¿Quién te roba más bonito?

En “La ópera de los tres centavos”, que se exhibe en estos días en el Teatro Británico de Miraflores, Bertolt Brecht dispara frases punzantes que ponen el énfasis en la doble moral y el cinismo. Y la ópera no exagera cuando arrima la política al siempre creativo hábito de justificar lo injustificable. Porque hay formas de legitimar el cinismo en política. Y clasificarlas como ‘confidencial’ parece ser la nueva favorita.

La decisión de la PCM y el MEF de vestir de legalidad una decisión administrativa, el aumento de sueldo de la presidenta Boluarte, bien podría ser un insumo para una obra de Brecht. La decisión se escuda en el artículo 17 de la Ley de Transparencia, el cual protege opiniones emitidas durante procesos deliberativos. El problema es que se usa como paraguas para cubrir algo que no llueve: documentos técnicos que recomiendan un incremento remunerativo no califican como materia de deliberación de gobierno. Son actos administrativos. Y, como tal, son públicos por definición.

Tan evidente es esto, que la Autoridad Nacional de Transparencia (Antaip) tuvo que emitir una opinión consultiva para aclararlo. El documento de 28 páginas establece con toda claridad que la información sobre remuneraciones de funcionarios del Estado es de naturaleza pública. Y que usar el artículo 17 como argumento para esconder este tipo de decisiones es no solo erróneo, sino también inviable legalmente. Pero, eso sí, no es vinculante.

Lo contradictorio es que este episodio ocurre en medio de los esfuerzos activos del Perú por dar el salto y entrar al club de las buenas prácticas: la OCDE. Uno de los pilares fundamentales para acceder a ese espacio es garantizar el acceso a información pública como mecanismo de integridad. No se trata solo de publicar datos, sino de asumir una lógica de gobierno abierto, donde la ciudadanía pueda auditar decisiones con impacto real.

¿De qué sirve hablar de estándares internacionales si no somos capaces de cumplir los más básicos? ¿De qué sirve tener leyes de transparencia si se aplican a conveniencia? ¿Y para qué sirve una autoridad nacional si sus opiniones no generan consecuencias?

No se trata de hacer escarnio político de la figura presidencial, aunque eso sea tentador para algunos. Se trata de entender que el sueldo de quien lidera el país –al igual que los sueldos de todos los altos funcionarios del Estado– no puede decidirse por debajo de la mesa y con luz de lamparita. Tiene que poder explicarse, defenderse y justificarse ante la ciudadanía con luz destacada. Porque ese salario, en particular, es de todos nosotros vía impuestos.

El problema no es solo la convalidación. El problema es que ese acto revela una cultura institucional donde la excepción se vuelve regla, y la transparencia se convierte en un trámite molesto. Mientras tanto, los ciudadanos asistimos al espectáculo de la legalidad sin sustancia, donde se cita un artículo de la ley para justificar el silencio, pero se ignora su espíritu: que la información pública, por definición, pertenece al público.

Decía Brecht que hay crímenes que se cometen sin romper ninguna ley. Y aquí estamos, viendo cómo la herida a la confianza ciudadana no la causa un carterista, sino un burócrata con sello oficial. ¿Quién roba más?, como diría Brecht.