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En una nueva demostración de opresión y cooptación del poder en Venezuela, Nicolás Maduro ordenó en las últimas horas enviar a dos cárceles de máxima seguridad a los más de 1.200 ciudadanos detenidos durante las protestas en contra del fraude electoral perpetrado por el régimen chavista el 28 de julio.
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“Todos los guarimberos van para allá”, espetó Maduro durante una reunión con empresarios, empleando un despectivo término con el que califica a los manifestantes asegurando que son violentos y buscan perpetrar un golpe de Estado en su contra.
Según el dictador, los detenidos serán enviados a Tocorón y Tocuyito, dos penales de máxima seguridad ubicados en los estados de Aragua y Carabobo respectivamente, y que fueron intervenidos el año pasado por las fuerzas armadas.
“No va a haber perdón ni contemplación”, remarcó el líder chavista, asegurando que el Estado actuará “en el marco de la Constitución y de las leyes”.
“En Venezuela, del 28 de julio hacia acá, se vive una suspensión de facto de las garantías. En teoría, cuando existe una emergencia un país puede suspender determinadas garantías, pero eso requiere de un proceso jurídico que no ocurre aquí. En Venezuela, a todas las personas que están arrestando en este contexto, se le están violando las garantías de un abogado privado y de un juicio justo. Ni siquiera sus familiares los han podido ver. Y aún así los están haciendo pasar por audiencias de presentación e imponiendo defensa pública sin poder conocer quién es el juez, cuál es el tribunal o quién asume la defensa”, explica a El Comercio un vocero de la organización venezolana defensora de los derechos humanos Civilis que pidió mantener el anonimato por temor a las represalias que podría tomar el régimen en su contra.
El especialista alerta, además, que todos los detenidos están siendo juzgados en grupo, sin cumplir con una regla tan básica como responsabilizar a cada acusado por sus actos. “El anuncio sobre enviarlos a Tocorón es bastante grave, pero aún más es saber que están metiendo a todos en un mismo paquete, por decirlo de alguna forma”, señala.
Maduro ordenó enviar a las prisiones de máxima seguridad de Tocorón y Tocuyito a los más de 1.200 ciudadanos detenidos durante las protestas en contra del fraude electoral del domingo.
- Presos sin garantías -
El penal de Tocorón se convirtió hace diez años, con la llegada del infame cabecilla del Tren de Aragua Héctor “El Niño” Guerrero, en la base de operaciones de esta peligrosa organización criminal. Con el tiempo, los miembros de la banda pasaron a llamarla la “Casa Grande” por la cantidad de lujos con las que contaban en su interior.
Desde señal para celulares y conexión para internet, hasta aire acondicionado en las celdas, una piscina, un zoológico, un estadio y hasta un centro de apuestas, esas eran algunas de las comodidades de las que gozaban los delincuentes tras los muros de Tocorón.
La prisión se había convertido en una de las 30 cárceles venezolanas -de un total de 45- que cayeron bajo el control de los denominados ‘pranes’ o máximos cabecillas criminales. En setiembre del 2023, unos 20.000 agentes policiales y militares venezolanos ingresaron a Tocorón en un sorpresivo operativo enmarcado en una supuesta guerra declarada por Maduro al Tren de Aragua.
Un mes más tarde, en octubre, se registró un escenario muy similar en Tocuyito, “el centro penitenciario de mayor población en Venezuela” en palabras del propio ministro del Interior y Justicia, Remigio Ceballos.
La Fiscalía anunció en ambos casos que los penales serían desalojados y reformados, sin brindar detalles de adónde serían derivados los más de 3.500 reos que sumaban entre ambos centros penitenciarios.
Ahora, Maduro asegura que los penales estarán listos en quince días para recibir a los manifestantes detenidos. “No se puede garantizar la seguridad de estas personas”, confirmó a El Comercio el vocero de Civilis.
“A estas personas se les ha vulnerado en la audiencia de presentación su derecho a la debida defensa y en tal caso deberían pasar la prisión preventiva, que son los próximos 45 días, en un lugar seguro, hasta la audiencia preliminar o en su defecto cumplir con un arresto domiciliario. Amenazar con enviarlos a prisiones de máxima seguridad y además el anuncio de construir nuevas es una narrativa grave, y es un problema en nuestra región que abrió Bukele”, señala el experto.
“Además, en base a lo que hemos visto en años anteriores, como durante las olas de protestas del 2014, 2017 o 2019, los fiscales les plantean a los detenidos que acepten los cargos que les imputan, que se declaren culpables y que a cambio reciban algún beneficio como régimen de presentación o libertad condicional. Pero eso naturalmente le sirve al gobierno para fortalecer su narrativa y decir ‘mira, todas estas personas admitieron los hechos, sí son culpables de lo que lo estábamos acusando”, alerta.
“La represión en Venezuela ha escalado a unos niveles sin precedentes. En el 2017, cuando llegaron al nivel de muertos al que se ha llegado hoy, aproximadamente 14, había pasado un mes de protestas. En esta ocasión, en 48 horas ya superaron esa estadística. En cuanto a presos políticos, Nicolás Maduro ha dicho que ya van mil y asegura que va por mil más”, resumía la crisis la mañana de este viernes 2, durante una entrevista con el programa Tenemos que Hablar de El Comercio, el dirigente opositor y ex preso político venezolano, Freddy Guevara.
