Ángel Mendoza Aguirre, representante de la empresa Allin Group-Javier Prado S.A., uno de los operadores del corredor rojo, y Guzmán Espinoza Aguirre, gerente de la empresa Corporación Gea Motors S.A.C., se encuentran incluidos en una reciente investigación fiscal por presunto lavado de activos en agravio del Estado. Hace unos días, la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio dispuso iniciar investigación preliminar contra los que resulten responsables del mencionado delito.
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El Comercio accedió a la resolución fiscal, de fecha 20 de enero, la cual señala que la empresa Allin Group-Javier Prado S.A. accedió a una serie de créditos bancarios para la obtención de nuevos buses, a pesar de señalar en distintos medios de comunicación que se encuentra en quiebra, debido a supuestos incumplimientos contractuales por parte de Pro Transporte.
“De estas acciones se puede presumir que los ingresos para la adquisición de estos buses no estarían lícitamente justificados, pues se sustentan en la continuidad del vínculo comercial con el señor Guzmán Espinoza, quien estaría financiando la nueva flota de buses”, argumenta el fiscal Richard Rojas.
Vínculo contractual
- De abril del 2016 hasta junio del 2018, Allin Group tuvo como proveedora de 27 buses a la Corporación Gea Motors.
- Concluyó el contrato al enterarse de la investigación en contra de dicha empresa y su representante, Guzmán Espinoza.Vínculo contractual
Espinoza, representante de una empresa que opera en el corredor verde, ya afronta una investigación por vínculos con un presunto clan de narcotraficantes del Vraem, que dirigiría Víctor Rivera Muñoz ‘Jarachupa’.
Ángel Mendoza dijo a este Diario que no puede pronunciarse porque no ha recibido ninguna notificación de la fiscalía.