"Habría que devolverle la 'plana' mal hecha al congresista para que se informe".
Debo comenzar estas líneas lamentando el nivel de desinformación e improvisación con el que algunos congresistas se arriesgan a presentar iniciativas legales que, por este solo hecho, las deslegitiman y causan vergüenza ajena. Me refiero, en esta oportunidad, al proyecto de ley 9539/2024-CR promovido por el congresista de Perú Libre Segundo Montalvo, que busca que los bachilleres puedan licenciarse en universidades distintas a aquella en la que obtuvieron el grado.
Para ello, se propone modificar el numeral 45.2 del artículo 45 de la Ley Universitaria. En principio, el artículo 2 de esta iniciativa legal precisa que, para que esto ocurra, la universidad receptora debe estar “licenciada y acreditada por la Sunedu”. Esta sola aseveración, aparentemente inofensiva, encierra un enorme grado de ignorancia de la propia ley que se pretende modificar, pues la Sunedu no tiene competencia alguna para “acreditar” universidades –una función que es exclusiva del Sineace–, por lo que ningún bachiller podría acceder a la pretensión de este proyecto de ley, pues no existe en el Perú ninguna universidad “licenciada y acreditada” por la Sunedu.
Este tipo de “error” pone en evidencia la ausencia de consultas y opiniones de expertos e incluso de las instancias estatales correspondientes (Minedu, Sunedu, Consejo Nacional de Educación, etc.) que podrían ilustrarlos antes de cometer errores imperdonables. Como si lo anterior fuera poco, el texto de la exposición de motivos recoge también información incorrecta al señalar, sin ningún reparo, que existen 52 universidades privadas y 43 públicas licenciadas, cuando lo cierto es que existen 48 privadas, dos escuelas de posgrado y 49 universidades públicas.
Por lo expuesto, más que opinar sobre el tema de fondo, habría que devolverle la “plana” mal hecha al congresista para que se informe y se asesore bien antes de pretender promover un proyecto de ley tan inconsistente y con el que pretende regular la vida de los demás.
"Permitir el traslado indiscriminado de estudiantes para titularse en otras universidades podría abrir la puerta a prácticas que erosionen la calidad de la educación".
La semana pasada, se reactivó un controvertido proyecto de ley que plantea permitir que estudiantes con bachillerato en una universidad licenciada puedan obtener su título profesional en otra institución también licenciada. La propuesta impulsada por el congresista Segundo Montalvo (Perú Libre) guarda similitudes con la presentada en el 2023 por el congresista Esdras Medina y retoma disposiciones de la antigua Ley Universitaria. Aunque el título del proyecto promete “promover el acceso igualitario al título profesional”, sorprende que ninguno de sus artículos explique cómo lograría este objetivo.
Es cierto que cifras del Indecopi revelan obstáculos que enfrentan los estudiantes para titularse: falta de información, retrasos en los registros y lentitud en la resolución de denuncias son problemas frecuentes. En este contexto, la propuesta podría verse como una alternativa para simplificar procesos y beneficiar a quienes lidian con ellos. No obstante, también plantea serias preocupaciones. Una de ellas es la posibilidad de que los estudiantes busquen universidades con estándares más bajos para obtener un título con mayor facilidad. Aunque el texto defiende que “las universidades licenciadas y acreditadas cuentan con iguales condiciones de calidad educativa”, resulta evidente que existen diferencias significativas entre las instituciones. El vínculo entre el bachillerato y la titulación dentro de una misma universidad es un mecanismo esencial para mantener estándares académicos y competitividad entre las casas de estudio. Permitir el traslado indiscriminado de estudiantes para titularse en otras universidades podría comprometer esta relación y abrir la puerta a prácticas que erosionen la calidad de la educación superior en el país.
Ya existe una modalidad de titulación para estudiantes cuyas universidades perdieron su licencia tras las evaluaciones de la Sunedu. Si el objetivo es realmente atender los obstáculos que enfrentan los estudiantes, es necesario diseñar medidas como simplificar trámites y garantizar una mayor celeridad en los procesos. Permitir el traslado masivo entre universidades licenciadas sin criterios claros no es la solución. Por el contrario, podría ser un retroceso en los avances logrados para fortalecer la educación superior. Proteger la calidad académica debe ser la prioridad, incluso mientras buscamos soluciones inclusivas y eficientes para nuestros estudiantes.