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Mientras por estos lares seguimos dedicados a contemplar con pena, temor e incertidumbre nuestra cruda realidad y nuestros debates se centran en analizar el arrancamiento de poder, del que es objeto nuestro país, en otras latitudes se debate sobre el proceso de “aceleración de la historia”.
Sin duda ese proceso se inició en noviembre de 1989, cuando se fundó el Foro Económico Asia-Pacífico (APEC) y en la misma semana cayó el muro de Berlín. En una misma semana cambiaron el centro del crecimiento económico mundial y la correlación de poder en el mundo. En el 2024 se dio una nueva reconfiguración con la tremenda irrupción de la inteligencia artificial, las elecciones en más de 60 países y el cada vez más evidente conflicto hegemónico entre China y Estados Unidos.
Es en ese espectacular contexto que sucedió la epidemia del COVID-19, como si fuera levadura que se aplica a la masa para acelerar un proceso.
La epidemia demostró que la informalidad económica y laboral era un condicionante muy importante relacionado con la mortalidad y la desatención. Pasó la pandemia y las políticas públicas para reducción de la informalidad brillan por su ausencia en la región.
El COVID-19 develó severas carencias tecnológicas para brindar educación a distancia, lo que afectó marcadamente los aprendizajes. Actualmente, los países invierten en el cierre de la brecha tecnológica. Sin embargo, la aceleración de la historia crea un desfase entre las nuevas destrezas que se requieren y la capacidad de los sistemas educativos para transmitirlas.
La pandemia del COVID-19 dejó al descubierto tanto las fortalezas como las debilidades de los sistemas de salud globales. Entre las lecciones más valiosas que podemos extraer está la necesidad de optimizar los procesos regulatorios para el acceso y la inscripción de nuevos medicamentos. En un mundo interconectado, donde las emergencias de salud no respetan fronteras, las autoridades de medicamentos deben adoptar un enfoque colaborativo y eficiente, aprovechando los procesos de revisión de otras agencias. Este cambio no solo acelerará la disponibilidad de tratamientos innovadores, sino que también fortalece la capacidad de respuesta ante futuras crisis.
Históricamente, agencias reguladoras como la FDA en Estados Unidos o la EMA en Europa operaban bajo marcos independientes, lo que resultaba en duplicación de esfuerzos y demoras innecesarias. Estas dos agencias comenzaron su colaboración en el 2003 y la mayor prueba del valor de tal política llegó 17 años después.
La colaboración entre autoridades regulatorias no implica renunciar a la soberanía ni comprometer los estándares de calidad. Por el contrario, se trata de reconocer que, en un contexto globalizado, los datos y las evaluaciones realizadas por organismos de prestigio pueden servir como base para decisiones locales. Durante la pandemia, el mecanismo Covax y la autorización de emergencia de la OMS demostraron que es posible coordinar esfuerzos para acelerar el acceso a soluciones médicas sin sacrificar la seguridad.
¿Cómo extraer lo mejor de esta experiencia en el Perú? En el Congreso se discuten actualmente proyectos de ley que, con algunas diferencias, plantean que la Digemid, nuestra autoridad de medicamentos, también aplique una política de reconocimiento al trabajo realizado por agencias reguladoras de países de alta vigilancia sanitaria. El objetivo es facilitar el ingreso de medicamentos para muchas condiciones de salud. El Perú no ha superado las carencias expuestas por las miles de muertes en el 2020 y el 2021, pero el acceso a más medicamentos desde países con probada solvencia en la revisión de calidad, seguridad y eficacia es un paso en la dirección correcta.
