Los alcances de la minería ilegal

César Ipenza

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César Ipenza

Como se saca el oro ilegal

Manuel Calloquispe

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Manuel Calloquispe

Cada día resultan más evidentes los vínculos de la con todos los estratos del poder, no solo político, sino también mediático –aquel que abre las puertas de los ‘contactos’ por las buenas relaciones o por haber realizado favores y acercamientos–, para que puedan consolidarse en la práctica de esta actividad.

Las denuncias contra no resultarían extrañas si se ve cómo “facilitaba agendas políticas en sus espacios” y tampoco resulta extraño porque nuestros políticos, con tal de aparecer en la prensa, creen que pueden tener más oportunidades en las elecciones.

No resultan extraños entonces esos vínculos político-mediáticos con cualquier actividad ilegal –con el proxenetismo, con la trata de personas, con la minería ilegal– que diezma nuestra sociedad; no importa si la persona que te invita o te contacta para ser famoso está vinculada a cualquier actividad ilícita, todo vale por el poder.

La minería ilegal ha superado en movimiento de dinero al narcotráfico. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) nos dice que son más de US$8.100 millones. Toca que los políticos se desliguen de grupos criminales y dejen de imaginar que es poca cosa, pues hablamos de la principal actividad delictiva y la más poderosa que destruye a nuestra sociedad. Una práctica ilegal que corrompe autoridades, promueve grupos armados y de sicarios, lava dinero generado a partir de la destrucción de nuestros bienes comunes, trata a mujeres y niñas sometiéndolas a un régimen a esclavitud, y mata a cientos de personas y trabajadores que operan en las peores condiciones laborales.

Desde el Ejecutivo, el Poder Judicial y el Congreso se debe asumir un verdadero compromiso, más aún cuando los ministerios siguen poniéndose de lado sin asumir ninguna responsabilidad. Lo mismo ocurre con el Legislativo, que les facilita normas para seguir operando con el disfraz de la informalidad. Y de manera similar sucede con el sistema de justicia, que debería sancionar de manera efectiva y disuasiva, no a los pequeños, sino a quienes facilitan esta ilícita actividad al más alto nivel. ¿Acaso los vínculos los alcanzan a todos ellos?


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