San Isidro contra el Ministerio de Vivienda: una disputa judicial por las viviendas de interés social

En octubre del año pasado, la Municipalidad de San Isidro presentó ante el Tribunal Constitucional (TC) una demanda de conflicto de competencia contra el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para que queden sin efecto un decreto supremo y sus dos modificaciones, los cuales promueven y estimulan la construcción de viviendas de interés social –tales como edificios del Fondo Mi Vivienda y otros programas– en zonas urbanas céntricas del país.

Con tales disposiciones, en distritos limeños como San Isidro, Miraflores o La Molina pueden levantarse edificios más altos (el tamaño máximo varía de acuerdo a la zona), con departamentos más pequeños (acorde con las condiciones mínimas de habitabilidad), menos estacionamientos (uno por cada tres viviendas), entre otras características; siempre y cuando formen parte de los programas subvencionados por el ministerio.

Según la demanda que presentó San Isidro al TC, a la que accedió a El Comercio, las normas “contravienen la calidad residencial del distrito, organizado y estructurado en base a los ámbitos urbanos homogéneos”, “promueven una desvalorización de las unidades de vivienda a nivel de departamentos que a la fecha ostentan un alto valor comercial” y “desvirtúan el ordenamiento y desarrollo planificado” de la jurisdicción.

Este Diario intentó contactarse con la gestión del alcalde Augusto Cáceres Viñas (Acción Popular) para conocer los fundamentos de sus argumentos, pero la Gerencia de Comunicaciones del municipio dijo que no opinará al respecto.

El presidente de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), Humberto Martínez, cuestionó lo expuesto por San Isidro en la demanda, ya que –opinó– las disposiciones permiten que más familias tengan acceso al núcleo más consolidado de la ciudad.

”A estas alturas, no podemos tener zonas para ricos y zonas para gente de menos recursos. Oponerse a ellos [el decreto y sus complementos] revela desconocimiento, temor y miopía. Si San Isidro no quiere que la gente que trabaja allí duerma allí, es un despropósito”, dijo.

En tanto, el sector Vivienda explicó que con la edificación de estos proyectos inmobiliarios en zonas residenciales de las ciudades “se reducirán los tiempos de traslado, se harán más baratos el acceso y la operación de servicios básicos y equipamientos urbanos”, entre otros beneficios.

Además, indicaron que en Lima Metropolitana y en otras urbes del país habrá “áreas urbanas con mayor densidad y diversidad social, más sostenibles y socialmente inclusivas”.

—Dos visiones—

El titular de la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE), Álvaro Paz de la Barra, dijo a El Comercio que esas normas “trastocan los planes urbanos distritales, y si se aplican sin que Lima Metropolitana las reglamente, la ciudad se va a desdibujar”.

”Mira el ejemplo de la avenida Javier Prado, en la que tienes una sección vial de 64 m. Con la norma se permitiría para los edificios una altura mayor de 30 pisos y con departamentos de hasta 45 m2. Esto podría generar tugurización”, dijo.

En la otra orilla, el arquitecto urbanista Aldo Facho defendió el ciclo natural de las ciudades: el cambio y la adaptación a los nuevos tiempos. “¿Qué otro lugar mejor que la Javier Prado, uno de los ejes mejor dotados de la ciudad, para levantar un edificio de 30 pisos? Y ten en cuenta algo muy importante: las normas son optativas y dependen del interés del desarrollador inmobiliario”, anotó.

De la Barra y Facho sí coincidieron en la necesidad de que la Municipalidad Metropolitana de Lima defina el reglamento de la norma a partir de las necesidades de la ciudad.

”Lo mejor es que estas herramientas estén enmarcadas en procesos de planificación urbana; es decir, deben ser validadas por los gobiernos provinciales para evitar que se perjudique a los residentes del entorno”, precisó el arquitecto urbanista.

”Este decreto es perfectible a través del consenso. La pelota ahora está en la cancha de la Municipalidad de Lima, urge presionar a la municipalidad para definir claramente esta situación”, acotó Paz de la Barra, también alcalde de La Molina.

El Comercio intentó comunicarse con la gestión del alcalde Jorge Muñoz, pero al cierre de la nota no hubo respuesta.

—Sin unanimidad—

El regidor de San Isidro Gustavo Massa (Acción Popular) relató que el 16 de setiembre del 2020 se aprobó por mayoría autorizar al alcalde Cáceres para que presente la demanda de competencia. Massa, al igual que sus colegas Jorge Petterson (Somos Perú) y Susana Gherson (PPC), se abstuvo.

“En una sesión anterior descubrí que nos ocultaron información. Me preocupaba que esto se repitiera y que me utilizaran en una medida que resulte discriminatoria”, dijo.

El abogado José Antonio Trelles, experto en temas municipales, consideró que una demanda de competencia no es el camino adecuado en este caso. “Se está disfrazando la intención de derogar un decreto supremo cuando el fin de una demanda competencial no es ese”, indicó a El Comercio.

Para Ximena Palacios, abogada experta en temas inmobiliarios, “las especificaciones de la norma se contrapondrían con algunas disposiciones legales municipales”.

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