Paro de transportistas el 4 de noviembre: ¿qué gremios acatarán medida y qué debe hacer el Gobierno para frenarla?

Así lo confirmó a El Comercio Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte (CIT), quien precisó que la medida de fuerza responde a un consenso tomado por cientos de empresas formales de los distintos conos de Lima (norte, sur y este), de las cuales es vocero, así como a una expresión de duelo ante al asesinato de un chofer en Ventanilla y la poca efectividad del estado de emergencia.

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“Hasta el día de hoy no se han cumplido los puntos del acta de acuerdos suscrita (con el Gobierno) el 9 de octubre”, indicó.

En cuanto a los grupos o gremios de transportistas que se plegarán a la medida del martes 4 de noviembre, sostuvo que son los mismos que acataron una medida similar el pasado 6 octubre, en el denominado “apagado de motores”.

Un reciente informe de El Comercio da cuenta de que la situación de inseguridad en las calles no ha cambiado. En lo que va del actual Gobierno, se han reportado 75 homicidios a nivel nacional, entre los días 10 y 24 de octubre, según el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef). Asimismo, tras 297 días del año (del 1 de enero al 24 de octubre) se ha registrado un total de 1.840 homicidios.

En pleno estado de emergencia, un chofer de transporte público fue asesinado en la avenida Néstor Gambetta, a la altura del Mercado Pesquero, en Ventanilla (Callao), el lunes 27 de octubre. La víctima fue identificada como José Johnny Esqueche Ningles (47), quien conducía su unidad cuando fue interceptado por sujetos a bordo de una motocicleta. Estos abrieron fuego y se dieron a la fuga. Pese a ser trasladado de emergencia a un hospital, el conductor no sobrevivió al ataque y murió.

Tras conocerse el hecho, decenas de transportistas bloquearon desde tempranas horas de este martes, ambos sentidos de la avenida Gambetta en señal de protesta. Agentes policiales, junto a personal de Serenazgo y miembros de las Fuerzas Armadas, llegaron hasta la zona para intentar controlar la situación y liberar la vía para el paso de vehículos hacia Lima y Ventanilla. No obstante, se registró algunos altercados con los transportistas.

En lo que va del mes, al menos tres conductores han sido asesinados en circunstancias similares en esta misma zona del Callao. Según indicaron algunos transportistas, las bandas criminales que operan en el Callao y Lima exigen pagos que van desde 5 a 10 soles por unidad, bajo amenaza de ataques o represalias.

En entrevista exclusiva para el podcast “Tenemos que Hablar” de El Comercio, los dirigentes Martín Ojeda, director de la CIT, y Martín Valeriano, presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), explicaron los motivos reales de la protesta, las demandas clave del sector y por qué el estado de emergencia continúa sin resultados concretos.

Ojeda detalló que los gremios que agrupa la CIT han participado en tres paros: el 10 de abril, el 6 de octubre y harán lo propio el 4 de noviembre. Este último, precisamente, explicó que se da en base al compromiso de palabra que tomaron anteriormente en caso conductores fallezcan por la inseguridad.

“En el paro del 6 de octubre se tenía como fundamental principio el de ”no más muertos". Asimismo, en segundo lugar, el que se cumplan los acuerdos de las reuniones que se dieron el 11 de abril, tras el primer paro. Entre ellos estaba el apoyo interinstitucional entre las entidades del Estado“, señaló.

Es así que en reunión del 9 de octubre, se suscriben 7 acuerdos con un plazo máximo de ejecución de 15 días hábiles, siendo la principal medida “la creación de una policía especializada en investigación y lucha contra el sicariato y la extorsión”, algo que fue un pedido de la Policía Nacional presente en la reunión, pero que aun no se concreta, refirió Ojeda.

“Participamos en las reuniones con el presidente del Congreso de ese entonces, José Jerí, y luego en la reunión de acta de acuerdo que firmó la entonces presidenta Dina Boluarte, la misma que fue ratificada a los dos días con Jerí ya en Palacio. Lamentablemente, vemos buenas intenciones, pero en esa segunda reunión no asistió ni el primer ministro ni la ministra de Economía, por ejemplo“, expresó.

En ese sentido, Ojeda subrayó que tiene que haber consistencias en las reuniones de trabajo, “que no sean solo para la foto” y que en ellas participen tanto el primer ministro como la ministra de Economía.

Por su parte, Valeriano comentó que es entendible que el tema del sicariato y la extorsión no se va a terminar de la noche a la mañana, pero eso no significa que el Ejecutivo no pueda realizar acciones operativas concretas, así como el Congreso acciones legales como derogar las leyes pro crimen. Agregó que al parecer “hasta el momento no existe un liderazgo claro, parece que fuera populismo“.

“Ya en su momento hemos presentado propuestas y sostenido reuniones en diferentes instituciones, pero todo ha sido un saludo a la bandera, y eso nos ha llevado a permanentemente estar en paralizaciones. No basta con las normas, hace falta la operatividad del Ejecutivo, acciones concretas. No hay una voluntad política al 100%”, manifestó.

Valeriano también dijo que han propuesto que las fuerzas militares apoyen a la PNP, sobre todo en temas de inteligencia, pues señaló que las primeras cuentas con herramientas más sofisticadas. Asimismo, agregó que entidades como Osiptel y la SBS debieran colaborar con la Policía Nacional e involucrarse de acuerdo a sus competencias.

“Hay dos instituciones que pueden colaborar con la policía y no lo hacen. Si tienes el número de teléfono del extorsionador tiene que entrar Osiptel. Si tienes su número de cuenta tiene que entrar la SBS“, enfatizó.

En tanto, sobre la participación de los gremios de transporte que agrupa Anitra en el paro del 4 de noviembre, Valeriano precisó que van a sostener una reunión en las próximas horas para decidir si se sumarán a la medida.

Por otro lado, como dato adicional, ambos dirigentes indicaron que las extorsiones hoy en día están cambiando de modalidad, pues las empresas no son extorsionadas por una sola organización, sino que son víctimas de dos, tres o hasta cinco grupos criminales. Además, mientras que en un primer momento los delincuentes enviaban mensajes intimidatorios, fotos o se infiltraban en los grupos de WhatsApp de los conductores, hoy en día van de frente a disparar.

Ojeda confirmó que la medida de fuerza será acatada por los cientos de empresas formales de los conos de Lima (norte, sur y este) que agrupa la CIT. Del mismo modo, Miguel Palomino, presidente de la Asociación Nacional de Conductores Profesionales del Perú (Ancpp), afirmó que los gremios que reúne su organización también dirán presente el día del paro.

“Pese a encontrarnos bajo un estado de emergencia, la ola de crímenes y asesinatos contra nuestros compañeros conductores continúa incrementándose. Ante los acuerdos asumidos donde se estableció que ante el asesinato de un compañero conductor se apagarían los motores en señal de protesta y duelo, la Ancpp cumple con dicho acuerdo y realizar este paro en memoria de los compañeros caídos“, expresó la Ancpp mediante un comunicado.

Entre las empresas identificadas que pertenecen a los gremios que acatará el paro se encuentran el Consorcio Vía, Empresa Z, Los Loritos, Vipusa, Lipetsa, Nueva América, Urbanito, Edilberto Ramos, Huáscar, Santa Catalina, Los Chinos, Línea 73, Chama, entre otros.

Cabe mencionar que la Unión de Transportistas también ha confirmado su adhesión al paro, ampliando el alcance de la protesta en la capital. A través de un documento, destacaron la urgencia de esclarecer los últimos asesinatos a conductores y solicitaron respuestas inmediatas. “Las recientes muertes nos han obligado a exigir el esclarecimiento y confirmar que el tiempo de las promesas ya pasó. Necesitamos resultados. Necesitamos respuestas”, expresaron.

Ojeda explicó que el Gobierno aun no cumple con los acuerdos suscritos el pasado 9 de octubre, los cuales fueron 7. Precisamente, aquel día, fue el expresidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, quien dio lectura en el patio del Palacio de Gobierno del acta suscrita en la mesa de trabajo multisectorial instalada para abordar de manera integral la problemática que afecta al servicio de transporte urbano.

Los acuerdos fueron los siguientes:

1) En un plazo no mayor a 15 días se creará una unidad especializada en al Policía Nacional del Perú para combatir la extorsión.

2) En un plazo no mayor a 15 días desde la Mesa Directiva del Congreso de la República se impulsará una incitativa legislativa para la creación de un grupo interinstitucional especializado para el combate de la extorsión y el sicariato integrado por el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Ministerio del Interior, la Policía Nacional del Perú y otras instancias.

3) El Ejecutivo se compromete a destinar el presupuesto necesario para la implementación de nuevas unidades de flagrancias, el grupo especializado detallado en el punto #2 y las fiscalías especializadas en bandas criminales.

4) Desde el Congreso de la República se realizarán precisiones inmediatas a la ley de criminalidad sistemática. Del igual modo se priorizará el debate de medidas urgentes para combatir la inseguridad ciudadana.

5) En el plazo de 15 días hábiles, el Poder Ejecutivo reglamentará todas las leyes que se encuentren pendientes y que estén relacionadas con la seguridad ciudadana y en especial sobre sicariato y extorsión. Para lo cual se solicitará al Congreso la exoneración del plazo para la prepublicación y la recepción de comentarios, así como para el análisis de calidad regulatoria.

6) Desde el Ministerio Público se propondrá una iniciativa legislativa para la ampliación del plazo de flagrancia mayor a 72 horas y se considere un plazo de 15 días de detención aplicables a los delitos de sicariato y extorsión.

7) El Poder Ejecutivo se compromete a emitir medidas extraordinarias para combatir la inseguridad ciudadana.