La justicia a la que aspiramos

La lucha contra la criminalidad organizada y su creciente poder para amenazar la seguridad, distorsionar la economía, socavar instituciones y poner en riesgo la existencia misma de nuestra sociedad y de la democracia no admite demoras, dudas ni eufemismos.

Durante años hemos visto cómo la inseguridad se transformó en un fenómeno estructural, cómo las economías ilegales han ganado terreno frente a la economía formal y cómo las mafias se han infiltrado en las estructuras del Estado.

Se trata de una compleja telaraña que opera con lógica empresarial, tecnología avanzada y una enorme capacidad de corrupción que socava los cimientos de la legalidad. Hablamos de narcotráfico, minería ilegal, extorsión, trata de personas, ciberdelincuencia y otras formas delictivas que mueven miles de millones y se sostienen gracias a complicidades que las protegen.

Estas actividades tienen un impacto que va mucho más allá de pérdidas fiscales o daño ambiental. Lo que está en juego es la soberanía del Estado, la confianza en la justicia y la seguridad de los ciudadanos.

Por eso, hoy más que nunca, el Perú necesita un sistema judicial independiente, firme y eficaz para enfrentarlas. Una correcta administración de justicia no es solo una aspiración ética o un mandato constitucional; es, además, una condición económica indispensable para la competitividad.

Según el Banco Central de Reserva, la criminalidad organizada le cuesta al país aproximadamente el 2,2% del PBI cada año. Pero no son solo cifras. Detrás hay familias afectadas, empleos perdidos y sueños truncados. La inseguridad es el peor enemigo de la recuperación económica, debido a que no se puede construir desarrollo sobre un suelo minado por la inmoralidad y la impunidad. Por ello, resulta indispensable reafirmar el papel de los jueces como garantes del respeto a la ley.

Pero no habrá combate real contra el crimen organizado si las sentencias no son oportunas, si los procesos se dilatan o si los magistrados son amedrentados y no se les protege. Además, un Poder Judicial sin recursos está condenado a la ineficiencia.

Consolidar la justicia significa garantizar que cuente con presupuestos adecuados, sistemas digitales de última generación, equipos técnicos de apoyo, protección necesaria y una carrera judicial donde la meritocracia sea la norma y no la excepción.

Corresponde al Ejecutivo y el Congreso asegurar que el Poder Judicial cuente con los recursos que necesita, porque para fortalecer la justicia no bastan las palabras. Junto con un mayor presupuesto, es urgente una reingeniería institucional que enfrente a la corrupción judicial de manera integral, preventiva y permanente, buscando, a la vez, mayor eficiencia. Pero como el Poder Judicial no debería reformarse solo ni los ciudadanos quedar al margen, proponemos crear mesas de trabajo con participación de la sociedad organizada en tres ejes:

Modernización y gestión para impulsar la digitalización de expedientes, el control de plazos y la claridad procesal.

Formación ética y meritocrática, promoviendo programas de capacitación, mediante alianzas con universidades y organismos internacionales.

Transparencia y rendición de cuentas, estableciendo mecanismos de control ciudadano y empresarial de procesos administrativos.

Los gremios empresariales podemos aportar experiencia en gestión, indicadores de desempeño y herramientas tecnológicas.

No se trata de interferir, sino de respaldar la modernización de una justicia a la que todos aspiramos, porque un Poder Judicial fuerte e íntegro es la mejor defensa contra el crimen organizado y la mayor garantía para las empresas, los ciudadanos y las futuras generaciones.

Fortalecer la justicia es proteger el futuro del país.