hasta ahora no realizan una evaluación de su impacto. ¿En verdad ha servido para que tengan trabajo rápidamente?”, cuestionó.

En tanto, el presidente de la Aunap, Américo Guevara, refirió que se pierde la oportunidad de formar semilleros en investigación porque este era el primer paso para saber quiénes se perfilaban como investigadores.

La última propuesta que figura en la agenda del Pleno del Congreso busca que los estudiantes obtengan el título profesional a través de una universidad distinta a la que les otorgó el grado de bachiller. Este dictamen agrupa cuatro proyectos de ley presentados por Segundo Montalvo, Esdras Medina, Francis Paredes y María Agüero.

“Es una propuesta perversa porque genera un mercado alterno de títulos, como antes del 2014, cuando no existía la Ley Universitaria. En esos años, las universidades vendían, lucraban y emitían títulos sin exigencias”, aseguró Mori tras aclarar que esa idea solo se aplicó, excepcionalmente, con los estudiantes de las universidades con licenciamiento denegado.

Si bien el Minedu, como cartera, se ha opuesto a esta iniciativa, el ministro Morgan Quero ha señalado que vienen evaluando nuevas formas de titulación. Para algunos especialistas, medidas sería otro retroceso en materia universitaria.

Waldemar Cerrón aseguró que el dictamen que propone el ‘ciclo cero’ no trata de garantizar un “ingreso libre” a las universidades, sino que le brinda la oportunidad a los estudiantes de acceder a un ‘curso cero’ y someterse a una evaluación más adecuada, con tres exámenes, y llevando asignaturas que están directamente vinculadas con su profesión.

“La idea es que entiendan si están o no en el camino correcto de su orientación vocacional. Que no se estén sometiendo a un solo examen de admisión sino a tres exámenes como lo es en un semestre académico en la universidad”, precisó.

Por otro lado, negó que se esté bajando la calidad educativa, pues el control de calidad es más riguroso con el ’ciclo cero’ que con el examen de admisión. Agregó que un solo examen no puede determinar el desarrollo que alcanzan los estudiantes y sostuvo que esa es una de las razones de la deserción universitaria. “No están en la carrera que ellos deseaban estudiar”, dijo Cerrón.

A su turno, Montalvo comentó que, en la práctica, el acceso a una vacante está condicionado a la capacidad económica familiar. Agregó que el ‘ciclo cero’ ya se aplica en países como Alemania, Suecia, Dinamarca, Noruega, Finlandia y Polonia.

Respecto al bachillerato automático permanente, el congresista Óscar Zea, uno de los autores, señaló que si bien el objetivo de la Ley Universitaria resultaba positivo en cuanto se pretendía ampliar el nivel de investigación de los estudiantes, en la actualidad esta actividad se dificulta por la coyuntura política y económica del país. Sostiene que hay pocos accesos a espacios de investigación, una limitada ejecución de procesos de recolección de datos, falta de tiempo, carencia de conocimientos técnicos, así como la falta de apoyo por parte de las autoridades y/o docentes.

“Esto conlleva a la reducción de la cantidad y calidad de las investigaciones y al desaliento por investigar”, precisó.

Argumenta también que existe una amplia dificultad en los jóvenes para encontrar un primer empleo debido a la falta de capacidades y habilidades requeridas. Se hace referencia al Informe de Escasez de Oportunidades Laborales para Jóvenes 2022, el cual revela que el 75% de encuestados en América Latina, con edades comprendidas entre 18 y 29 años, reporta desafíos en la búsqueda de empleo.

“Uno de los principales obstáculos a los que se enfrentan los jóvenes es la falta de oportunidades laborales acordes con su formación académica. A pesar de los avances en la educación superior, la calidad y pertinencia de la formación recibida a menudo no se alinea a las demandas del mercado laboral”, describe el proyecto.

Teniendo en cuenta este contexto, Zea concluye que es necesario generar acciones para asegurar la inserción de dichos jóvenes en el mercado laboral, siendo una de ellas la de brindarles las facilidades para la obtención del grado de bachiller.

El exministro de Educación Idel Vexler ha mostrado su desacuerdo y rechazo a al propuesta del ‘ciclo cero’ en universidades. Indicó que atenta contra la autonomía universitaria y que, en vez de promover ese tipo de proyectos, la Comisión de Educación de Congreso debería dedicarse “a fomentar mejores condiciones de calidad en la formación universitaria”.

En tanto, Karina Morales, gerente general del Centro para el Análisis de Políticas Públicas de Educación Superior (CAPPES), dijo a El Comercio que el proyecto de ley lo que hace es colocar más barreras al sistema de admisión, que ya de por sí tiene problemas, pues es desordenado y le pone muchas trabas a los estudiantes.

Explicó que actualmente todo está “atomizado”, cada universidad decide cuándo y cómo efectuar su examen de admisión, lo que genera que los estudiantes tengan que prepararse de diferentes maneras según dónde y a qué quieren postular. Hay distintas fechas. A todo esto se suma que las universidades públicas no han incrementado sus vacantes en los últimos años.

“Entonces, hay un problema real en los sistemas de admisión que genera muchas barreras a los jóvenes. Este proyecto de ley, en vez de solucionar estas barreras, le pone una barrera burocrática más, porque dispone que todos pasen por un ciclo cero. Es decir, los obligas a pasar por la academia pre-universitaria, le quitas tiempo al estudiante. Por eso, desde CAPPES estamos en contra”, expresó Morales.

Por su parte, para José Luis Gargurevich, exviceministro de Gestión Institucional del Minedu, la propuesta legislativa “es un absurdo”. Indicó que no está claro cuáles podrían ser las razones o los problemas que se pretenden solucionar. Si se quiere solucionar ya sea un problema de acceso o un problema económico, ninguna de las dos cosas va a poder resolverse con el proyecto, aseveró.

“Por un lado, hace que todo el procedimiento de ingreso sea más largo. Deduzco que lo que el proyecto quiere es reemplazar el modelo de los centros preuniversitarios, que tampoco son una buena fórmula, y evitar la discrecionalidad de cobrar tasas distintas y de tener criterios diferentes. Al tener un criterio único creen que será más justo el acceso. Entiendo que la intención iría por ahí“, detalló.

Sin embargo, destacó que la medida no puede asegurar la calidad de su procedimiento, es decir, que el ciclo cero tenga la calidad de docentes, de espacios, de infraestructura, de profesores que se necesita. Por lo tanto, dijo que no hay nada que lleve a pensar que será un mejor mecanismo que los centros preuniversitarios actuales.

Gargurevich agregó que no se le puede decir a las universidades privadas lo que tienen que cobrar de pensión a sus estudiantes, ni a las públicas que contraten docentes que no tenían, generar tiempos nuevos y tener nuevas infraestructuras. “Con los pocos recursos que tienen para garantizar una adecuada calidad actualmente, se las añade más cosas. No tiene mucha lógica”, criticó.

Respecto al argumento de que a través del ‘ciclo cero’ los estudiantes podrán llegar a las universidades mucho más preparados y convencidos de las carreras por las que han optado, Gargurevich aseveró que no hay ninguna información técnica que respalde esa afirmación. Se deje entrever que los universitarios que hoy en día entran a la universidad no están suficientemente preparados, añadió.

Paul Neira, experto en políticas educativas y director de The Learning Factor, dijo a El Comercio que no está de acuerdo con el bachillerato automático, ya sea permanente o por un tiempo determinado. Esto básicamente porque cada vez más el mercado laboral está exigiendo a profesionales que tengan la capacidad crítica de resolver problemas, y en ese sentido, el ejercicio de escribir una investigación obliga en el fondo a un trabajo mental, a exigirse un pensamiento crítico, a sustentar las ideas, lo que tiene conlleva a mayores beneficios en el mediano y largo plazo para un profesional.

“Hay muchas personas que justifican el bachiller automático diciendo que es un obstáculo para que el estudiante obtenga el título y el diploma de bachiller, así como un limitante en el sistema educativo para poder tener mayor nivel de graduados. ¿Queremos tener un número que no diga nada o que efectivamente obtuvieron mayores capacidades, mayores competencias, mayor habilidad de pensamiento crítico que justamente es lo que busca el mercado laboral en el mundo”, sostuvo.

Agregó que todo aquello que sume para cumplirle la promesa de una mejor educación a los estudiantes tienen que ser bienvenido y no la idea de tratar de hacer el bachillerato permanente porque al final del día se trata de sacarle la vuelta. “La Ley Universitaria propone, y creo que bien, la necesidad de tener una exigencia a ese nivel y hoy en día con esta modificación le quieren sacar la vuelta no técnicamente a esta exigencia”, opinó.

Por su parte, Erika Valdivieso, vicerrectora académica de USIL, dijo que una de las ventajas de lo que se plantea es que facilita la empleabilidad de los jóvenes al otorgarles el grado habilitante para trabajar y ejercer su profesión. No obstante, dejó en claro que podría afectar negativamente a un sistema como el nuestro que busca promover y desarrollar investigación desde el pregrado.

“Este no es un asunto que deba resolverse únicamente desde el ámbito político. Es necesario convocar a todos los actores, especialmente a las universidades, especialistas e instituciones reguladoras para trabajar con datos estadísticos, con resultados y determinar la mejor opción que podría encontrarse en el equilibrio entre la promoción de la empleabilidad de los jóvenes y el desarrollo de mecanismos que preserven el ecosistema de investigación que la Ley Universitaria busca fomentar al exigir un trabajo de investigación al finalizar la carrera”, comentó.

A través de un comunicado, el Consorcio de Universidades (que agrupa a las universidades del Pacífico, de Lima, Católica y Cayetano Heredia) ya ha expresado su “profunda preocupación” por el dictamen que establece el denominado ‘ciclo cero’ y subrayó que dicha medida atenta gravemente contra la autonomía universitaria, pues cada universidad debe definir sus modalidades de admisión, criterios de selección y planes de estudio, respondiendo a sus realidades y buscando la excelencia académica.

“Defender la autonomía universitaria no es un privilegio institucional, sino una garantía para ofrecer una educación superior de calidad, plural y de servicio del desarrollo del país. Reiteramos nuestra disposición al diálogo con los poderes del Estado, con el fin de contribuir a la mejora continúa del sistema universitario“, finalizó.

En tanto, el rector de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, Dr. Enrique Castañeda, detalló a El Comercio que esta medida, además de afectar la autonomía universitaria, no respondería a la diversidad de realidades, pues un mecanismo único de acceso debilita los principios de mérito y excelencia que deben regir el acceso a la educación superior y constituye un retroceso que afectaría las opciones de ingreso de muchos jóvenes.

“Estoy en contra de este dictamen. Esta medida afecta gravemente la autonomía universitaria, pues cada cada universidad tiene la facultad de definir sus propios procesos de admisión y su modelo educativo, de acuerdo con su normativa interna universitaria y la evaluación pertinente del entorno social“, explicó.

Agregó que, conociendo la diversa realidad de los postulantes, se han desarrollado diferentes modalidades de ingreso. “La rigurosidad expresada en todas ellas refleja nuestro firme compromiso con la calidad y la exigencia académica”, resaltó Castañeda.

Por último, la Aunap comentó que la medida aprobada por la Comisión de Educación del Congreso representa un atentado contra la autonomía universitaria, además de un perjuicio económico para las universidades públicas, pues pretende que financien docentes, materiales, laboratorios y todo lo relacionado a los centros preuniversitarios, pese a que no cuentan con el presupuesto suficiente para hacerlo.

Por otro lado, la Asociación Nacional de Universidades Públicas del Perú (Anupp) informó que en reunión celebrada el 7 de abril, pasado acordó rechazar y oponerse al referido dictamen. Además, manifestó su preocupación por las leyes aprobadas en la Comisión de Educación del Congreso de la República.

Indicaron que tanto el proyecto de ‘ciclo cero’ como otras iniciativas “no han sido consultadas con el sistema universitario”. “El dictamen del ‘ciclo cero’ reduce en más de 350 millones de soles los recursos directamente recaudados por las universidades públicas y además las obliga a realizar una inversión de 850 millones de soles solo para la formación académica, sin contar con infraestructura”, aclaró la Anupp en un comunicado enviado a El Comercio.