El reto de no retroceder en la lucha contra la pobreza

¡Una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil! Durante más de dos décadas, el Perú fue ejemplo de progreso económico y social en América Latina. Entre 2004 y 2019, el país logró reducir la pobreza a un ritmo promedio anual de 5,7%, impulsado por un crecimiento económico sostenido que, según el Banco Central de Reserva (2023), explicó casi el 70% de la mejora social en ese periodo. Sin embargo, la pandemia y las crisis recientes han puesto a prueba la solidez de estos avances, revelando la fragilidad del modelo de desarrollo y de sus instituciones, así como la urgencia de repensar el rumbo.

Hoy, la pobreza monetaria afecta al 27,6% de la población, casi tres millones de personas más que antes de la pandemia. La mayoría vive en zonas urbanas, pero la pobreza extrema sigue golpeando con fuerza en el ámbito rural (39,3%, con una pobreza extrema de 15,5%). Más allá de las cifras, la pobreza erosiona el tejido social, alimenta la desigualdad y la inseguridad, y amenaza la estabilidad democrática. No es solo un problema económico: es también un desafío humano, social y político.

¿Por qué, pese a los avances, sigue siendo el país tan vulnerable? La respuesta está en las estructuras: un mercado laboral precario, alta informalidad, baja productividad y una capacidad institucional limitada para cerrar las brechas territoriales y sociales. La inseguridad ciudadana, que hoy representa un costo del 2,2% del PIB, desincentiva la inversión y mina la confianza en el Estado. A todo esto se suman los riesgos geológicos y climáticos, que pueden borrar en días lo que costó años construir.

No basta con crecer: el crecimiento debe ser inclusivo, resiliente y sostenible. El último Informe Nacional de Desarrollo Humano del PNUD (2025) lo deja claro: urge fortalecer el sistema de gobernabilidad para que responda con efectividad y legitimidad a las demandas de la sociedad, rectifique las asimetrías del poder y apueste por la participación ciudadana. El Perú tiene ventajas comparativas en sectores como la agroindustria, el turismo, la minería y las energías renovables, debido a sus recursos naturales, ubicación geográfica y clima. Pero, para aprovecharlas, es fundamental modernizar el tejido empresarial, invertir en el capital humano y mejorar la infraestructura.

La clave está en combinar políticas económicas sólidas con políticas sociales redistributivas y sistemas de protección adaptativos. Es decir, descentralizar la provisión de servicios públicos, impulsar una tributación más justa y progresiva, cerrar las brechas territoriales y abordar la inseguridad con un enfoque integral de fortalecimiento policial y de justicia, además de estrategias de prevención social.

El país atraviesa un escenario político complejo, marcado por la incertidumbre. Pero también se sabe que el Perú ha demostrado, una y otra vez, su capacidad de resiliencia y superación. Hoy, más que nunca, se necesita un pacto social que ponga en el centro a las personas, que apueste por la equidad y la sostenibilidad, y que no permita que la pobreza vuelva a ser el destino de millones.

El Perú lo merece. No se puede retroceder.