Cada día la violencia social, la corrupción y la delincuencia nos cuestionan la viabilidad de un Perú en armonía. Casi un millón de peruanos dejan el país buscando seguridad económica y social. Es indispensable actuar correctivamente y ello demanda identificar el origen del mal. El debate educativo actual ha estado reducido a su importancia en la construcción de competencias cognitivas, pero no de aquellas que producen bienestar socioemocional en los estudiantes. Formar excelentes profesionales y buenos ciudadanos debe ser un objetivo integral de una educación de calidad en el país, ya que ambas facetas son esenciales para la sostenibilidad y el desarrollo de la sociedad.
Lamentablemente, los resultados en la adquisición de competencias en matemáticas, lectura y ciencias, evidenciados en la prueba PISA 2022 y en la Evaluación de Aprendizaje ENLA 2023, demuestran la debilidad educativa nacional, sobre todo en los estudiantes de menores recursos obligados a recurrir a la educación pública y su docencia. Ellos presentan menores logros que los estudiantes de colegios privados.
Por otro lado, una reciente investigación entre casi 1.500 alumnos de colegios públicos en un distrito de Lima evidenció que el 30% de los alumnos intercambia sus pruebas, que más de un 20% lo hace con dinero de por medio y que el 60% de estudiantes entrevistados señala haber observado prácticas deshonestas de parte de sus docentes. Ello demuestra el origen del gravísimo deterioro del valor de la honestidad en la sociedad.
Asimismo, un 60% ha sido víctima de violencia en la calle, un 40% en el colegio y un 30% en el hogar. Aunque estas estadísticas evidencian la cruda realidad de un distrito específico, también reflejan el problema latente en el país. Es una educación en corrupción y violencia, sin referentes positivos tanto en el hogar como en la escuela, lo que arrastra a niños y adolescentes a una espiral de violencia y deshonestidad que pone en riesgo el futuro de nuestra sociedad. Ese es el origen de ciudadanos y autoridades corruptas, de sicarios, de negocios ilegales y del irrespeto de todos a normas básicas de convivencia, tolerando o participando del insulto y la discriminación, y priorizando un individualismo feroz.
¿Qué hacer? ¿Cómo transformar una educación cuya única estrategia para mejorar la pésima calidad docente es la evaluación meritocrática constantemente tratada de eliminar, y con un modelo de colegios públicos donde el director no tiene poder alguno, ni premia ni sanciona y, por lo tanto, los docentes, clave del proceso educativo del niño y del adolescente, carecen de cualquier motivación para un desempeño comprometido con el alumno?
La solución es innovar disruptivamente la realidad actual. Se necesita un director cuya permanencia dependa de que los padres sientan que dirige bien el colegio, donde los docentes sepan que su empleo depende de su compromiso evaluado por el director, y que la existencia de ese colegio dependa de la confianza de los padres demostrada en matricular a sus hijos en él. Es decir, que el padre pueda elegir el colegio y no esté obligado a llevarlo al colegio público para gozar de la gratuidad.
El Estado debe pagar el colegio que elija el padre. Ese colegio competirá por estar entre los seleccionados por su calidad para ese beneficio. La pensión de dichos colegios deberá ser igual al costo que hoy tiene el Estado, aproximadamente US$100 mensuales, y serán de la zona en la que vive el estudiante. Esa es la estrategia del voucher educativo que ha demostrado éxito en diversas sociedades de Europa, Asia y América.