La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció este sábado un decreto del Gobierno interino de Bolivia que exime de responsabilidad penal a militares y policías, cuando actúen “en legítima defensa o estado de necesidad”.
El texto difundido durante la jornada en redes sociales exime de esa responsabilidad a las fuerzas del orden mientras se atengan en sus actuaciones a “principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad”.
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“El personal de las Fuerzas Armadas, que participe en los operativos para el restablecimiento del orden y estabilidad pública, estará exento de responsabilidad penal cuando en cumplimiento de sus funciones constitucionales, actúen en legítima defensa o estado de necesidad”, estableció el decreto.
El Gobierno de Jeanine Áñez ha anunciado una comparecencia en la que se espera que se pronuncie sobre el decreto, mientras que Evo Morales también lo ha denunciado desde México.
La CIDH alertó en Twitter de que esta norma firmada por Áñez al frente de su Ejecutivo interino “pretende eximir de responsabilidad penal al personal de FF.AA. -Fuerzas Armadas- que participe en los operativos para restablecimiento y estabilidad del orden interno”.
“El grave decreto de Bolivia desconoce los estándares internacionales de DD.HH. -derechos humanos- y por su estilo estimula la represión violenta”, advirtió en una serie de mensajes en la red social.
La entidad condenó “cualquier acto administrativo del gobierno de Bolivia que atente contra el derecho a la verdad, la justicia y al derecho internacional de los DD.HH., particularmente en el contexto de actuaciones de Fuerzas Armadas en las protestas sociales”.
Evo Morales, asilado en México, comentó en Twitter que “los autores del #GolpeDeEstadoEnBolivia gobiernan con decretos, sin el Legislativo y apoyados en armas y bayonetas de Policía y FF.AA. (...) Es una carta blanca de impunidad para masacrar al pueblo”.
El ministro interino de Presidencia de Bolivia, Jerjes Justiniano, tiene anunciada una comparecencia en La Paz para dentro de unos minutos, en la que se espera que se pronuncie.
La norma tiene fecha del último viernes, día en que en la región central de Cochabamba hubo graves enfrentamientos de manifestantes con policías y militares que dejaron al menos nueve muertos, más de cien heridos y cerca de doscientos detenidos.
La Policía y las Fuerzas Armadas realizan operativos conjuntos desde el pasado lunes para mantener el orden en Bolivia, tras el caos en que se sumió el país después de que el día antes Morales anunciara su renuncia.
Evo Morales hizo ese anuncio después de que un informe revelara graves irregularidades en los comicios del 20 de octubre tras los que fue proclamado vencedor entre denuncias de fraude electoral.
Fuente: EFE