¿Funcionará el cambio de estrategia en la formalización minera?

Nuestros congresistas deberán tomar en breve una decisión transcendental, a favor de nuestra juventud que aspira a obtener un empleo de calidad, o a favor de extender la vigencia de un proceso fallido, que ha incrementado la criminalidad y que beneficia solo a una minoría: los titulares del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y los propietarios de plantas de beneficio sin mina.

La actividad minera aurífera no formal emplea alrededor de 500.000 personas; y las personas naturales con Reinfo vigente son solo el 4% de ese número. Por otro lado, los titulares de las plantas de beneficio sin mina, que acopian y procesan el mineral extraído bajo el amparo del Reinfo y que declaran niveles de producción que los exime de la fiscalización de Osinergmin y OEFA, deben ser escasamente alrededor de 50; es decir, menos del 0,01%.

La ley MAPE (minería artesanal y pequeña escala), prepublicada por el Minem el pasado julio, pretende, correctamente, abordar la actividad minera no formal, convirtiéndola progresivamente a la categoría artesanal o pequeña minería; erradicando la precariedad laboral y ambiental en la que se halla inmersa.

La precariedad laboral expone a nuestros jóvenes a riesgos de muerte por intoxicación por gases, si los socavones no cuentan con sistemas de ventilación, o a muerte por aplastamiento por caída de rocas, si las excavaciones no cuentan con fortificación. La precariedad ambiental, a su vez, traslada a la sociedad entera el pasivo de la depredación y la contaminación de cursos de agua.

La ley MAPE traerá además trazabilidad a toda la cadena productiva de la minería no formal, lo que erradicará el financiamiento a través de las economías criminales, y las plantas de beneficio sin minas podrán seguir operando si asumen la responsabilidad de verificar la procedencia de los minerales que procesan.

El Estado, luego de 22 años, fracasó en formalizar la pequeña minería y minería artesanal. El Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) fue infiltrado por la minería ilegal y diversas actividades ilícitas (contrabando, delitos ambientales, explotación humana) y, con el beneficio de la “exención de responsabilidad penal”, favoreció a la impunidad. El 31 de diciembre debe culminar la prolongación del Reinfo que por tercera vez había acordado el Congreso.

El debate se centra en ese punto y el PL del Ejecutivo (MAPE) plantea un período de transición para resolver los casos de los 86.000 mineros pequeños y artesanales que no llegaron a formalizarse. La Confemin y algunos parlamentarios como José Luna (Podemos Perú) y Paul Gutiérrez (Bancada Magisterial) proponen ampliar por cuarta vez el proceso hasta el 2027. Si esta prórroga sin más modificaciones ocurriera, el daño ambiental, a los derechos humanos y en la salud ocupacional, igual que la impunidad, continuarían.

El problema para destrabar la formalización está en el requisito del contrato de explotación o cesión firmado entre el titular del derecho minero y el productor minero artesanal. Este requisito a la fecha no se ha podido concretar por la negativa de los titulares que no están obligados a firmarlo y que reclaman un derecho adquirido, y por parte de los mineros que se niegan a dejar de explotar recursos de concesiones de terceros aduciendo que no tienen dónde trabajar.

El proyecto del Ejecutivo plantea que se aprobarán incentivos para favorecer la firma de esos contratos. Los proyectos de los congresistas proponen la figura de la reversión de las concesiones ociosas al Estado, pero también de aquellas donde haya intervenido el Estado como mediador sin lograr acuerdos entre las partes.

El Grupo de Diálogo Minero y Desarrollo Sostenible propone, en mi opinión, la salida adecuada: derogar el beneficio de exención penal, la depuración del Reinfo y la apertura de una nueva vía ordinaria