El eslabón perdido

El fiscal Reynaldo Abia ha centralizado las indagaciones sobre el escándalo Qali Warma, que estalló en octubre del 2024 por un reportaje de la Unidad de Investigación de Latina TV. Entre las decenas de investigados figuran principalmente exfuncionarios de distintos lugares del país, sin contar un proceso preliminar contra la presidenta en el despacho de la fiscal de la Nación. De todas las denuncias que llovieron sobre el régimen de Dina Boluarte, las que derivan de este caso probablemente sean las más representativas de la corrupción de su gobierno, porque nació durante su gestión como ministra en el Midis, donde trabajó con tres favoritos: Julio Demartini –quien la sucedió en ese portafolio– el ministro de Educación Morgan Quero y el vocero presidencial Fredy Hinojosa. Sin embargo, las evidencias de sobornos hasta el momento tocan a funcionarios de tercer nivel. ¿No hay nada más arriba? Existe un eslabón perdido en la cadena de corrupción, que debiera ser hallado en las investigaciones.

La empresa Frigoinca se las arregló para ser la principal abastecedora del sistema estatal de alimentación escolar en las escuelas públicas. Como las compras se hacían en cada región, tuvo que operar descentralizadamente. Mediante otro mecanismo logró que los sistemas de supervisión no pudieran castigarla pese a que proveía comida podrida. Sucesivos hallazgos de Latina TV –otro tipo de descubrimientos hizo “Cuarto poder”, de América TV– dejaron entrever engranajes de corrupción mediante pagos sistemáticos. El primero funcionaba en el corazón del Midis, en la oficina donde se diseñaba una ficha técnica que describía el tipo de alimentos que debía ser comprado. Las especificaciones correspondían a los productos de Frigoinca, que se convirtió en el fabricante obligado de los proveedores. Produjo, se estima, el 70% de los alimentos consumidos en las escuelas del Estado.

Una vez que las conservas eran adquiridas, funcionarios de Qali Warma iban a los almacenes para verificar el buen estado de los productos. En esta fase funcionaba una segunda red de corrupción: Frigoinca sobornaba a los supervisores para que la revisión concluyera sin inconvenientes. Dos redes más operaban en la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (Digesa) del Ministerio de Salud. En el interior del país había funcionarios pagados para que obtuvieran informes sanitarios favorables a la empresa cuando se producían intoxicaciones, incluso reemplazando muestras de los alimentos que las causaron. Esto quedó demostrado en Puno, cuando 23 niños de un colegio de Juliaca presentaron graves síntomas de intoxicación y tuvieron que recibir atención médica de emergencia, el 25 de marzo del 2024. Los análisis dictaminaron que se debió al consumo de agua sin cloro extraída de un pozo. Los enlatados de Frigoinca –pollo trozado de la marca Don Simón– resultaron aptos para el consumo humano en los exámenes de laboratorio.

En las oficinas del Ministerio de Salud en Lima había otro enclave de Frigoinca. Digesa analizó muestras de productos de Qali Warma que produjeron la intoxicación de 37 niños de una escuela de Chota, el 5 de abril del 2024, y dictaminó que estaban en buen estado. Como en el caso de Puno, hubo un funcionario coimeado. Digesa demostró actuar permisivamente ante las denuncias que recibió la empresa durante los últimos años. Cuando, ante una alerta, los supervisores visitaban su planta principal de Chepén, en La Libertad, no encontraban nada. Latina TV demostró que, alertados de la visita, Frigoinca se deshacía de sus existencias donándolas a un albergue para perros callejeros, que terminaron consumiendo exactamente lo mismo que los escolares.

El 10 de noviembre del 2024, Noemí Alvarado, una extrabajadora de Frigoinca que hacía pagos a los funcionarios, reveló en “Cuarto poder” que los enlatados de carne que distribuía la empresa a los colegios no eran de res sino de caballo. Digesa, pues, hizo la vista gorda. En el 2023, le otorgó a Frigoinca una certificación HACCP, un documento indicativo de que un establecimiento cumple con las normas sanitarias. La base fue un informe elaborado por una funcionaria que estaba sobornada.

A estas cuatro redes de corrupción habría que agregar la de los especialistas alimentarios, quienes elaboran el menú escolar dentro de Qali Warma (hoy Wasi Mikuna). También estaban a sueldo. Proyectaron carne seca enlatada como plato fuerte del 2025, coincidentemente el producto que alistaba Frigoinca. En total hay más de 20 exfuncionarios identificados y expulsados del Midis y Digesa. El principal es Davys Espinoza, el hombre que decidía lo que se debía comprar en Qali Warma. Está casado con Alejandra Pazos, que operaba desde Digesa. Recibió, en un año, más de S/200.000 de Frigoinca.

Llegados hasta aquí, la pregunta obligada es: ¿Espinoza era el cabecilla de las redes de corrupción o había alguien por encima suyo que también era sobornado? Su jefe inmediato era el director del programa –hoy vocero presidencial– Fredy Hinojosa. Durante las intoxicaciones masivas del 2024, el ministro fue Julio Demartini, quien se mantuvo imperturbable hasta que la prensa denunció la corrupción en los últimos meses del año.

Existen evidencias de que, en el 2024, después de que estallara el escándalo, circularon informes en Qali Warma sobre la nocividad de los productos de Frigoinca. El año anterior, el Indecopi, ante denuncias de competidores, sancionó a la empresa por publicitar con información falsa sus productos (decía que eran “naturales”) y dio cuenta al Midis por escrito. Por lo demás, bastaba observar las conservas de pollo para darse cuenta de que su consistencia era extraña. Hinojosa ha declarado que durante su gestión no contrató con Frigoinca, sin mencionar que los proveedores seleccionados estaban direccionados para comprar sus productos. Inevitablemente, una de las líneas de investigación del Ministerio Público profundizará la relación Espinoza-Hinojosa.

Sola o consorciada, en el 2024 Frigoinca vendió conservas para los colegios por S/90 millones. Era una empresa organizada, como se ha visto, para realizar sobornos en red, a través de transferencias telefónicas realizadas por la ahora colaboradora eficaz Noemí Alvarado. Pero, hacia niveles superiores, el yapeo no funciona, pues las cifras son mayores. El conocimiento de Alvarado llega solo hasta Espinoza. Ella le ha pedido públicamente a la representante legal, Delia Zavaleta, que cuente lo que sabe sobre otros pagos. El propietario de Frigoinca, Nilo Burga, se suicidó (según la policía), llevándose sus secretos a la tumba.

A diferencia de otros casos, aquí no ha habido detenciones preliminares, usualmente empleadas por la fiscalía como una fábrica de colaboradores eficaces. Las había suspendido el Congreso. De modo que tanto Espinoza, como Zavaleta y el hijo del difunto dueño, Michael Burga, son investigados en libertad. No hay que ser zahorí para concluir que el motivo de la renuencia de Dina Boluarte para que el Poder Ejecutivo observara la eliminación de estas prisiones cautelares fue evitar que su círculo se viera afectado, en un contexto de enfrentamiento frontal con el Ministerio Público. Fredy Hinojosa continúa siendo vocero presidencial, pero su situación podría cambiar en cualquier momento.

La indolencia demostrada por el Estado ante las intoxicaciones de Puno y Chota resulta infamante para la función pública. Las víctimas fueron engañadas por las autoridades de salud, que culparon al agua de pozo y a la avena, respectivamente. Un año después de la intoxicación de Puno, aún no concluyen las pruebas médicas y los tratamientos. Algunos padres y niños que viven en extrema pobreza recientemente fueron traídos a Lima para evaluaciones, sin anuncio previo y sin resultados conocidos. Requieren atención y una tutela que brilla por su ausencia. Proética ha recurrido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en busca de amparo supranacional mediante una medida cautelar.