Más de 600 resoluciones y seis años de espera: así la justicia peruana revictimiza a niñas abusadas

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Un análisis de 650 resoluciones judiciales de última instancia provenientes de 21 cortes superiores de justicia -obtenidas a lo largo de ocho meses vía acceso a la información pública y revisadas con técnicas de Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP, por sus siglas en inglés)- revela que los procesos por violencia sexual infantil tardan en promedio seis años en resolverse.

La NLP —una rama de la inteligencia artificial que permite analizar y clasificar grandes volúmenes de texto mediante algoritmos lingüísticos— se aplicó en este caso para identificar patrones comunes en las sentencias: tiempos de demora, características de víctimas y agresores, errores procesales y sesgos en la redacción judicial. Este enfoque permitió transformar más de medio millar de documentos dispersos en datos comparables que muestran la magnitud de un problema estructural.

En casi un tercio de los casos se registraron fallas procesales graves, como entrevistas en Cámara Gesell que no se realizaron en la fase inicial como lo dicta el debido proceso. Esto obligó a las niñas a repetir sus relatos en distintas instancias. Además se detectaron peritajes demorados o deficientes, y cadenas de custodia con manejo irregular de evidencias.

Según la abogada Brenda Álvarez, estas deficiencias generan un escenario de “alta vulnerabilidad probatoria”. “Si la declaración no es recabada bajo estándares internacionales, el caso puede colapsar por razones procesales más que por falta de la verdad”.

El estudio también reveló que las víctimas tenían en promedio 12 años de edad al momento del delito. Para Álvarez, este dato es una señal de alarma: “El hecho de que las víctimas tengan en promedio 12 años revela una violación estructural de sus derechos. Ello exige mecanismos de prevención y también un abordaje reforzado en el sistema judicial, con canales de denuncia adaptados a niñas y niños, Cámaras Gesell en todo el país y peritos especializados en la toma de testimonios infantiles”.

Los hallazgos lingüísticos también son significativos. El análisis permitió identificar patrones de sesgo en el lenguaje judicial. En 635 resoluciones se encontraron expresiones que responsabilizan a la víctima; en 266 se detectó minimización de los hechos; y en 27, los jueces se refirieron a la agraviada como “presunta víctima” pese a tratarse de condenas firmes.

Para Álvarez, este tipo de redacción no es un simple tecnicismo: “Refuerza la duda sobre el testimonio de niñas y adolescentes, debilitando su legitimidad y afectando la valoración probatoria”.

A todo este panorama se suma que demoras se convierten en una forma de revictimización. La hermana de otra víctima de Huaral relató: “Mi hermana tiene discapacidad intelectual, es una niña especial que se olvida de las cosas. Muchas veces iba sola al colegio porque no había quién la acompañe. El acusado le ofrecía dinero y por eso llegaba tarde a clases. Así se aprovecharon”.

Álvarez advierte que el tiempo promedio de seis años no es solo un retraso burocrático: “Prolonga la revictimización, obliga a las niñas a revivir los hechos en múltiples etapas, retrasa su recuperación emocional y exige a las familias sostener un proceso largo y costoso”.

El hermano de la primera víctima señalada en este informe, también contó con crudeza: “Me enteré de lo que le pasó a mi hermana cuando regresé de viaje. Ella tenía que pasar siempre por el taller del acusado para ir al colegio. La gente del pueblo se indignó, lo amarraron en un poste. Mi hermana tiene una condición especial, con carnet de CONADIS, y por momentos se le va la mentalidad”.

El patrón es evidente: los procesos judiciales que deberían proteger a las niñas no solo llegan tarde, sino que en el camino generan nuevas heridas. Mientras las sentencias describen a niñas de 10, 11 o 12 años, las resoluciones se emiten cuando ellas ya han alcanzado la mayoría de edad, muchas veces sin reparación efectiva. Como afirma Brenda Álvarez, “sin reformas estructurales que aseguren justicia especializada, la demora y el lenguaje sesgado seguirán negando a las niñas su derecho a una justicia oportuna y efectiva”.

La revisión de los expedientes también mostró diferencias territoriales. Cajamarca y Lima concentran la mayor cantidad de sentencias por violencia sexual contra menores, seguidas de regiones como Cusco y Loreto. Esta concentración no significa que allí ocurran más delitos, sino que refleja dónde llegan a judicializarse los casos. El contraste evidencia que en varias regiones los procesos ni siquiera alcanzan a ser tramitados, lo que deja fuera del registro oficial a decenas de menores.

Este Diario intentó comunicarse con el Poder Judicial, pero no obtuvimos un pronunciamiento.