Tragedia en Villa El Salvador: acusación fiscal sigue pendiente a un mes de la deflagración

Bajo un sol demoledor, ayudados de un cargador frontal, un grupo de soldados con picos y palas retira pesados bloques de paredes y techos. Eso es todo lo que queda de una de las dos casas derrumbadas que se reconstruyen en esta zona afectada por la deflagración del 23 de enero en Villa El Salvador (VES). Hay policías y también brigadistas de Defensa Civil observando el momento. Un hombre de saco y corbata roja llega, levanta la cinta de peligro y pasa.

Su nombre es Humberto Durán Ponce de León, titular de la Fiscalía Especializada en Tránsito y Seguridad Vial de Lima Sur. Sobre su despacho recayó la tarea de investigar la tragedia y responsabilizar a quienes corresponda por la muerte de 30 personas y demás daños. No se detiene en el trabajo de los soldados. Durán y sus acompañantes van directo a la trágica esquina de la Av. Mariano Pastor Sevilla con Av. Villa del Mar.

“Estamos haciendo una inspección ocular”, se limita a decir y luego con un fiscal provincial adjunto miran, señalan, discuten ideas y continúan observando el lugar donde ya no existe el desnivel [el municipio lo reparó luego de la tragedia] contra el que impactó la parte inferior del camión-cisterna de la empresa Transgas LG. Tras el choque, todo el GLP empezó a salir como una nube blanca que después se volvería una llamarada mortal.

—Desfilan los investigados —

Además de esta inspección hecha el miércoles, en la que tomó la declaración de los damnificados, esta semana el fiscal Durán recibió a funcionarios y exfuncionarios del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin). Se los investiga por haber autorizado automáticamente, valiéndose de declaraciones juradas y fotos, al camión-tanque de Transgas LG, sin que ingenieros de la entidad revisaran si cumplía las disposiciones de seguridad exigidas en la ley.

Al despacho del fiscal Durán también llegó el alcalde de Lima, Jorge Muñoz Wells, con documentos bajo el brazo que –según dijo a su salida– demuestran que no es la Municipalidad de Lima responsable del mantenimiento de la Av. Mariano Pastor Sevilla, sino la de VES. Esta última construyó hace cinco años esta vía de concreto por más de S/19 millones, de los cuales S/12 millones le pagó a la Constructora MTL para encargarse del suministro y colocación de 144 mil m2 de concreto.

Según Muñoz, el municipio de Villa El Salvador –y no la comuna metropolitana– tiene la responsabilidad del mantenimiento de la obra hasta el 2024. Ese desnivel no lo hice yo, parecía decir el alcalde.

Ese mismo día, martes 18 de febrero, llegó el alcalde de Villa El Salvador, Kevin Yñigo. A su salida no dio detalles de lo dicho ante el fiscal Durán.

Ha hablado poco sobre la pista de concreto de la Av. Mariano Pastor Sevilla. Es posible que evite hacerlo por existir un lazo fraternal que no lo deja ser más duro con esa obra que es –disculpando la repetición– obra y gracia de su hermano Guido Iñigo, exalcalde de Villa El Salvador (2011 al 2018).

El actual alcalde, más bien, ha echado la culpa a los 15 años sin reparación de la Av. Villa del Mar. En su defensa, dice que su comuna ha programado una serie de inversiones en las troncales del distrito, incluida esta transversal.

El fiscal Durán se ha parado frente a los micrófonos para decir básicamente que la investigación es reservada y dar detalles muy puntuales sobre la salud de Luis Enrique Guzmán Escriba, representante de Transgas LG, quien por un problema en la pierna está internado en la clínica Santa Martha del Sur, en San Juan de Miraflores. El fiscal Durán acudirá hoy a la clínica para interrogarlo (Ver la nota vinculada al final de esta nota)

Él, como representante de Transgas, y su padre, Luis Guzmán Palomino (72), chofer del camión-tanque siniestrado, podrían ser acusados de homicidio culposo (hasta ocho años de cárcel), pero la pena podría llegar hasta los 20 si se los acusa de homicidio simple bajo la figura del dolo eventual.

Según los penalistas Mario Amoretti y Luis Lamas Puccio, el fiscal debería aplicar esta figura porque en este caso [como ocurrió con el de Utopía] no hubo intención de generar el lamentable suceso, pero al enviar y conducir un vehículo que transportaba gas en ese estado era previsible que podría causarse una desgracia.

—¿La fiscalía indicada’—

Llama la atención de ambos abogados que el caso haya recaído en un fiscal de tránsito y seguridad vial cuando lo que aquí se investiga va más allá de una violación de las normas viales.

“Se corre riesgo de que la investigación se centre en la responsabilidad del chofer cuando hay instituciones que tienen un nivel de responsabilidad de carácter funcional, por ejemplo, el Osinergmin como organismo regulador o el municipio por el estado de las pistas”, opina Lamas Puccio.

Amoretti considera lo mismo y que el caso debería tenerlo una fiscalía común por tratarse de “una concurrencia de delitos” que no tiene que ver con un choque o un atropello. “Esto no es un accidente de tránsito como para que sea ventilado en una fiscalía especializada en esto. Aquí no solo está comprometido el chofer del camión”, sostiene.

Según el Ministerio Público, en un primer momento el caso lo tuvo Silvia Osorio, de la Primera Fiscalía Provincial Penal de Lima Sur, pero el expediente se derivó a la fiscalía de tránsito por el desnivel y una posible negligencia de manejo.

Durán asumió el caso el 28 de enero y tiene treinta días hábiles para formalizar la denuncia ante un juez de tránsito. El plazo está por vencer. Los deudos, los damnificados y los heridos siguen esperando justicia.

Guzmán Escriba: “Si soy culpable, aceptaré la decisión testimonio" (Vinculada)

La única responsabilidad que asume Luis Guzmán Escriba es haberle dado trabajo a su padre de 72 años para que manejara el camión-tanque que causó la deflagración.

En una entrevista con “Punto final”, el representante de Transgas LG dijo eso y afirmó que su vehículo tenía todos los mecanismos de seguridad. Si la válvula se rompió es, señaló, por el mal estado de la pista y porque el Osinergmin no hace fiscalización.

“Si la justicia decide darme una pena, yo la acepto. Esos fallecidos merecen justicia [...] Así como yo, creo que hay más responsables, pero no los tocan porque son funcionarios del Estado, de la municipalidad”, dijo. Además, admitió que su empresa funcionaba sin licencia municipal.