El juicio a Villarán... entre la impunidad y la desidia

El último martes se inició el juicio a Susana Villarán, a quien se le acusa de haber recibido dinero de las brasileñas OAS y Odebrecht para las campañas del No a la revocación y la reelección cuando ocupó la alcaldía de Lima (2011-2014). La fiscalía solicita 29 años de prisión para Villarán de la Puente.

La hipótesis fiscal apunta a que la alcaldesa lideró una red criminal que lavó más de US$ 11 millones de Odebrecht, OAS y Graña y Montero. A cambio de las donaciones, la autoridad pactó contratos, beneficios y concesiones.

La investigación se inició en el 2017, y en el 2019 Villarán admitió haber recibido los aportes siendo alcaldesa; sin embargo, negó haber cometido delito alguno. Para la fiscalía, esa declaración no se ha dado ante entidades judiciales, por lo que no podría ser incorporada en el proceso. Sin embargo, expertos señalan que pueden incluirse como declaraciones de fuente abierta.

En sus últimas declaraciones a los medios de comunicación antes del inicio del juicio, Villarán confirmó la recepción del dinero, pero aclaró que no hay ningún hecho de corrupción vinculado a esa donación.

Lo que no dice Villarán es que las empresas que financiaban sus campañas tenían contratos con la Municipalidad de Lima en la que ella era la máxima autoridad.

Otro asunto llamativo –por decirlo de algún modo– es que Villarán insiste en afirmar que solo ella y el exgerente de la Municipalidad de Lima conocían de las entregas de dinero. En junio, Castro apareció muerto en su domicilio en circunstancias que aún no se han esclarecido.

Según la exalcaldesa, tanto Castro como ella accedieron a recibir el dinero porque, según su teoría, se enfrentaban a un “intento de asalto” a la Municipalidad de Lima.

A la lentitud con la que se ha venido llevando a cabo este proceso, se suma la aparente desidia del fiscal José Domingo Pérez en recoger testimonios corroborados como el del expresidente de OAS Leo Pinheiro. El abogado Fernando Silva confirmó que Pérez desestimó la colaboración eficaz de Pinheiro.

En Brasil, Pinheiro es un colaborador premiado, pero según Pérez él ya cuenta con suficiente carga probatoria contra Villarán.

Según el empresario sentenciado, se derivaron US$7 millones a favor de la gestión de Villarán de la Puente y ha reconocido pagos ilícitos para la adenda 1 (de la Línea Amarilla).

¿Qué fiscal rechazaría el testimonio del directivo de una de las empresas corruptoras, teniendo en cuenta que ya fue corroborado en su país?

Todos estos hechos solo abonan a la teoría del presunto trato privilegiado que ha venido recibiendo Villarán por la justicia peruana durante su proceso, o a una desidia del fiscal. ¿O a alguien se le podría ocurrir la descabellada hipótesis de que lo que se buscaría es beneficiar a la exalcaldesa?

Pérez tiene la oportunidad de demostrar que esta vez sí cumplirá su trabajo a cabalidad.