La 37 Conferencia de la FAO para América Latina y el Caribe tendrá lugar del 28 de marzo al 1 de abril en Quito. Treinta y tres países compartirán innovaciones tecnológicas, institucionales y organizacionales para enfrentar los desafíos de transformar los sistemas agroalimentarios para que sean más eficientes, inclusivos, resilientes y sostenibles.
Los sistemas alimentarios de la región sustentan a millones de personas en el mundo como resultado de la prodigiosa biodiversidad de sus ecosistemas marinos y terrestres, y el ingenio y creatividad de millones de agricultores y pescadores. No obstante, estos sistemas –incluido el peruano– enfrentan enormes problemas y retos: múltiples actores interactúan de manera compleja en diferentes tiempos y espacios, y sus beneficios y costos no se distribuyen de manera equitativa entre ellos. Los costos recaen, por supuesto, en las personas y territorios más vulnerables.
En el 2020, la pandemia dejó al 30,1% de la población peruana en pobreza y al 5,1% en pobreza extrema. De la mano, aumentaron el hambre y la malnutrición: 15,5 millones de personas se encontraron en situación de inseguridad alimentaria moderada y aguda (FAO, 2021) en un país que desperdicia anualmente 12,8 millones de toneladas de alimentos. Para el 2020, una dieta saludable costaba cinco veces más que una no saludable. Y en el 2021, el INEI registró una inflación alimentaria de entre el 8% y el 11,3% en el país, resultado del alza desproporcionada en los precios de combustibles e insumos agrícolas y alimentarios.
Desde la producción, la agroindustria continúa marchando a todo motor y manteniendo a flote el PBI agrícola. Sin embargo, la mayoría de los agricultores familiares (responsables del 80% de los alimentos que consume el Perú) y pescadores artesanales (que proveen más del 64% de especies para consumo humano directo) –que viven en pobreza estructural– han visto mermados sus ya exiguos ingresos y, en consecuencia, su seguridad alimentaria, por el alza en precios de combustibles e insumos agrícolas. Esta situación empeora por la disrupción en el suministro de fertilizantes potásicos y nitrogenados provenientes de Rusia, de los que el Perú depende en un 19,9% y 55,7% respectivamente, poniendo en riesgo las próximas campañas agrícolas y la llegada de alimentos a nuestras mesas.
Pero los sistemas alimentarios no se agotan en las esferas de la oferta y la demanda: la ambiental y la climática son fundamentales. El cambio climático afecta los sistemas porque trae patrones meteorológicos cada vez más intensos y erráticos –el 67% de los desastres son causados por el clima– y aumento en temperaturas –el Perú ha perdido el 51% de sus glaciares–. Pero los sistemas alimentarios también tienen una participación importante en el cambio climático: el 65,71% de la emisión de gases de efecto invernadero del país corresponde a agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra (INGEI, 2016). Como si no fuera suficiente, los daños a la biodiversidad son cada vez mayores e irreversibles, con una deforestación en la Amazonía que alcanzó un récord histórico de 203.272 hectáreas en el 2020, lo que impacta ecosistemas enteros y pone en riesgo los medios de vida de los pueblos indígenas. Por cuenta de estos fenómenos, se estima que para el 2025 el país habrá sufrido pérdidas por US$9.906 millones, de los que una parte importante recaerá en todas las esferas y actores de los sistemas alimentarios.
La conferencia regional de la FAO es relevante en esta coyuntura porque dejará claves para enfrentar este complejo entramado de pobreza, hambre, desigualdad y desequilibrio ecológico. El Perú requiere de un pacto social que ponga en el centro de las prioridades las innovaciones tecnológicas, sociales e institucionales necesarias para garantizar que los sistemas alimentarios jueguen un papel en la agricultura, el comercio y la seguridad alimentaria domésticas y globales. Si bien los sistemas alimentarios contienen vectores de profunda desigualdad, también pueden traer consigo soluciones para producir de manera sostenible y climáticamente inteligente más alimentos saludables, asequibles a todos y comercializados de manera justa, sin dejar a nadie atrás.
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